JAVIER CORRAL JURADOA mis colegas diputados, especialmente compañeros de bancada, dije que la elección y designación del Auditor Superior de la Federación será una de las decisiones más importantes que tomemos en el ejercicio de nuestro encargo. Se trata de una de las funciones esenciales al ámbito legislativo: la fiscalización de los recursos públicos.
Nuestro país ha arrastrado desde hace décadas con el mal de la corrupción. Incluso recientemente se ha dado a conocer un dato penoso que atraviesa a los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión: el Índice de Percepción de Corrupción en México empeoró este año en comparación con 2008.
Fortalecer la fiscalización en México, y a su principal instrumento que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debiera ser una de las mayores preocupaciones del sistema de partidos para recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos. Y ese propósito atraviesa decisiones como la de nombrar al auditor y avanzar en reformas legales que comprometan al mismo sistema de partidos en transparentar el ingreso y gasto de los recursos destinados a su actividad ordinaria y a las campañas electorales.
Existen dos poderosas razones para obrar en consecuencia: son los partidos políticos los que a través de sus grupos parlamentarios nombran al auditor; pero al mismo tiempo —en el universo de las entidades de interés público que deben ser fiscalizadas— los partidos se mantienen al margen de esa obligación, pues la fracción IX del artículo 2, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación las exceptúa.
Esto fue lo que el actual auditor, Arturo González de Aragón, criticó en su discurso con motivo del 187 aniversario de la ASF, y calificó como “un monumento a la opacidad”. Pero a la crítica que González de Aragón hizo de las opacidades partidistas —que por cierto secundó en todas sus letras el Presidente de la República Felipe Calderón, que estuvo presente—, rápidamente distintas voces le salieron al paso, para tratar de refutarlo al advertir que la fiscalización de los partidos la lleva a cabo el IFE , “y no deben admitirse interferencias indebidas”.
Sostengo como González de Aragón y Calderón que los partidos al manejar recursos federales debieran ser fiscalizados por la ASF. El que lo haga no limita ni interfiere las funciones del IFE ya que cada institución actuaría en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, en el caso de encontrar alguna irregularidad actuaría, entre otras acciones, mediante un procedimiento resarcitorio contra la persona física que, en su caso, fuera responsable de los daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública. Esto no puede concebirse como una sanción a partidos políticos.
La intervención de diversas instituciones se da de manera complementaria, es el caso de la banca de desarrollo donde participan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la ASF; en materia ambiental respecto de Pemex tienen competencia Semarnat, la Profepa y la ASF en la revisión de normas ambientales.
Esta reforma de autocontención y autolimitación del sistema de partidos es uno de los mayores desafíos de su agenda de modernización política. Junto a ésta, y en perspectiva de hacia dónde debe ir la fiscalización, sería un golpe de timón dar a la ASF autonomía constitucional y dotarla de facultades para fincar directamente responsabilidades administrativas sancionatorias.
Por lo pronto, el proceso para elegir al nuevo auditor llega este día a su fase definitiva: de los 42 candidatos registrados, 38 cumplieron los requisitos, 36 acudieron a entrevista y de ahí se integró una terna: Juan Manuel Portal Martínez, José Luis Nava Díaz y Alfonso Olivas Ugalde. Resultará auditor quien obtenga las dos terceras partes de los votos del pleno de los Diputados.
La Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por la diputada perredista Estela Damián Peralta, hizo esa tarea seleccionadora. Además del prurito legal con el que ella ha actuado, esa comisión cuenta por parte del PAN con diputados de reconocido prestigio y compromiso ético: Daniel Ávila Ruiz, Gastón Luken Garza, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Sergio Octavio Germán Olivares, Bonifacio Herrera Rivera y Gloria Romero León. Sin delegarle o endosarle mi voto a nadie como diputado, es indiscutible que la recomendación que ellos hagan sobre el mejor perfil de los finalistas, tendrá influencia decisiva en el voto de los diputados del PAN.
Nuestro país ha arrastrado desde hace décadas con el mal de la corrupción. Incluso recientemente se ha dado a conocer un dato penoso que atraviesa a los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión: el Índice de Percepción de Corrupción en México empeoró este año en comparación con 2008.
Fortalecer la fiscalización en México, y a su principal instrumento que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debiera ser una de las mayores preocupaciones del sistema de partidos para recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos. Y ese propósito atraviesa decisiones como la de nombrar al auditor y avanzar en reformas legales que comprometan al mismo sistema de partidos en transparentar el ingreso y gasto de los recursos destinados a su actividad ordinaria y a las campañas electorales.
Existen dos poderosas razones para obrar en consecuencia: son los partidos políticos los que a través de sus grupos parlamentarios nombran al auditor; pero al mismo tiempo —en el universo de las entidades de interés público que deben ser fiscalizadas— los partidos se mantienen al margen de esa obligación, pues la fracción IX del artículo 2, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación las exceptúa.
Esto fue lo que el actual auditor, Arturo González de Aragón, criticó en su discurso con motivo del 187 aniversario de la ASF, y calificó como “un monumento a la opacidad”. Pero a la crítica que González de Aragón hizo de las opacidades partidistas —que por cierto secundó en todas sus letras el Presidente de la República Felipe Calderón, que estuvo presente—, rápidamente distintas voces le salieron al paso, para tratar de refutarlo al advertir que la fiscalización de los partidos la lleva a cabo el IFE , “y no deben admitirse interferencias indebidas”.
Sostengo como González de Aragón y Calderón que los partidos al manejar recursos federales debieran ser fiscalizados por la ASF. El que lo haga no limita ni interfiere las funciones del IFE ya que cada institución actuaría en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, en el caso de encontrar alguna irregularidad actuaría, entre otras acciones, mediante un procedimiento resarcitorio contra la persona física que, en su caso, fuera responsable de los daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública. Esto no puede concebirse como una sanción a partidos políticos.
La intervención de diversas instituciones se da de manera complementaria, es el caso de la banca de desarrollo donde participan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la ASF; en materia ambiental respecto de Pemex tienen competencia Semarnat, la Profepa y la ASF en la revisión de normas ambientales.
Esta reforma de autocontención y autolimitación del sistema de partidos es uno de los mayores desafíos de su agenda de modernización política. Junto a ésta, y en perspectiva de hacia dónde debe ir la fiscalización, sería un golpe de timón dar a la ASF autonomía constitucional y dotarla de facultades para fincar directamente responsabilidades administrativas sancionatorias.
Por lo pronto, el proceso para elegir al nuevo auditor llega este día a su fase definitiva: de los 42 candidatos registrados, 38 cumplieron los requisitos, 36 acudieron a entrevista y de ahí se integró una terna: Juan Manuel Portal Martínez, José Luis Nava Díaz y Alfonso Olivas Ugalde. Resultará auditor quien obtenga las dos terceras partes de los votos del pleno de los Diputados.
La Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por la diputada perredista Estela Damián Peralta, hizo esa tarea seleccionadora. Además del prurito legal con el que ella ha actuado, esa comisión cuenta por parte del PAN con diputados de reconocido prestigio y compromiso ético: Daniel Ávila Ruiz, Gastón Luken Garza, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Sergio Octavio Germán Olivares, Bonifacio Herrera Rivera y Gloria Romero León. Sin delegarle o endosarle mi voto a nadie como diputado, es indiscutible que la recomendación que ellos hagan sobre el mejor perfil de los finalistas, tendrá influencia decisiva en el voto de los diputados del PAN.
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