Calderón afecto a los decálogos nos recetó “10 cambios para transformar a México” en su último Informe de Gobierno, como él mismo lo recuerda al anunciar otros 10, sin reparar que ninguno se cumplió. Esa primera propuesta de cambios, coincidió con su derrota electoral, el paso del “catarrito” al shock carstensiano y el avance de lo fallido de su estado. Sólo fue una útil aunque efímera cortina de humo.
Ahora, en ocasión del arribo a la mitad de su desastroso mandato, catalogado como el peor en el mundo frente a la crisis, la escalada del crimen, la descalificación de nuestra economía por las calificadoras internacionales, propone una nueva reforma “la más profunda en muchos años”. Nueva cortina de humo.
Sin embargo, los motivos de la reforma son ciertos: “Los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes”. “El eje de la reforma es que el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades”, que “el ciudadano sea quien premie o castigue un ejercicio irresponsable e insensible del poder”, al reelegir o eliminar, urge que “el poder se someta a la opinión de los electores”.
Ahora, para superar estos problemas, el proyecto recoge temas desechados. Algunos, como la reelección legislativa y municipal, por el peligro de entronizar cacicazgos y la perpetuación de intereses, otros, por contrariar ventajas que se reservan los partidos, empezando por el de Calderón, algunos simplemente inocuos, y destacan los aparentemente democratizadores como la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, el referéndum y la elección presidencial en dos vueltas, que de ser aprobados estarían anulados por la operación del mecanismo antidemocrático y oligárquico que no toca mínimamente el nuevo decálogo.
Los partidos son controlados por “líderes” con enormes recursos de los que no rinden cuentas y que seleccionan las candidaturas que serían, en su caso, sujetas a reelección, todo de acuerdo a sus intereses. El Congreso está igualmente controlado por “coordinadores” que someten a legisladores con recursos millonarios. No existe oposición, las cúpulas del PRI y del PAN se arreglan y las televisoras imponen los intereses de esta oligarquía a la que pertenecen, con su enorme poder manipulador. Es en este marco de poder real que habría que analizar cómo operarían estas reformas. Igual que la elección, la reelección de legisladores y alcaldes estaría en manos de estos intereses, no de los ciudadanos desinformados. Las candidaturas independientes en estas condiciones sólo prosperarían si dependieran de poderes económicos capaces de competir con la partidocracia. Las iniciativas ciudadanas entrarían a un Congreso cupularmente controlado que maneja a las comisiones, que elimina debates que pudieran esclarecer los problemas, que decide entre unos cuantos qué pasa y qué no.
La reforma real requiere del control de los recursos que manejan los dirigentes de los partidos y los coordinadores en el Congreso e inevitablemente el control efectivo de las televisoras para evitar que manipulen al electorado. De otra manera, independientemente de la validez de las reformas propuestas, los problemas reales que apunta Calderón no se resuelven, los ciudadanos seguirán sin ser tomados en cuenta, el elector no tendría una participación real, salvo su voto desinformado, el poder no se someterá a la opinión de los electores. El decálogo de Calderón es otro engaño.
Ahora, en ocasión del arribo a la mitad de su desastroso mandato, catalogado como el peor en el mundo frente a la crisis, la escalada del crimen, la descalificación de nuestra economía por las calificadoras internacionales, propone una nueva reforma “la más profunda en muchos años”. Nueva cortina de humo.
Sin embargo, los motivos de la reforma son ciertos: “Los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes”. “El eje de la reforma es que el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades”, que “el ciudadano sea quien premie o castigue un ejercicio irresponsable e insensible del poder”, al reelegir o eliminar, urge que “el poder se someta a la opinión de los electores”.
Ahora, para superar estos problemas, el proyecto recoge temas desechados. Algunos, como la reelección legislativa y municipal, por el peligro de entronizar cacicazgos y la perpetuación de intereses, otros, por contrariar ventajas que se reservan los partidos, empezando por el de Calderón, algunos simplemente inocuos, y destacan los aparentemente democratizadores como la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, el referéndum y la elección presidencial en dos vueltas, que de ser aprobados estarían anulados por la operación del mecanismo antidemocrático y oligárquico que no toca mínimamente el nuevo decálogo.
Los partidos son controlados por “líderes” con enormes recursos de los que no rinden cuentas y que seleccionan las candidaturas que serían, en su caso, sujetas a reelección, todo de acuerdo a sus intereses. El Congreso está igualmente controlado por “coordinadores” que someten a legisladores con recursos millonarios. No existe oposición, las cúpulas del PRI y del PAN se arreglan y las televisoras imponen los intereses de esta oligarquía a la que pertenecen, con su enorme poder manipulador. Es en este marco de poder real que habría que analizar cómo operarían estas reformas. Igual que la elección, la reelección de legisladores y alcaldes estaría en manos de estos intereses, no de los ciudadanos desinformados. Las candidaturas independientes en estas condiciones sólo prosperarían si dependieran de poderes económicos capaces de competir con la partidocracia. Las iniciativas ciudadanas entrarían a un Congreso cupularmente controlado que maneja a las comisiones, que elimina debates que pudieran esclarecer los problemas, que decide entre unos cuantos qué pasa y qué no.
La reforma real requiere del control de los recursos que manejan los dirigentes de los partidos y los coordinadores en el Congreso e inevitablemente el control efectivo de las televisoras para evitar que manipulen al electorado. De otra manera, independientemente de la validez de las reformas propuestas, los problemas reales que apunta Calderón no se resuelven, los ciudadanos seguirán sin ser tomados en cuenta, el elector no tendría una participación real, salvo su voto desinformado, el poder no se someterá a la opinión de los electores. El decálogo de Calderón es otro engaño.
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