ALEJANDRO GERTZ MANEROPor fin las mayorías en las dos cámaras han tenido que reaccionar ante el repudio que se ganaron con su “paquete fiscal” y han comenzado a organizar un “comité conjunto” del Congreso para iniciar la tan esperada y nunca alcanzada reforma fiscal; que según nos dicen, analizará todas las propuestas que se han presentado —entre ellas la nuestra—, para así realizar los cambios que a diario se pregonan y que hasta ahora nunca han llegado.
Por su parte algunos magnates y empresarios, que no están protegidos por el “manto sagrado” de la impunidad y de la colusión, han expresado sus quejas a los líderes partidistas, obteniendo como respuesta de algunos de ellos, veladas amenazas de cargarles a esos quejosos la mano si se siguen alebrestando públicamente; y en ese entorno de promesas fallidas y amenazas cumplidas, es necesario establecer una de las premisas básicas que verdaderamente nos pueden llevar a solucionar esa situación tan ominosa, y que es la siguiente:
La causa fundamental del fracaso fiscal se encuentra en un gasto público incontrolable, en muchos casos corrupto, desordenado y sin una vinculación efectiva con resultados precisos previamente establecidos, y es ahí donde se debe de iniciar la publicitada “reforma fiscal”, cambiando todo el sistema de rendición de cuentas que hasta la fecha está legislado y organizado para que la comunidad y la sociedad no puedan saber hasta después de varios años a qué niveles tan profundos y dañinos llega el despilfarro y la corrupción, cuando esa información ya es obsoleta e inútil.
Para acreditar esta afirmación, es indispensable ver cómo desde la Constitución, (artículos 73, X, XIV, 74, VI, 79 I) y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación ( artículos 40, 41, 42) se ha imposibilitado, salvo excepciones, auditar cada ejercicio fiscal conforme se va aplicando, lo cual permite y fomenta la impunidad, como ahora ocurre, cuando la Auditoría Superior de la Federación solamente ha entregado su reporte de cuentas por el año 2007, y en el cual señala que se identificaron más de 60 mil millones de pesos “observados”, mal gastados, sin comprobación, violando las leyes u ocultando los procedimientos obligados, y de esa enorme suma sólo se recuperaron en ese mismo periodo escasos 2 mil millones.
Sobre este particular es muy importante señalar que dichas auditorías sólo logran revisar el 10% del gasto público, (EL UNIVERSAL, 5/12/09;) y ese pequeño porcentaje de partidas auditadas y mal gastadas es prácticamente igual a los aumentos de impuestos que nos van a arrancar a todos los mexicanos en 2010 a través del ISR, IETU, IVA e IEPS; lo cual quiere decir que sólo el 10% del dispendio corrupto iguala el monto de la inmensa mayoría de los aumentos impositivos que nos van a aplicar el año que entra.
En ese mismo orden de ideas, si el 90% del presupuesto no se audita y el 10% presenta los despilfarros que ya hemos señalado, y si la auditoría se llevara a cabo en el 90% de las cuentas restantes, eso nos permitiría detectar un derroche de aproximadamente 600 mil millones de pesos, que significa el 50% de los 1’300 mil millones que se habrán de cobrar de impuestos totales en el país el próximo año.
Todo lo anterior quiere decir, en términos ya muy concisos, que se podría llegar a un ahorro de casi el 50% del presupuesto si existiera un sistema independiente, ciudadano y transparente de auditoría, que se aplicara conforme se va realizando el gasto, y no a “toro pasado”, cuando ya es inútil, como hasta ahora ocurre.
En razón de lo expuesto, y si realmente queremos salir del vergonzoso lugar que ocupamos entre los países más corruptos, y con los peores desempeños económicos y educativos, lo primero que se tiene que hacer es obligar al gobierno y a las mayorías en el Congreso a que se instrumente una verdadera auditoría transparente y ciudadana que se aplique conforme se va realizando el gasto, para evitar así el derroche que hemos señalado, obligando también a quienes no pagan impuestos a hacerlo, lo cual nos permitirá una reducción impositiva para todos los mexicanos, y una disponibilidad de recursos más que suficientes para recuperar el crecimiento económico que hemos perdido desde hace muchos años.
Por su parte algunos magnates y empresarios, que no están protegidos por el “manto sagrado” de la impunidad y de la colusión, han expresado sus quejas a los líderes partidistas, obteniendo como respuesta de algunos de ellos, veladas amenazas de cargarles a esos quejosos la mano si se siguen alebrestando públicamente; y en ese entorno de promesas fallidas y amenazas cumplidas, es necesario establecer una de las premisas básicas que verdaderamente nos pueden llevar a solucionar esa situación tan ominosa, y que es la siguiente:
La causa fundamental del fracaso fiscal se encuentra en un gasto público incontrolable, en muchos casos corrupto, desordenado y sin una vinculación efectiva con resultados precisos previamente establecidos, y es ahí donde se debe de iniciar la publicitada “reforma fiscal”, cambiando todo el sistema de rendición de cuentas que hasta la fecha está legislado y organizado para que la comunidad y la sociedad no puedan saber hasta después de varios años a qué niveles tan profundos y dañinos llega el despilfarro y la corrupción, cuando esa información ya es obsoleta e inútil.
Para acreditar esta afirmación, es indispensable ver cómo desde la Constitución, (artículos 73, X, XIV, 74, VI, 79 I) y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación ( artículos 40, 41, 42) se ha imposibilitado, salvo excepciones, auditar cada ejercicio fiscal conforme se va aplicando, lo cual permite y fomenta la impunidad, como ahora ocurre, cuando la Auditoría Superior de la Federación solamente ha entregado su reporte de cuentas por el año 2007, y en el cual señala que se identificaron más de 60 mil millones de pesos “observados”, mal gastados, sin comprobación, violando las leyes u ocultando los procedimientos obligados, y de esa enorme suma sólo se recuperaron en ese mismo periodo escasos 2 mil millones.
Sobre este particular es muy importante señalar que dichas auditorías sólo logran revisar el 10% del gasto público, (EL UNIVERSAL, 5/12/09;) y ese pequeño porcentaje de partidas auditadas y mal gastadas es prácticamente igual a los aumentos de impuestos que nos van a arrancar a todos los mexicanos en 2010 a través del ISR, IETU, IVA e IEPS; lo cual quiere decir que sólo el 10% del dispendio corrupto iguala el monto de la inmensa mayoría de los aumentos impositivos que nos van a aplicar el año que entra.
En ese mismo orden de ideas, si el 90% del presupuesto no se audita y el 10% presenta los despilfarros que ya hemos señalado, y si la auditoría se llevara a cabo en el 90% de las cuentas restantes, eso nos permitiría detectar un derroche de aproximadamente 600 mil millones de pesos, que significa el 50% de los 1’300 mil millones que se habrán de cobrar de impuestos totales en el país el próximo año.
Todo lo anterior quiere decir, en términos ya muy concisos, que se podría llegar a un ahorro de casi el 50% del presupuesto si existiera un sistema independiente, ciudadano y transparente de auditoría, que se aplicara conforme se va realizando el gasto, y no a “toro pasado”, cuando ya es inútil, como hasta ahora ocurre.
En razón de lo expuesto, y si realmente queremos salir del vergonzoso lugar que ocupamos entre los países más corruptos, y con los peores desempeños económicos y educativos, lo primero que se tiene que hacer es obligar al gobierno y a las mayorías en el Congreso a que se instrumente una verdadera auditoría transparente y ciudadana que se aplique conforme se va realizando el gasto, para evitar así el derroche que hemos señalado, obligando también a quienes no pagan impuestos a hacerlo, lo cual nos permitirá una reducción impositiva para todos los mexicanos, y una disponibilidad de recursos más que suficientes para recuperar el crecimiento económico que hemos perdido desde hace muchos años.
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