¡MÁTENLOS Y DESPUÉS VERIGÜEN!

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En ese gran libro que son las Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, nos cuenta quien fuera secretario del llamado "Centauro del Norte" que éste dispuso en varias ocasiones el fusilamiento de personas que no habían sido interrogadas, inquiridas sobre determinado punto o cuestión. Y lo ordenaba diciendo la famosa frase que ya conocemos: "¡Mátenlos y después verigüen!". Por supuesto que Villa, que solía decirle a Martín Luís Guzmán "Licenciadito", tenía "su" propio derecho soslayando las reglas fundamentales de la justicia, pues también tenía la "suya". Eran los tiempos de la Revolución, convulsos como un torbellino incontrolable, y que culminaron en 1917 con la promulgación de la Constitución que hoy nos rige. O sea, que culminaron en un Estado de Derecho. Pero tal parece que estamos en un Estado de Hecho y lo que ha sucedido en Michoacán así lo demuestra. En una acción incruenta, inusitada, sin avisarle siquiera al Gobernador del Estado, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano detuvieron a veintisiete funcionarios del Estado de Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico, meramente presuntos hasta estos momentos. El Estado de Derecho mexicano enfrenta en este caso, como en otros muchos, un gran reto, a saber, el de explicarnos a los gobernados cómo aplica o interpreta el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que dice: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus... derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales..." Porque reformas van y reformas vienen alterando la Constitución, "litigándola", para meter en ella una serie de supuestas novedades que la van dejando maltrecha y contradictoria. Y detener a una persona, quiérase que no, es impedir el ejercicio de su libertad. Más aún, el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna prescribe que: "Nadie puede ser molestado en su persona... sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". En estricto derecho me pregunto si en el caso de Michoacán hubo mandamiento escrito de esa autoridad y, desde luego, si hubo previo juicio. ¿Dónde queda igualmente el derecho de toda persona a la famosa presunción de inocencia "mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", en los términos de la fracción I del Apartado B del artículo 20 constitucional? El hecho es que las personas aprehendidas lo fueron por su "probable" responsabilidad en actividades ilícitas. El propio vocero de la Procuraduría General de la República lo ha reconocido de alguna manera al manifestar, a propósito de la información con que cuentan, que para poder "empezar a cuadrar esa información, requerimos tener la declaración de ellos y conocer el punto donde específicamente pudieran estar involucrados". En otras palabras, primero se los detiene y después se averigua. ¡Increíble! Ahora bien, México es "una República... compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior", conforme al artículo 40 de la Constitución. En consecuencia, y por lo menos como cortesía, se le debió informar al Gobernador Leonel Godoy del operativo de referencia. No se hizo, quedando la soberanía en entredicho. Por lo tanto la intervención de la Procuraduría General de la República en Michoacán, si a presunciones o probabilidades vamos, es sospechosa de acción electorera; y si no, qué casualidad. Yo creo en las casualidades o coincidencias. Lo que pasa es que si en Michoacán se dieron habría que admitir que es algo verdaderamente excepcional, extraordinario. Entre otras cosas lo prueban las declaraciones tan "oportunas" de Germán Martínez, el líder del PAN. Faltando un poco más de un mes para las elecciones del 5 de junio conminó al Gobernador Godoy para que al margen de todo partidismo colabore en la averiguación de los hechos, pasando por alto que tal averiguación será posterior a la detención de los veintisiete funcionarios; lo que hace suponer que hay de por medio una maniobra de política electorera. En suma, que se indague a fondo lo sucedido. Es inaceptable la colusión entre servidores públicos y delincuentes, aunque las garantías de los gobernados deben o deberían ser respetadas sin cortapisa de ninguna clase. ¿Y si no hubiera nada de qué culpar a los detenidos o a algunos de ellos? ¿Aquí tampoco habría pasado nada? "¿Mátenlos y después verigüen?"