EL EJÉRCITO Y LA SUGURIDAD PÚBLICA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Acaba de visitar México, del 18 al 31 del pasado mes de marzo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, mismo que le recomendó al gobierno del Presidente Calderón "que retire al Ejército de las tareas de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicho trabajo"; lo que hizo "como una medida preventiva en relación con las desapariciones forzadas". En un documento de veinte páginas el grupo detalló la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar el llamado delito de desaparición forzada, que en la gran mayoría de las entidades ni siquiera está tipificado en su Código Penal. Dijeron lo anterior señalando -lo cual es muy grave- que aunque los grupos del crimen organizado tienen un papel determinante en la ola de inseguridad que azota al país, sin embargo no todos los actos de violencia son responsabilidad de ellos sino también de las propias fuerzas de seguridad del Estado. Y algo más inquietante, que al asumir las fuerzas armadas labores de vigilancia interna que no les corresponden se han convertido en una instancia que amenaza los derechos humanos de la ciudadanía. Con especial énfasis lamentaron que la impunidad siga siendo la constante en el sistema judicial mexicano, sosteniendo que el arraigo es una figura legal pero arbitraria, que viola las garantías de los inculpados, y llamaron a las autoridades a cumplir efectivamente con el derecho de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares a la verdad y a la reparación de daño. En coincidencia con lo anterior, por lo menos temporal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional a elaborar un reglamento que fije los protocolos del uso de la fuerza de los militares en operativos de seguridad pública, así como los de detención (privación de la libertad) de civiles, pidiéndole que los detenidos por el Ejército sean trasladados a instalaciones castrenses y que se ordene el cese de detenciones arbitrarias, cateos ilegales y abusos de autoridad, entre otras cosas. Por su parte el gobierno de México defendió la participación del Ejército en la ofensiva contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, al señalar que la escalada de violencia generada por el crimen obligó a que las Fuerzas Armadas tuvieran actividades de seguridad pública "de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país". Éste es el argumento que funcionarios mexicanos expusieron ante los tres expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. México ha sufrido desde el inicio de la guerra -que no es otra cosa- contra el narcotráfico y la delincuencia organizada -mucho más organizada que el gobierno- un deterioro social impresionante. Lo notable, lo que llama poderosamente la atención, por lo menos a mí, es que la crítica sólo se enderece al señalamiento de aquellos hechos que son la consecuencia de una causa que se ignora u omite. ¿A qué me refiero? A que en gran parte todo esto que de manera dramática padece el país tiene su origen -¿o no vivimos acaso en un Estado de Derecho?- en la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Lo que pasa en México es el tronco, son las ramas y las hojas, e incluso los frutos -podridos-, de una semilla igualmente podrida. Podríamos hablar, en vez de una pirámide a lo Kelsen, de un árbol macilento, enclenque, débil y enfermizo que ha corrompido al fruto de la norma jurídica constitucional. Allí está la causa eficiente y determinante del mal que nos agobia como pueblo y nación. Y si el origen no fuera aquella reforma de 2008, entonces el gobierno ha actuado con una irresponsabilidad mayúscula, sin orientación ni brújula alguna, al margen de la constitucionalidad y de la legalidad (aunque sean malas). Y no es así. Lo que se ha hecho en cambio es acomodar las leyes, comenzando por la Carta Magna, a las conveniencias del pragmatismo social y obviamente legal. Se han desdeñado y pisoteado las garantías individuales, los derechos humanos. ¿Cómo es posible, se pregunta uno azorado, que el gobierno se siga empeñando en sostener a todo trance una reforma plagada de errores técnicos y de arbitrariedades que violan el espíritu de la Constitución? Es deplorable en la especie la concesión a una política pragmática. "Quien a hierro mata, a hierro muere", frase que se deriva de la bíblica Ley del Talión: "Ojo por ojo, diente por diente" y que hoy muchos hacen depender del que llaman principio de la semejanza o de la reciprocidad. No obstante la verdad es que desdeñar lo esencial de la naturaleza humana, su intrínseca dignidad, trátese de quien se trate, no equivale a la justicia. Además, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y en particular desde la reforma constitucional de 2008, se han despreciado abiertamente las garantías individuales y los derechos humanos, y no sólo de los presuntos delincuentes. Tal, y no otro, ha sido el punto de apoyo y referencia de lo que con razón de sobra critica el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Lo indiscutible es que la ley, partiendo de la propia Constitución adulterada y maltratada, propicia que se vea y se trate al presunto delincuente como a un individuo casi, casi, sin derechos ni garantías. ¿Y el Ejército? Obedece lo que ordena su Comandante Supremo que es el Presidente de la República, quien se apoya en la Constitución. Por eso es que hemos insistido tanto e insistiremos, desde el seno de la academia y del foro, en la imperiosa necesidad de revisar a fondo la reforma de 2008. A mayor abundamiento no coincido en que la escalada de violencia generada por el crimen obligó a que las Fuerzas Armadas tuvieran actividades de seguridad pública, "de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país". ¿Subsidiaria? ¿Temporal? ¿En regiones específicas del país? No es cierto y al país entero le consta que no lo es. Que manejen otro argumento pero antes de eso que se reforme la reforma de 2008 (y si no hoy, sí a partir de 2012). ¡Es imperativo!