La discusión sobre los cambios en el gabinete se ha reducido a cuestionar los nombramientos y a expresar los temores sobre sus consecuencias. ¿Mantendrá Carstens la autonomía del Banco de México?, ¿podrá Cordero con el paquete de una secretaría que requiere experiencia y expertise?, ¿usará Heriberto Félix la Sedesol para utilizar los recursos electoralmente?Pienso que estos temores no se materializarán gracias al grado de institucionalidad que han alcanzado estos organismos. No hay por qué suponer que un funcionario de la talla de Carstens atentaría contra la autonomía del Banco. En todo caso, sus decisiones se rigen por una ley orgánica y se toman colegiadamente. Más allá de los méritos y competencias de Cordero, la SHCP preservará la memoria institucional y la continuidad en su funcionamiento gracias a la sólida burocracia hacendaria; los recursos de la Sedesol están suficientemente blindados y vigilados.Más bien la reflexión debería extenderse y preguntarnos para qué sirve la facultad de nombramiento del gabinete; cómo la ha utilizado el Presidente y si debe cambiarse como parte de la reforma del Estado que se anuncia.La facultad de nombramiento sirve para muchas cosas: conformar un equipo de gobierno coherente, disciplinado y leal; integrar a profesionales altamente calificados y capaces de llevar a buen puerto las políticas públicas, unificar e impulsar a los miembros del partido en el gobierno, generar aliados y apoyos o, incluso, pagar favores. Puede privilegiarse un propósito o una combinación de ellos. Según los objetivos se utilizan distintos criterios: el partidario, el político o el técnico.Un "buen" gabinete surge de la combinación de criterios que atienden a la circunstancia y objetivos del momento. Por ejemplo, cuando un presidente se encuentra en una situación minoritaria suele recurrir a los gabinetes de coalición -suponiendo que la oposición esté dispuesta- o cuando menos a personas fuera de la órbita partidaria que recaben la aprobación de la oposición. En momentos de crisis se busca a expertos que generen confianza y apoyos o que representen un cambio de política. En momentos de estabilidad y gobiernos mayoritarios la norma son los gabinetes partidistas. Ninguno es perfecto pero existe un quid pro quo entre nombramientos partidarios que generan lealtades, nombramientos políticos que forjan alianzas y nombramientos técnicos que promueven políticas públicas eficientes. El quid está en combinar los criterios adecuadamente.El presidente Calderón ha usado la facultad extensamente: 11 carteras y 15 titulares en tres años. Los cambios han obedecido a distintas causas: mal desempeño, desgaste, pleitos internos, desconfianza, presiones de fuera, futurismo político. De lo que no hay duda es de los criterios que ha privilegiado. Si la conformación inicial del gabinete expresaba una mezcla de criterios técnicos, políticos y partidistas, todos los que vinieron después mantienen una impresionante regularidad: el criterio partidario y dentro de éste el de la lealtad o pertenencia al círculo más cercano.Lo curioso es que ninguno de los movimientos haya obedecido a un cambio de rumbo. A pesar de que se ha anunciado la intención de dejar de administrar para pasar a un activismo cuasi-revolucionario, no se ha aprovechado la facultad de nombramiento para operar tal cambio. Lo que tenemos es una gran inestabilidad en el gabinete acompañada de una gran estabilidad en las políticas. Resulta pues dudoso que el Presidente esté aprovechando de la mejor manera su facultad de nombramiento.Desde luego se vale. Pero privilegiar un criterio sobre el resto tiene consecuencias. Los gabinetes partidistas no dejan duda sobre en quién recae la responsabilidad del desempeño.Esto no quiere decir, sin embargo, que la facultad de nombramiento deba ser limitada a través de su ratificación por el Congreso. He argumentado con anterioridad (Reforma, 6/10/2009, y Nexos, diciembre 2009) que la ratificación de gabinete no lleva a la despolitización de los nombramientos, la mejor calidad profesional de los equipos de gobierno o la mayor estabilidad de las políticas. Sí en cambio abre un nuevo frente de litigio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por eso, si de reformas se trata sería mejor apretar los criterios para la ocupación de ciertas carteras y asegurarse que, a través del servicio civil de carrera, se mantenga eso que se llama el gobierno permanente y que da certidumbre y estabilidad a las democracias.
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