La Suprema Corte ha ido tomando un espacio cada vez más relevante en el debate público nacional. Hace unos años nuestros máximos jueces no contaban en modo alguno. No se les conocía ni siquiera dentro del mundo jurídico; mucho menos en el ámbito político, económico, mediático o social. Hoy en día ya no es así, por fortuna. Los Ministros de la Corte deciden sobre casi todos los temas importantes de la agenda nacional. Lo mismo dictan sentencias en materia de libertad de expresión que se ponen a analizar la constitucionalidad de la bursatilización de deuda pública estatal. Parece que están en todo los Ministros. Por eso es que la renovación de dos sitiales en la máxima Corte es una excelente oportunidad para volver a preguntarnos qué tipo de jurisdicción constitucional queremos y quienes deben llevarla a cabo. Los Ministros salientes son dos “titanes” del mundo judicial; nada menos que Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel, ambos expresidentes de la Corte, ambos integrantes de la judicatura federal durante más de cuatro décadas. Azuela culmina el periodo más largo para un Ministro de la Corte: 26 años y medio ocupando el máximo escalafón judicial del país. Góngora es ya reconocido como el juez más combativo y uno de los más informados que ha pasado por nuestra Corte. Quienes hayan de ocupar sus lugares también están llamados a hacer historia, lo quieran o no. Todo parece indicar que el proceso de judicialización de la política que está viviendo México llegó para quedarse, de modo que es más que probable que seguiremos viendo una Corte muy activa en los años por venir. Esperemos que lleguen a ser Ministros personas que pongan por delante a la Constitución y los derechos fundamentales, antes que sus propias convicciones religiosas y morales, sus deseos de no molestar a los dueños de una empresa televisiva o sus aspiraciones políticas para cuando concluyan con su cargo. No lo digo hipotéticamente, sino con el fundamento de haber visto verdaderos despropósitos por parte de algunos Ministros en los años recientes. Depende del Senado su nombramiento, a partir de las ternas que hizo llegar al Presidente de la República, pero de todos nosotros mantenerlos vigilados y hacerlos que rindan cuentas, como sucede con el resto de los poderes públicos en un Estado de derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario