JAVIER CORRAL JURADOEn el foro que organizó el 11 de septiembre pasado el Senado, la AMARC y la AMEDI sobre “Pluralidad y diversidad en medios electrónicos de comunicación en América Latina”, alerté que el senador Manlio Fabio Beltrones cocinaba una reforma parcial a la Ley Federal de Radio y Televisión para restituirle a la Ley Televisa algunas de las partes que la SCJN declaró inconstitucionales, así como otorgar nuevos privilegios a los concesionarios. “Estoy enterado también que hay varios legisladores a los que a cambio de ello, les han ofrecido algunos dulces; ¡cuidado!, porque son dulces envenenados”, dije entonces.
Los dos únicos legisladores presentes, sentados en primera fila, eran los senadores Carlos Navarrete y Carlos Sotelo. Al terminar la mesa ambos reaccionaron virulentamente contra mí, no obstante mis reiteradas muestras de simpatía hacia ellos y el reconocimiento público a su compromiso con la reforma de medios. Obviamente se sintieron aludidos sobre los dulces. Y así era, con todo afecto para ellos. Su respuesta me confirmaba la información que poseía.
En el conjunto de negociaciones entre PRI y PRD, por las que pasó la presidencia del Senado a manos —por primera vez— de un perredista, se incluyó sacarle a Beltrones sus iniciativas para que éste pudiera cumplirle a Televisa vía la “prórroga administrativa”: el refrendo automático a perpetuidad que la Corte echó abajo. También se incluirían los verdaderos combos, toda vez que los radiodifusores de AM no se conformaron con el decreto del presidente Calderón de cambio de frecuencias, en vez del mantenimiento indefinido de las dos frecuencias como pretenden.
A cambio del “privilegio indebido” de prórroga sin licitación, como lo llamó la SCJN, y del “combo paquete”, el proyecto incluiría un nuevo régimen permisionario para los medios públicos y el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, asuntos relevantes, pero no los medulares para hablar de una auténtica reforma de medios.
La lógica beltronista se impuso: sólo pueden avanzar los intereses de la sociedad —si y sólo si— al mismo tiempo los grandes intereses económicos reciben más privilegios y ninguna de las reformas altera o afecta el status quo. Y eso está a punto de suceder esta semana en el Senado.
Los dos líderes perredistas de Nueva Izquierda, con la que más coincidencias hemos tenido las organizaciones ciudadanas en torno del derecho a la información, aceptaron la “oferta”. Arguyen la eficacia política del gradualismo que hace caminar reformas poco a poco, aunque el paso adelante, tenga dos pasos atrás.
Esa táctica ni siquiera servirá para trazar la estrategia de organización social en torno de la causa democratizadora de los medios —suponiendo que la tesis Leninista les hubiera inspirado—, sino que contribuirá para sofocar con una reforma menor la posibilidad de una amplia que llegue por lo menos a dos vertientes del injusto entramado de la propiedad y la regulación de medios: la concentración de muchos medios en pocas manos y la captura del regulador a manos de los regulados.
Se quejan y con razón de la indefinición del PAN y del gobierno federal para presentar una reforma integral juntos. Pero el paso en falso es aliarse con Manlio y darle la espalda a la histórica decisión de la Corte, fruto de una lucha legislativa-social en la que Jesús Ortega, su líder nacional, fue parte importante.
Ni una mención al órgano regulador capturado y corrompido por Televisa. No obstante que por estos días se ha acreditado el conflicto de intereses de tres de sus integrantes. Para los reformadores no hay la mínima intención de poner nuevas reglas para permisionarios y medios públicos en manos imparciales. ¿Cuántas estaciones comunitarias, o lo que es peor, cuántos medios públicos estará dispuesta Televisa a autorizarle al gobierno? Sin embargo, la prórroga sin licitación tendrá una vigencia inmediata.
