CARMEN ARISTEGUIAlgo muy podrido rodó junto con el cuerpo acribillado de Édgar Enrique Bayardo del Villar, asesinado este martes al interior de un Starbucks en la colonia del Valle de la Ciudad de México. El cuerpo que recibió los impactos de bala de dos calibres pertenecía a un hombre que apenas hace un año era jefe de la Policía Federal Preventiva, que meses después era investigado por vínculos con la delincuencia organizada y que a la hora de su muerte estaba acogido al sistema de testigos protegidos recién estrenado legalmente en este país. Presunto protector de narcos, funcionario, testigo asesinado es una mezcla que muestra hasta dónde puede estar penetrada la autoridad policiaca en nuestro país y las fallas que existen en la aplicación de las nuevas normas constitucionales en materia de certificación de los cuerpos policiacos a nivel federal. La ejecución de Bayardo y la muerte, que se presume suicidio, del joven hijo del llamado Rey Zambada, también acogido al sistema de testigos protegidos, ocurridas en las últimas semanas, han provocado una crisis de credibilidad y sospecha al interior de este mecanismo diseñado para combatir al crimen organizado y, en general, a todo el sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de este país. ¿Cómo queda una autoridad a quien le asesinan la persona que se supone protege en un pacto establecido para obtener información? ¿Quién volverá a confiar en el mecanismo? ¿En manos de quién está el mecanismo? ¿Quiénes mataron al señor y quienes lo permitieron? ¿Quién responde por lo ocurrido?
La muerte de este ex alto mando policiaco, en circunstancias como éstas, obliga a una revisión muy amplia del conjunto de responsables en Seguridad Pública que deben rendir cuentas por esta ejecución. En muchos sentidos, este caso representa un ejemplo de la descomposición que ha llevado a vincularse a policías con narcos y a narcos con policías en un fenómeno que está lejos de haber desaparecido.
Bayardo era un claro ejemplo sobre esa frontera rota entre ser narco y autoridad. Su biografía es botón de muestra de la permeabilidad, permisividad y tolerancia que prevalece al interior de los cuerpos policiacos, aún después de las reformas aprobadas con ese propósito recientemente. Samuel González Ruiz, fundador de lo que fuera la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR hace algunos años, narró, en entrevista para MVS, los detalles de la trayectoria del hombre asesinado. Una perla sobre la falta de rigor en el control del personal policiaco en este país: entre 1992 y 1993 Bayardo entró a trabajar al Instituto Nacional de Combate a las Drogas. En 1995 fue secretario particular de la contralora interna de la PGR. El 16 de agosto de 1996 fue dado de baja, con otros cientos de policías, por sus vínculos con el narcotráfico. Como si nada, pasa después a la subprocuraduría de Tlaxcala. Se le notifica al gobernador del estado de sus vínculos con el narcotráfico y, aún así, lo mantienen seis años en la Procuraduría. Después se va a Puebla y sigue su camino para ser, después, contratado en este sexenio por la Secretaría de Seguridad Pública y llevado al puesto de más alta responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de la República. Ahí estuvo hasta el año pasado, hasta que la confrontación con otro mando policiaco lo llevó a su nueva circunstancia: aceptar su responsabilidad en la protección al narcotráfico, acogerse al programa de testigos protegidos, recibir recursos, por 50 mil pesos mensuales según informa El Universal, y ofrecer información para imputar a otro mando policiaco de la misma corporación. Es, de hecho, esa confrontación entre Édgar Bayardo y Gerardo Garay, el ahora ex comisionado general interino de la Policía Federal Preventiva -célebre por el operativo en una casa donde se celebraba una fiesta en una casa en el Desierto de los Leones en octubre del año pasado-, lo que los llevó a hacerlos insostenibles como altos mandos de la PFP.
Se abrieron sendos procesos en donde el primero le imputaba ministerialmente al segundo ser protector de los Beltrán Leyva, mientras que Garay le imputaba a Bayardo estar al servicio de El Mayo Zambada. Estamos hablando de dos de los principales hombres del equipo de Genaro García Luna, que trabajaron para él y para el narcotráfico hasta antes de resultar indefendibles y presas del escándalo. Hombres de García Luna, el insumergible, a pesar de todo lo que lo rodea.
La muerte de este ex alto mando policiaco, en circunstancias como éstas, obliga a una revisión muy amplia del conjunto de responsables en Seguridad Pública que deben rendir cuentas por esta ejecución. En muchos sentidos, este caso representa un ejemplo de la descomposición que ha llevado a vincularse a policías con narcos y a narcos con policías en un fenómeno que está lejos de haber desaparecido.
Bayardo era un claro ejemplo sobre esa frontera rota entre ser narco y autoridad. Su biografía es botón de muestra de la permeabilidad, permisividad y tolerancia que prevalece al interior de los cuerpos policiacos, aún después de las reformas aprobadas con ese propósito recientemente. Samuel González Ruiz, fundador de lo que fuera la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR hace algunos años, narró, en entrevista para MVS, los detalles de la trayectoria del hombre asesinado. Una perla sobre la falta de rigor en el control del personal policiaco en este país: entre 1992 y 1993 Bayardo entró a trabajar al Instituto Nacional de Combate a las Drogas. En 1995 fue secretario particular de la contralora interna de la PGR. El 16 de agosto de 1996 fue dado de baja, con otros cientos de policías, por sus vínculos con el narcotráfico. Como si nada, pasa después a la subprocuraduría de Tlaxcala. Se le notifica al gobernador del estado de sus vínculos con el narcotráfico y, aún así, lo mantienen seis años en la Procuraduría. Después se va a Puebla y sigue su camino para ser, después, contratado en este sexenio por la Secretaría de Seguridad Pública y llevado al puesto de más alta responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de la República. Ahí estuvo hasta el año pasado, hasta que la confrontación con otro mando policiaco lo llevó a su nueva circunstancia: aceptar su responsabilidad en la protección al narcotráfico, acogerse al programa de testigos protegidos, recibir recursos, por 50 mil pesos mensuales según informa El Universal, y ofrecer información para imputar a otro mando policiaco de la misma corporación. Es, de hecho, esa confrontación entre Édgar Bayardo y Gerardo Garay, el ahora ex comisionado general interino de la Policía Federal Preventiva -célebre por el operativo en una casa donde se celebraba una fiesta en una casa en el Desierto de los Leones en octubre del año pasado-, lo que los llevó a hacerlos insostenibles como altos mandos de la PFP.
Se abrieron sendos procesos en donde el primero le imputaba ministerialmente al segundo ser protector de los Beltrán Leyva, mientras que Garay le imputaba a Bayardo estar al servicio de El Mayo Zambada. Estamos hablando de dos de los principales hombres del equipo de Genaro García Luna, que trabajaron para él y para el narcotráfico hasta antes de resultar indefendibles y presas del escándalo. Hombres de García Luna, el insumergible, a pesar de todo lo que lo rodea.
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