JORGE ALCOCER VILLANUEVAAyer por la tarde, en el Senado, debió tener lugar la reunión de las comisiones que analizan el dictamen de reformas constitucionales en materia política; me referí antes a dos de sus propuestas (los candidatos independientes y la reelección inmediata de legisladores). Ahora comento otros de sus componentes.
En complemento a la expansión de derechos ciudadanos, se propone la introducción de dos mecanismos acordes a ese propósito: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La primera posibilitará que un determinado número de ciudadanos presente iniciativas ante el Congreso de la Unión; la segunda permitirá que asuntos de trascendencia nacional sean sometidos a la opinión directa de los electores, sea a propuesta del Ejecutivo, de una de las Cámaras o de los propios ciudadanos.
La ratificación por el Senado de los comisionados que el Ejecutivo designa en tres organismos reguladores en materia económica (Cofetel, CRE y Cofeco) es una de las medidas que abonan al mejor equilibrio entre poderes. La medida, impulsada tenazmente por el senador Manlio Fabio Beltrones, había sido ofrecida en campaña por Felipe Calderón, quien ya en la Presidencia la mandó al archivo.
¿Y si falta el Presidente? Durante décadas esa pregunta ha motivado preocupación ya que las normas vigentes al respecto dejan abierta la puerta para maniobras palaciegas que pueden retardar la designación de Presidente provisional, interino o substituto, según sea el caso. La propuesta es establecer, en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo, una suplencia automática, a cargo del secretario de Gobernación, en tanto el Congreso cumple su tarea. Coincido con quienes opinan que lo idóneo sería que el titular de Bucareli sea ratificado por el Senado. Vista la experiencia de 2006, el dictamen propone que si el Presidente se ve imposibilitado de rendir protesta ante el Congreso, lo hará ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valga la prevención.
Como ocurre en cualquier Congreso o Parlamento, en el nuestro son muchas más las iniciativas que -por fortuna- se quedan en la "congeladora" que aquellas que merecen dictamen y votación. Sin embargo, el Ejecutivo está inerme ante la omisión legislativa; la reforma propone otorgarle el derecho de iniciativa preferente, para que al iniciar cada periodo ordinario de sesiones presente y otorgue esa calidad a dos iniciativas, las que deberán quedar resueltas dentro del mismo periodo.
Nuestra Constitución es omisa en definir qué pasa si el Congreso no aprueba la Ley de Ingresos o, si aprobada ésta, la Cámara de Diputados no aprueba el Presupuesto de Egresos (PEF). Más aún, persiste el debate sobre la facultad del Presidente para observar (vetar) el PEF; la SCJN resolvió hace pocos años a favor de aquél, pero la omisión constitucional persiste. Sobre este tema, el dictamen aporta un conjunto de soluciones que contribuirán a poner al día las normas en materia presupuestal, con el objetivo de otorgar seguridad a la sociedad y estabilidad a la economía.
Se introduce en la Constitución la llamada reconducción presupuestal, lo que implica que si la Ley de Ingresos y/o el PEF no están publicados para su entrada en vigor el 1o. de enero de cada año, continuarán vigentes los del año inmediato anterior, hasta en tanto el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo. La reforma equilibra la balanza ya que, por un lado, otorga al Presidente la facultad explícita de veto sobre el PEF; por el otro, determina que en caso de reconducción sólo podrán realizarse los gastos obligatorios por ley (sueldos y salarios; cuotas a las instituciones de seguridad social; pago de la deuda pública), lo que es un estímulo para que ambos poderes moderen posiciones y alcancen acuerdos.
Más allá de quién propuso qué, lo cierto es que la reforma expande los derechos ciudadanos; fortalece al Ejecutivo, sin privar al Congreso de sus facultades fundamentales; crea un mejor equilibrio entre ambos poderes; resuelve añejas dudas y cubre omisiones que habían prevalecido por décadas.
Siempre será posible imaginar algo mejor; pero "lo mejor es enemigo de lo bueno". Aquí y ahora lo posible es avanzar en nuevas reformas. Eso es lo que está haciendo el Senado.
