MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZEn muchas sociedades democráticas modernas conviven distintas formas de comprender y valorar los fenómenos sociales. El pluralismo parece ser la regla general en toda democracia, al revés de lo que sucede con los sistemas autoritarios o dictatoriales, en los que existe solamente una escala de valores.
En ciertos temas puede ser que ese pluralismo se extreme, generando posturas abiertamente contradictorias e incluso —a veces— irreconciliables. ¿Cómo se pueden resolver tales puntos de vista? Los países más avanzados normalmente llevan hasta sus tribunales constitucionales esos dilemas de gran calado, a fin de que los jueces sean los que decidan la cuestión, con base en el derecho y no en las convicciones personales que pudieran tener cada uno de ellos.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, en mi calidad de integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, le hice una solicitud formal al nuevo presidente para que ejerciera sus facultades legales para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones locales que penalización la interrupción voluntaria del embarazo. Debo decir que el presidente de la CNDH se mostró atento y receptivo, quedando en que iba a estudiar el tema. Más tarde hizo una declaración a los medios señalando que la postura de la CNDH se basaría en lo que resolvió el año pasado la SCJN, en relación con la despenalización del aborto en el DF. Para ser congruente con ese punto de vista lo único factible sería presentar la acción de inconstitucionalidad, dado que el criterio de la Corte es precisamente contrario a lo que han venido legislando 17 entidades federativas.
No importan las convicciones personales del doctor Raúl Plascencia o de los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. La ventaja de llevar el tema ante la SCJN es que se le pide a un árbitro que, con la neutralidad que tiene una decisión basada en el derecho como regla general de la convivencia, decida cómo se deben proteger los derechos que están en juego. Plascencia lo dijo con claridad: se buscará “una postura institucional”. Bravo por eso.
Cuando el anterior presidente de la CNDH, el doctor José Luis Soberanes, interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma del DF en materia de aborto, yo estuve en contra. Con el paso del tiempo, sin embargo, debo reconocer que la decisión de Soberanes tuvo varios efectos positivos, ya que permitió un debate serio e informado sobre un tema que es del interés de todos los que vivimos en México. Además, por primera vez en muchos años vimos un debate de fondo en el pleno de la Suprema Corte sobre el alcance de los derechos fundamentales en cuestión. Por otra parte, la decisión redactada por el ministro José Ramón Cossío fue acertada en términos generales y permite que México se sume a una poderosa corriente internacional en materia de derechos de las mujeres. Con esa decisión ganamos todos.
Cuando hay temas tan delicados como el del aborto, lo peor que se puede hacer es descalificar las posturas de quienes no piensan como nosotros. Hay que hacer un esfuerzo para ponerse en los zapatos del otro, partiendo de la idea de que casi todos los participantes en el debate lo hacen de buena fe. No se vale imponer opciones ideológicas utilizando el poder del Estado para legislar. Es mejor que sean los jueces los que, con base únicamente en la razón jurídica, resuelvan el problema. El asunto delicado es que, para que la Suprema Corte pueda actuar, debe ser instada para ello por un órgano legitimado. De ahí mi petición al presidente de la CNDH.
Él es el único que, dentro de la CNDH, puede tomar la decisión. Los integrantes del Consejo Consultivo podemos y debemos manifestar nuestro punto de vista, porque para eso fuimos nombrados por el Senado de la República. Pero la ley hace descansar todo el peso de la decisión, para bien o para mal, en la persona del presidente de la Comisión. A partir de la decisión que tome, podremos sin duda observar con detalle hasta dónde llega el compromiso con los derechos de todos de Raúl Plascencia. Es la primera prueba de fuego de su recién inaugurado cargo. Ojalá la sepa aprovechar. El balón está en su cancha, presidente.
En ciertos temas puede ser que ese pluralismo se extreme, generando posturas abiertamente contradictorias e incluso —a veces— irreconciliables. ¿Cómo se pueden resolver tales puntos de vista? Los países más avanzados normalmente llevan hasta sus tribunales constitucionales esos dilemas de gran calado, a fin de que los jueces sean los que decidan la cuestión, con base en el derecho y no en las convicciones personales que pudieran tener cada uno de ellos.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, en mi calidad de integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, le hice una solicitud formal al nuevo presidente para que ejerciera sus facultades legales para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones locales que penalización la interrupción voluntaria del embarazo. Debo decir que el presidente de la CNDH se mostró atento y receptivo, quedando en que iba a estudiar el tema. Más tarde hizo una declaración a los medios señalando que la postura de la CNDH se basaría en lo que resolvió el año pasado la SCJN, en relación con la despenalización del aborto en el DF. Para ser congruente con ese punto de vista lo único factible sería presentar la acción de inconstitucionalidad, dado que el criterio de la Corte es precisamente contrario a lo que han venido legislando 17 entidades federativas.
No importan las convicciones personales del doctor Raúl Plascencia o de los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. La ventaja de llevar el tema ante la SCJN es que se le pide a un árbitro que, con la neutralidad que tiene una decisión basada en el derecho como regla general de la convivencia, decida cómo se deben proteger los derechos que están en juego. Plascencia lo dijo con claridad: se buscará “una postura institucional”. Bravo por eso.
Cuando el anterior presidente de la CNDH, el doctor José Luis Soberanes, interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma del DF en materia de aborto, yo estuve en contra. Con el paso del tiempo, sin embargo, debo reconocer que la decisión de Soberanes tuvo varios efectos positivos, ya que permitió un debate serio e informado sobre un tema que es del interés de todos los que vivimos en México. Además, por primera vez en muchos años vimos un debate de fondo en el pleno de la Suprema Corte sobre el alcance de los derechos fundamentales en cuestión. Por otra parte, la decisión redactada por el ministro José Ramón Cossío fue acertada en términos generales y permite que México se sume a una poderosa corriente internacional en materia de derechos de las mujeres. Con esa decisión ganamos todos.
Cuando hay temas tan delicados como el del aborto, lo peor que se puede hacer es descalificar las posturas de quienes no piensan como nosotros. Hay que hacer un esfuerzo para ponerse en los zapatos del otro, partiendo de la idea de que casi todos los participantes en el debate lo hacen de buena fe. No se vale imponer opciones ideológicas utilizando el poder del Estado para legislar. Es mejor que sean los jueces los que, con base únicamente en la razón jurídica, resuelvan el problema. El asunto delicado es que, para que la Suprema Corte pueda actuar, debe ser instada para ello por un órgano legitimado. De ahí mi petición al presidente de la CNDH.
Él es el único que, dentro de la CNDH, puede tomar la decisión. Los integrantes del Consejo Consultivo podemos y debemos manifestar nuestro punto de vista, porque para eso fuimos nombrados por el Senado de la República. Pero la ley hace descansar todo el peso de la decisión, para bien o para mal, en la persona del presidente de la Comisión. A partir de la decisión que tome, podremos sin duda observar con detalle hasta dónde llega el compromiso con los derechos de todos de Raúl Plascencia. Es la primera prueba de fuego de su recién inaugurado cargo. Ojalá la sepa aprovechar. El balón está en su cancha, presidente.
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