MÁS EMBATES CONTRA EL IFE

JAVIER CORRAL JURADO

Desde hace meses, desde la Contraloría del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo titular es Gregorio Guerrero Pozas, se ha lanzado una campaña de desprestigio contra el propio IFE. Tiene el propósito de enlodar a la institución achacándole malos manejos de los recursos públicos y descuidos administrativos, a partir de una serie de filtraciones a diversos medios de comunicación de informes preliminares y por lo tanto no concluidos Primero fue la campaña del “cochinito” que tuvo como principal depositario informativo al periódico Reforma, y ayer, nuestro respetado periódico EL UNIVERSAL ha dado cuenta de que tiene en su poder otro informe, también preliminar, por supuesto, del que ha desprendido una de sus notas de primera plana: “Detectan en IFE contrato irregular para monitoreo”. La prensa libertaria —de la que ambos diarios son su mejor rostro— debiera saber por estos días que detrás de esas filtraciones hay mucho más una jugada de actores políticos y mediáticos que buscan debilitar al IFE que una genuina vocación por la transparencia y el combate a la corrupción. El PRI ha hecho de la información sesgada sobre las auditorías al IFE un instrumento de presión para lograr cambios en el funcionariado del instituto y conseguir un reacomodo mayoritario de votos a su favor en el consejo general, para lo cual reclama el derecho a proponer dos de los tres consejeros que están pendientes de nombrar por la Cámara de Diputados. Las dos televisoras, que en más de un sentido ya son lo mismo y actúan de manera coordinada, quieren echar abajo el modelo de comunicación política que fincó la propaganda electoral en el uso exclusivo de los tiempos de Estado, y ya no en la contratación comercial, para lo que el sistema de verificación y monitoreo es un instrumento estratégico para exigir su cumplimiento. Por eso, tanto el linchamiento mediático como el lente fiscalizador del contralor Guerrero Pozas se centra en la infraestructura que el Instituto adquirió para lograr la implementación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), principalmente en lo concerniente al Sistema de Verificación y Monitoreo que el IFE licitó y que resultó ganadora la empresa Grupo Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. (Grupo Tecnos) por la cantidad de 25 millones 745 mil dólares. Sobre el Sistema de Verificación y Monitoreo se dice que no se localizan en las facturas 300 servidores entregados por el proveedor (EL UNIVERSAL, 4 de abril) y que la compra del inmueble en 2009 donde se instaló dicho sistema fue superior en 583% más de su costo. Lo más detestable de este manejo de la Contraloría del Instituto Federal Electoral es lo que filtra a los medios de comunicación y lo que tiene mucho cuidado en omitir, siendo de su pleno conocimiento, como lo es el caso de que la Secretaría de Hacienda liberó los recursos para la aplicación de la reforma electoral hasta un mes antes del inicio del proceso electoral 2008-2009, por lo que ya no había tiempo para realizar pruebas nacionales, entonces la empresa ganadora de la licitación donó esas 300 máquinas para el mejor funcionamiento de dicha tecnología, por eso es que no las encuentran en las facturas. Y así como en el caso del supuesto “cochinito”, los contadores del IFE dan muestra de ignorancia supina entre lo que constituye un ahorro y lo que es un subejercicio; en el caso de la valuación de bienes inmuebles están más que reprobados. Sobre el inmueble ubicado en Acoxpa, no se dice que la valuación realizada en 2007 corresponde a un edificio de dos niveles, y no de 10 pisos como fue el adquirido en 2009. Tampoco se contempla que en ese lapso se construyó alrededor del mismo el centro comercial más importante de la zona, lo cual, además de los ocho pisos extra, hizo obviamente crecer su valor. Las televisoras, desde antes que concluyera el proceso electoral de 2009, han alegado que el Sistema Verificación y Monitoreo (SVM) no funciona, y que además la licitación estuvo llena de irregularidades. El bufete jurídico que ha impulsado las averiguaciones en contra del SVM ha sido el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, documentadamente ligado a TV Azteca. Lo que no han divulgado las empresas televisivas es que el SVM ha dotado de las herramientas técnicas a las autoridades electorales para demostrar las infracciones que tanto Televisa como TV Azteca han realizado a las normas electorales. En 2009, el IFE sancionó con 291 millones de pesos a TV Azteca y con 35 millones a Televisa. La suma de ambas cantidades superan la inversión que realizó el instituto en la compra de la infraestructura de monitoreo. El IFE ha dado cuenta el día de ayer de que las notas periodísticas son producto de informes que todavía no contemplan las respuestas que dio la autoridad electoral a las supuestas irregularidades. El informe fechado el 28 de febrero debe otorgar 30 días a las autoridades electorales para responder a las supuestas anomalías señaladas. Sería muy importante que en el seguimiento de la información proporcionada a los numerosos lectores de nuestro gran diario se tomara en cuenta esas respuestas. Estoy seguro que se dimensionará el tamaño de la embustera operación político-mediática contra la autoridad electoral.