¿COMPLOT CONTRA EL IFE?

ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

En los últimos meses, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha estado en el ojo del huracán por presumibles actos de corrupción. La agenda de la discusión ha girado en torno a posturas convenientemente ideológicas. Por un lado, las televisoras privadas han dado un gran despliegue a los errores, las ineficiencias y/o posibles conductas ilegales de servidores públicos del IFE. Por otro, la Secretaría Ejecutiva del instituto ha esgrimido que cualquier escrutinio sobre el buen funcionamiento del órgano electoral forma parte de un complot de los “poderes fácticos”, las televisoras y los “enemigos históricos” de las mejores causas de México. Es cuestionable el comportamiento de las televisoras, pero resulta inadmisible que con argumentos metajurídicos se pretenda crear causales de excepción en la aplicación de la ley para el IFE y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Veamos el trasfondo en un caso concreto, de muchos otros potenciales. Primero. El IFE adquirió una propiedad en avenida Acoxpa de la Ciudad de México, a instancias del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Este hecho aislado no tendría por qué ser objeto de atención si no fuera por la existencia de un conjunto de datos que generan indicios razonables de que las andanzas del exrector de la UAM no se han ajustado aparentemente al cumplimiento estricto de la ley. En efecto, de entrada se optó por la adjudicación directa, sin contar con los elementos legales que fundaran y motivaran dicha decisión. No se analizó la modalidad del arrendamiento financiero, y se presenta una larga lista de inconsistencias en los datos de la propiedad adquirida. La escritura pública número 51,617 del Distrito Federal, de 2007, establece que el valor del inmueble era de 45 millones 100 mil pesos. No obstante, el avalúo conseguido por personal de Jacobo Molina fue de 262 millones 990 mil pesos. En otras palabras, se pagó 583% más de su valor. ¿Sería posible que alguien pudiera pensar que don Edmundo quisiera tener alguna ventaja o, por el contrario, habría tratado de ayudar a que hubiera menos desigualdad económica empezando con los propietarios del inmueble de Acoxpa? Segundo. Los datos duros no se quedan ahí. El avalúo del citado inmueble señaló que éste tenía una antigüedad de tres años. No obstante, la escritura pública 53761 del Distrito Federal, del 2 de diciembre de 2008, afirma que en esa fecha el edificio cumplía entre 29 y 33 años. Es decir, el inmueble tenía todavía un valor menor por la lógica depreciación que sufren las propiedades con el transcurso del tiempo. En 2008 ya el IFE había invertido 41 millones de pesos en remodelaciones y ampliaciones del edificio que no fueron descontados por el vendedor, y el IFE, a través de su Secretaría Ejecutiva, no dijo nada. Esto, además de ser un atentado al sentido común, violó el acuerdo JGE26/2008 del propio instituto, el cual establece límites para estos rubros. Por si lo anterior fuera poco, el avalúo estableció el inmueble como propiedad individual, pero la escritura citada lo tiene registrado como régimen en condominio, lo que reduce más su valor o aumenta el sobreprecio que se pagó por ese predio. Tercero. Para cerrar el círculo de eventos desafortunados o de actos posibles de corrupción, en un caso para Ripley, el notario público admitió que se omitiera información básica para un acto de compraventa de un bien inmueble –prevista en la ley para dar certeza sobre la propiedad–, como pagos al corriente de agua, predial, libertad de gravamen, entre otros. El notario, por supuesto, no lo hizo gratuitamente. Aceptó 12 millones de pesos como pago por derechos de la escritura de compraventa, sabiendo que tratándose de un bien inmueble de la Federación está exento del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que equivale a más de 90% de la cantidad recibida por el fedatario público. Así, el IFE aceptó quedarse con un adeudo de más de 4 millones de pesos del impuesto predial del propietario anterior, consintió que se mantuviera la falta consistente en que sólo se había otorgado uso de suelo para la construcción de cuatro pisos cuando en realidad existen 10 niveles, y admitió adeudos de agua y de energía eléctrica. Don Edmundo deberá explicar al Consejo General y a la opinión pública por qué ha pasado esto con el IFE. No con tarjetas que aducen supuestos complots de las fuerzas del mal o conjuras a manera de argumentos. Deben ser explicaciones como aquellas a las que está obligado cualquier otro servidor público, con todas las prerrogativas que la ley le otorga, pero también con las responsabilidades que la ley le impone.