El Presidente presentó una importante propuesta de reforma política. Reacciono al bote pronto al discurso, sin conocer el texto enviado al Congreso.
1 y 2. Posibilidad de elección consecutiva de alcaldes, jefes delegacionales, senadores y diputados hasta por 12 años. En la época de las elecciones sin competencia hubiese sido impensable. Hoy, lo que se estaría abriendo es la posibilidad de reelección en los casos en que los candidatos cuenten con el apoyo de sus representados. Si bien se han sobrevendido las derivaciones virtuosas de esa posibilidad, tendrían una cauda positiva en la profesionalización del trabajo legislativo y en la posibilidad de trazar planes de mediano plazo en la gestión municipal.
3. Reducir el número de integrantes del Congreso. La reducción en sí no es un tema relevante (salvo para quienes claman que cuesta demasiado), puesto que la dinámica seguirá siendo, en lo fundamental, de grupos parlamentarios. Pero por fortuna en la Cámara de Diputados se deja una correlación idéntica entre uni y plurinominales. Se había especulado con la posibilidad de suprimir 100 plurinominales con lo cual se reforzaría la tendencia a la sobre y la sub-representación. Con 240 y 160, respectivamente, en términos de representatividad no existiría modificación alguna. Es bueno que así sea. En relación al Senado, la supresión de la lista nacional plurinominal parece conveniente. Esos legisladores en estricto sentido no representaban a ninguna entidad (aunque en su momento inyectaron pluralidad). Ahora bien, en este caso el elector podrá además tener un voto preferencial y poner en el primer lugar de la lista al que desee. Es una novedad dada nuestra tradición de listas bloqueadas y cerradas. Pero abrirá una competencia nada soterrada entre candidatos de un mismo partido. Y ello tendrá efectos de pronóstico reservado.
4. Incrementar al 4 por ciento la votación necesaria para que un partido mantenga o logre el registro. No entiendo el afán por excluir a minorías del Congreso. La propuesta se monta en un malestar social difuso e intenta explotarlo. Pero restar pluralidad al Congreso no parece una idea acertada, máxime que en todos los escenarios probables seguiremos reproduciendo un formato tripartidista que impide la formación de una mayoría estable y eso no se resuelve con la exclusión de los "pequeños".
5. Iniciativa ciudadana. Abrir la puerta para que un grupo de ciudadanos pueda iniciar el procedimiento legislativo resulta conveniente. Hasta ahora sólo el Ejecutivo y los legisladores tienen esa facultad. Habrá que ver su reglamentación (requisitos, número de firmas, etcétera) para poder emitir una opinión completa.
6. Candidaturas independientes. Tendremos partidos municipales, estatales, personalistas, efímeros o estables que ostentarán el nombre de "candidatos independientes". Estos últimos, a querer o no, acabarán cumpliendo las funciones de los partidos: agregar intereses, ser plataformas de lanzamiento de candidaturas, ser referentes del debate público, etcétera. Habrá que ver los requisitos para presentar "candidaturas independientes" y los derechos y obligaciones que tendrán.
7. Segunda vuelta en la elección presidencial. El problema fundamental para la gobernabilidad es la falta de apoyo mayoritario en el Congreso a la gestión presidencial. Y la segunda vuelta no incide en ese terreno. Ahora bien, si lo que se pretende es que no pueda llegar a la Presidencia ningún candidato que cuente con más aversiones que adhesiones, esa fórmula resulta una buena receta. Pero además se busca que la segunda vuelta presidencial coincida con la elección del Congreso. Se intenta que la fuerza de la candidatura presidencial "arrastre" votos para el Congreso. Si es así, la tercera fuerza será la perdedora neta.
8. Facultar a la Corte para presentar iniciativas de ley en el ámbito de sus competencias. Una buena medida para afinar el funcionamiento del Poder Judicial. Puede ser también una zona de tensiones entre ese poder y el Legislativo, cuando el segundo no acceda a las propuestas del primero.
9. Iniciativas preferentes. El Presidente podría presentar en el primer periodo de sesiones dos iniciativas que deben ser votadas por el Congreso en el tiempo que dure ese periodo. Es una muy buena fórmula para intentar trascender la parálisis legislativa y para que el titular del Ejecutivo fije sus prioridades. De todas formas el Congreso tendrá la última palabra, salvo que por su morosidad no ponga manos a la obra. Tratándose de una reforma constitucional, si el Legislativo no la vota, sería sometida a un referendo. El Presidente apelaría directamente al "soberano".
10. Facultar al Ejecutivo para hacer observaciones parciales o totales sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto aprobados por el Congreso, y establecer fórmulas de reconducción de los mismos. Lo primero anudaría la necesidad de diálogo entre poderes y lo segundo es una necesidad para casos de empantanamiento catastrófico.
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