Posdata: En el Consejo General del IFE tres sillas siguen vacantes. Quedan cinco días.
En complemento a la expansión de derechos ciudadanos, se propone la introducción de dos mecanismos acordes a ese propósito: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La primera posibilitará que un determinado número de ciudadanos presente iniciativas ante el Congreso de la Unión; la segunda permitirá que asuntos de trascendencia nacional sean sometidos a la opinión directa de los electores, sea a propuesta del Ejecutivo, de una de las Cámaras o de los propios ciudadanos.
La ratificación por el Senado de los comisionados que el Ejecutivo designa en tres organismos reguladores en materia económica (Cofetel, CRE y Cofeco) es una de las medidas que abonan al mejor equilibrio entre poderes. La medida, impulsada tenazmente por el senador Manlio Fabio Beltrones, había sido ofrecida en campaña por Felipe Calderón, quien ya en la Presidencia la mandó al archivo.
¿Y si falta el Presidente? Durante décadas esa pregunta ha motivado preocupación ya que las normas vigentes al respecto dejan abierta la puerta para maniobras palaciegas que pueden retardar la designación de Presidente provisional, interino o substituto, según sea el caso. La propuesta es establecer, en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo, una suplencia automática, a cargo del secretario de Gobernación, en tanto el Congreso cumple su tarea. Coincido con quienes opinan que lo idóneo sería que el titular de Bucareli sea ratificado por el Senado. Vista la experiencia de 2006, el dictamen propone que si el Presidente se ve imposibilitado de rendir protesta ante el Congreso, lo hará ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valga la prevención.
Como ocurre en cualquier Congreso o Parlamento, en el nuestro son muchas más las iniciativas que -por fortuna- se quedan en la "congeladora" que aquellas que merecen dictamen y votación. Sin embargo, el Ejecutivo está inerme ante la omisión legislativa; la reforma propone otorgarle el derecho de iniciativa preferente, para que al iniciar cada periodo ordinario de sesiones presente y otorgue esa calidad a dos iniciativas, las que deberán quedar resueltas dentro del mismo periodo.
Nuestra Constitución es omisa en definir qué pasa si el Congreso no aprueba la Ley de Ingresos o, si aprobada ésta, la Cámara de Diputados no aprueba el Presupuesto de Egresos (PEF). Más aún, persiste el debate sobre la facultad del Presidente para observar (vetar) el PEF; la SCJN resolvió hace pocos años a favor de aquél, pero la omisión constitucional persiste. Sobre este tema, el dictamen aporta un conjunto de soluciones que contribuirán a poner al día las normas en materia presupuestal, con el objetivo de otorgar seguridad a la sociedad y estabilidad a la economía.
Se introduce en la Constitución la llamada reconducción presupuestal, lo que implica que si la Ley de Ingresos y/o el PEF no están publicados para su entrada en vigor el 1o. de enero de cada año, continuarán vigentes los del año inmediato anterior, hasta en tanto el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo. La reforma equilibra la balanza ya que, por un lado, otorga al Presidente la facultad explícita de veto sobre el PEF; por el otro, determina que en caso de reconducción sólo podrán realizarse los gastos obligatorios por ley (sueldos y salarios; cuotas a las instituciones de seguridad social; pago de la deuda pública), lo que es un estímulo para que ambos poderes moderen posiciones y alcancen acuerdos.
Más allá de quién propuso qué, lo cierto es que la reforma expande los derechos ciudadanos; fortalece al Ejecutivo, sin privar al Congreso de sus facultades fundamentales; crea un mejor equilibrio entre ambos poderes; resuelve añejas dudas y cubre omisiones que habían prevalecido por décadas.
Siempre será posible imaginar algo mejor; pero "lo mejor es enemigo de lo bueno". Aquí y ahora lo posible es avanzar en nuevas reformas. Eso es lo que está haciendo el Senado.
Posdata: En el Consejo General del IFE tres sillas siguen vacantes. Quedan cinco días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario