REFORMA POLÍTICA Y ENGAÑO CIUDADANO

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político. Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista. El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder. El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales. Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares. Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”. Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales. Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición. Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”. No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo. Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.