Del senador Beltrones no hay nada nuevo que advertir. Da por descontada la crítica y sabe del desprestigio de su desempeño. Disfrazado de redentor tecnológico para los pequeños radiodifusores de AM, para él, el proyecto de dictamen es una prolongación de su despacho de negocios desde el que pone a trabajar al Congreso en todo tipo de canonjías para los consorcios de radio y tv, desde condonaciones fiscales hasta dobles concesiones para los mismos de siempre.
Los dos únicos legisladores presentes, sentados en primera fila, eran los senadores Carlos Navarrete y Carlos Sotelo. Al terminar la mesa ambos reaccionaron virulentamente contra mí, no obstante mis reiteradas muestras de simpatía hacia ellos y el reconocimiento público a su compromiso con la reforma de medios. Obviamente se sintieron aludidos sobre los dulces. Y así era, con todo afecto para ellos. Su respuesta me confirmaba la información que poseía.
En el conjunto de negociaciones entre PRI y PRD, por las que pasó la presidencia del Senado a manos —por primera vez— de un perredista, se incluyó sacarle a Beltrones sus iniciativas para que éste pudiera cumplirle a Televisa vía la “prórroga administrativa”: el refrendo automático a perpetuidad que la Corte echó abajo. También se incluirían los verdaderos combos, toda vez que los radiodifusores de AM no se conformaron con el decreto del presidente Calderón de cambio de frecuencias, en vez del mantenimiento indefinido de las dos frecuencias como pretenden.
A cambio del “privilegio indebido” de prórroga sin licitación, como lo llamó la SCJN, y del “combo paquete”, el proyecto incluiría un nuevo régimen permisionario para los medios públicos y el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, asuntos relevantes, pero no los medulares para hablar de una auténtica reforma de medios.
La lógica beltronista se impuso: sólo pueden avanzar los intereses de la sociedad —si y sólo si— al mismo tiempo los grandes intereses económicos reciben más privilegios y ninguna de las reformas altera o afecta el status quo. Y eso está a punto de suceder esta semana en el Senado.
Los dos líderes perredistas de Nueva Izquierda, con la que más coincidencias hemos tenido las organizaciones ciudadanas en torno del derecho a la información, aceptaron la “oferta”. Arguyen la eficacia política del gradualismo que hace caminar reformas poco a poco, aunque el paso adelante, tenga dos pasos atrás.
Esa táctica ni siquiera servirá para trazar la estrategia de organización social en torno de la causa democratizadora de los medios —suponiendo que la tesis Leninista les hubiera inspirado—, sino que contribuirá para sofocar con una reforma menor la posibilidad de una amplia que llegue por lo menos a dos vertientes del injusto entramado de la propiedad y la regulación de medios: la concentración de muchos medios en pocas manos y la captura del regulador a manos de los regulados.
Se quejan y con razón de la indefinición del PAN y del gobierno federal para presentar una reforma integral juntos. Pero el paso en falso es aliarse con Manlio y darle la espalda a la histórica decisión de la Corte, fruto de una lucha legislativa-social en la que Jesús Ortega, su líder nacional, fue parte importante.
Ni una mención al órgano regulador capturado y corrompido por Televisa. No obstante que por estos días se ha acreditado el conflicto de intereses de tres de sus integrantes. Para los reformadores no hay la mínima intención de poner nuevas reglas para permisionarios y medios públicos en manos imparciales. ¿Cuántas estaciones comunitarias, o lo que es peor, cuántos medios públicos estará dispuesta Televisa a autorizarle al gobierno? Sin embargo, la prórroga sin licitación tendrá una vigencia inmediata.
Del senador Beltrones no hay nada nuevo que advertir. Da por descontada la crítica y sabe del desprestigio de su desempeño. Disfrazado de redentor tecnológico para los pequeños radiodifusores de AM, para él, el proyecto de dictamen es una prolongación de su despacho de negocios desde el que pone a trabajar al Congreso en todo tipo de canonjías para los consorcios de radio y tv, desde condonaciones fiscales hasta dobles concesiones para los mismos de siempre.
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