VIOLENCIA Y DESARROLLO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La principal causa de muerte en México, para las personas de entre 15 y 49 años de edad, es el homicidio. Para esta amplia franja de la población es mayor la probabilidad de fallecer por un ataque violento que por un accidente o por cualquier enfermedad (datos del Instituto Nacional de Salud Pública). Por otra parte, los municipios que han visto crecer de manera exponencial la violencia son aquellos en los que mayor fue la destrucción de empleo formal a partir de la crisis económica de 2008, como Monterrey, Reynosa o Ciudad Juárez. Estos datos reveladores de nuestra realidad obligan a analizar con detenimiento el informe sobre el desarrollo mundial 2011, publicado la semana pasada por el Banco Mundial con el título “Conflicto, seguridad y desarrollo”. El informe permite documentar lo que debería de ser un diagnóstico extensamente compartido en México: que los temas de seguridad, buen gobierno y desarrollo son inseparables. Así lo subraya Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial: “Cuando las instituciones estatales no protegen adecuadamente a los ciudadanos, no los defienden de la corrupción ni les brindan acceso a la justicia, cuando los mercados no ofrecen oportunidades de empleo o cuando las comunidades han perdido su cohesión social, la probabilidad de conflictos violentos se incrementa”. El atraso económico genera violencia y la violencia alienta el rezago económico. Por ejemplo, un país o una zona al interior de una nación que ha vivido con violencia tiene una tasa de pobreza 21% superior a la de los espacios libres de ese problema. Ahí donde hay violencia es más alto el riesgo de que se padezca desnutrición, se triplica la inasistencia de los niños a la escuela y se duplica la probabilidad de que los niños menores de cinco años fallezcan o de que se carezca de acceso al agua potable. La presencia de la violencia es la cara actual del subdesarrollo. En América Latina, 35% de las empresas señalan a la violencia como uno de los grandes problemas para las actividades comerciales. La violencia delictiva involucra sobre todo a los jóvenes, que forman parte de las bandas; 96% de los detenidos y 90% de los desaparecidos son hombres, pero las mujeres y los niños sufren de forma desproporcionada los efectos indirectos de la violencia: ellos representan 80% de los refugiados y desplazados por la violencia. De acuerdo con el Banco Mundial, la violencia es resultado de un círculo vicioso alimentado por la dinámica imperante en la política, la seguridad y la economía. El desempleo juvenil es el principal motivo para incorporarse a las pandillas delictivas; contar con un empleo no sólo permite tener un ingreso, sino también reconocimiento y prestigio, lo que se asocia con la cohesión social. La inadecuada distribución de la riqueza es tierra fértil para la inseguridad: “la desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres está estrechamente vinculada con una mayor probabilidad de criminalidad violenta”, dice el Banco Mundial. Por otra parte, la corrupción “tiene efectos doblemente perniciosos en los riesgos de violencia, ya que aumenta el agravio y reduce la eficacia de las instituciones nacionales y las normas sociales”. Entre los “factores de estrés” económicos asociados con la violencia que detecta el Banco Mundial se cuentan: los bajos ingresos de la población, el desempleo juvenil, la riqueza en recursos naturales —que pueden ser objeto de tráfico ilegal—, la fuerte corrupción y la rápida urbanización. Como se aprecia, todos ellos están presentes en el caso mexicano. El mensaje central del Banco Mundial es que para acabar con los ciclos de violencia “es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo”. Siendo así, una estrategia para frenar la espiral violenta incluye la reducción de los altos niveles de corrupción y de abuso a los derechos humanos, de tal forma que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. A la luz del informe del Banco Mundial, es oportuno reconocer, de una vez, que la generación de empleo para los jóvenes es un pilar central de la seguridad. Se requiere activar lo antes posible el crédito, la inversión en infraestructura, las oportunidades laborales. Contar con una enérgica estrategia en pos del crecimiento económico es ya sinónimo de tener una política integral contra la violencia. Claro, ello implicaría cambiar la orientación de la política económica vigente.