jueves, 24 de diciembre de 2009

RECONSTRUCCIÓN POLÍTICA

RODRIGO MORALES MANZANARES

El diagnóstico que acompaña las propuestas de reforma política del Ejecutivo resulta impecable: la distancia de los ciudadanos de sus políticos es verificable y hay que atender eso. Para ello, propone fórmulas tendientes a reconstruir el presidencialismo, acotar al Congreso y los partidos y dar más participación al ciudadano. Son loables, pero con un calado distinto y hay que apuntar algunos riesgos o distorsiones indeseables. Primero, las de menos impacto. Que la Corte plantee iniciativas, haría más fluida la relación entre poderes. Que haya iniciativa ciudadana, puede refrescar la confección de la agenda legislativa. Que el Ejecutivo presente iniciativas preferentes, también puede ayudar a fijar prioridades en la agenda e imponer cierto ritmo al trabajo parlamentario. Pero habrá que ver cómo se reglamenta todo ello. Segundo, la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Creo que se han exagerado sus bondades. No es una fórmula mágica, tiene riesgos y la clave está en la reglamentación. Sí conlleva un mejor esquema de rendición de cuentas, que permitiría premiar las gestiones exitosas, pero también puede hacer que se perpetúen cacicazgos. Así que se debe diseñar una fórmula que permita preservar el principio de la rendición de cuentas mediante la reelección, con la existencia de legisladores de mayoría y plurinominales. En ese plano situaría reducir el número de legisladores. Celebro que la disminución no se haya fundado en suprimir la representación proporcional. En la Cámara baja, el IFE tendría que emprender una nueva redistritación, para reducir los 300 distritos actuales a 240 (lo cual implica que no habrá reelección de los que están en funciones), pero en el Senado las cosas están más confusas. Hay otras cuatro propuestas que conjuntadas sí pueden suponer cambios mayores. Convivir las candidaturas independientes (con 1% de firmas del padrón de la demarcación por la que se compita) con el incremento del porcentaje de votos para que un partido conserve el registro (de 2 a 4%) encarece la opción de formar partidos, pero al mismo tiempo abarata las condiciones para aparecer en la boleta. Lo que podemos tener es una explosión de candidaturas independientes (con menos controles, más apetecibles para diversos poderes fácticos), en detrimento de la institucionalización de opciones políticas nuevas. La segunda vuelta presidencial “a la mexicana” (coincidente con la elección legislativa) es una propuesta con efectos mayúsculos y puede implicar un grave atentado a la pluralidad. Más allá de la polarización implícita en toda segunda vuelta (escenario no sé qué tan deseable después de lo de 2006), la distorsión al integrar el Congreso condenaría a las minorías a una enorme subrepresentación. Finalmente, si el Ejecutivo reconstruye el Presupuesto, los partidos de oposición perderán todo incentivo al respecto y le delegarán la carga. Aquí la ambigüedad constitucional favoreció la cooperación: desde 1997, todos han sido aprobados. Sin una salvaguarda clara, se fomentó la responsabilidad, pero ahora las cosas podrían cambiar, no necesariamente para bien. En fin, hay que celebrar lo de debatir, pero cuidado con los efectos. Un primer riesgo inmediato es que reconstruir las relaciones se base en la antipolítica. Percibir que todo lo político es malo, sin medir responsablemente las consecuencias, puede no ser un buen principio, sobre todo cuando se abandonan los detalles a las leyes reglamentarias. Insisto, hay que ser cautelosos. Ojalá discutamos con seriedad, y sin miras electorales, los elementos necesarios para una provechosa reconstrucción institucional. Lo merecemos. Existen cuatro propuestas que conjuntadas sí pueden suponer cambios mayores.

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