JENARO VILLAMILUna llamada altanera de un alto funcionario de Televisa, el pasado fin de semana, provocó que el pasado lunes 7 la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión pagara sendos desplegados en la prensa para condenar al senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la comisión dictaminadora, por pretender impulsar una “reforma chavista” en materia de medios electrónicos.
El jalón de orejas de los “televisos” dejó desconcertados a los propios industriales de la radio que ya habían avalado, ante representantes del PRI y del PRD, una “minirreforma” en esta materia. Y si alguien saldría beneficiado con estos cambios legislativos –que incluían la figura de la prórroga administrativa, una especie de refrendo automático a las concesiones– eran los más de 300 concesionarios de radio que verán vencidas sus frecuencias de aquí al 2012.
Sin embargo, no fue esa la única sorpresa que se produjo en torno del dictamen. Los senadores del PAN, enterados del acuerdo entre el PRI y el PRD para sacar la reforma, y molestos porque se buscaba dictaminar y aprobar de manera fast track, advirtieron que irían a la Suprema Corte de Justicia para litigar en contra de los refrendos automáticos que violan la sentencia de la Ley Televisa.
La contradictoria operación política ante los sectores involucrados –no únicamente los concesionarios– y el intento de aprobar de manera apresurada un asunto tan delicado, provocó la desconfianza de distintos sectores y especialistas.
No es para menos. Desde el albazo de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –cuando se aprobó el 1 de diciembre de 2005, por unanimidad de todas las bancadas–, han colocado sus antenas para evitar una nueva contrarreforma que beneficie a los actores dominantes del sector.
El contexto es propicio también para la desconfianza. Apenas hace un mes se generó un agrio debate en el Congreso por la insistencia de una mayoría de legisladores del PRI y del PAN para aprobar un transitorio al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, que autorizó el privilegio de la exención fiscal a los próximos inversionistas en materia de telefonía móvil con triple play.
La exención generó una fractura entre los senadores del PAN y el gobierno federal, y demostró el poder de presión y de chantaje que ejercen los ejecutivos de Televisa –empresa que busca licitar en la banda 1.7Ghz– para imponerle sus condiciones a los legisladores.
Este es el problema fundamental que se ha generado, una y otra vez, desde que en 2001 el gobierno de Vicente Fox prometió e intentó impulsar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Televisa expresó su desacuerdo con esta reforma; presionó al gobierno de Fox y obtuvo, a través de la primera dama Martha Sahagún, el privilegio del decretazo que hizo desaparecer el 12.5% del tiempo-aire. En 2004 y 2005, cuando se volvió a discutir una reforma integral en medios, Televisa y los grupos, así como legisladores aliados al consorcio, frenaron el dictamen en el Senado.
Y en el 2006, al calor de las elecciones, se impuso de manera escandalosa un paquete de cambios conocidos como la Ley Televisa, que en realidad significaron una clara contrarreforma.
Desde ese año a la fecha, la clase política se ha arrodillado aún más a los requerimientos de las televisoras. Los gobernadores de todos los signos partidistas han seguido el modelo Peña Nieto para destinarle carretadas de dinero público, no fiscalizado, a las televisoras, a cambio de ganar impunidad en la pantalla.
El gobierno federal ha cedido en todo ante la demanda de Televisa. Los legisladores perdieron el impulso de la reforma electoral lograda en 2007, y sus principales coordinadores han acabado como correas de transmisión y brokers de los intereses de Su Majestad Televisa.
Durante todo 2009 ha habido un intento por revivir los puntos más polémicos de la Ley Televisa, a través de reformas parciales, decretos presidenciales o medidas administrativas que, en los hechos, acreditan el acaparamiento de la industria televisiva, ya no sólo del espectro radioeléctrico, sino también de las redes de telecomunicaciones.
Ahora, lograron presionar y confundir. Al parecer, el gobierno de Felipe Calderón estuvo involucrado en la operación para reventar la minirreforma del Senado.
El desplegado de la CIRT quizá fue un error muy grave para los concesionarios de radio. Sin embargo, el problema principal es querer legislar para darle gusto a los intereses creados en los medios electrónicos y olvidarse que una reforma auténtica no se hace con parches, sino con una cirugía mayor.
El jalón de orejas de los “televisos” dejó desconcertados a los propios industriales de la radio que ya habían avalado, ante representantes del PRI y del PRD, una “minirreforma” en esta materia. Y si alguien saldría beneficiado con estos cambios legislativos –que incluían la figura de la prórroga administrativa, una especie de refrendo automático a las concesiones– eran los más de 300 concesionarios de radio que verán vencidas sus frecuencias de aquí al 2012.
Sin embargo, no fue esa la única sorpresa que se produjo en torno del dictamen. Los senadores del PAN, enterados del acuerdo entre el PRI y el PRD para sacar la reforma, y molestos porque se buscaba dictaminar y aprobar de manera fast track, advirtieron que irían a la Suprema Corte de Justicia para litigar en contra de los refrendos automáticos que violan la sentencia de la Ley Televisa.
La contradictoria operación política ante los sectores involucrados –no únicamente los concesionarios– y el intento de aprobar de manera apresurada un asunto tan delicado, provocó la desconfianza de distintos sectores y especialistas.
No es para menos. Desde el albazo de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –cuando se aprobó el 1 de diciembre de 2005, por unanimidad de todas las bancadas–, han colocado sus antenas para evitar una nueva contrarreforma que beneficie a los actores dominantes del sector.
El contexto es propicio también para la desconfianza. Apenas hace un mes se generó un agrio debate en el Congreso por la insistencia de una mayoría de legisladores del PRI y del PAN para aprobar un transitorio al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, que autorizó el privilegio de la exención fiscal a los próximos inversionistas en materia de telefonía móvil con triple play.
La exención generó una fractura entre los senadores del PAN y el gobierno federal, y demostró el poder de presión y de chantaje que ejercen los ejecutivos de Televisa –empresa que busca licitar en la banda 1.7Ghz– para imponerle sus condiciones a los legisladores.
Este es el problema fundamental que se ha generado, una y otra vez, desde que en 2001 el gobierno de Vicente Fox prometió e intentó impulsar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Televisa expresó su desacuerdo con esta reforma; presionó al gobierno de Fox y obtuvo, a través de la primera dama Martha Sahagún, el privilegio del decretazo que hizo desaparecer el 12.5% del tiempo-aire. En 2004 y 2005, cuando se volvió a discutir una reforma integral en medios, Televisa y los grupos, así como legisladores aliados al consorcio, frenaron el dictamen en el Senado.
Y en el 2006, al calor de las elecciones, se impuso de manera escandalosa un paquete de cambios conocidos como la Ley Televisa, que en realidad significaron una clara contrarreforma.
Desde ese año a la fecha, la clase política se ha arrodillado aún más a los requerimientos de las televisoras. Los gobernadores de todos los signos partidistas han seguido el modelo Peña Nieto para destinarle carretadas de dinero público, no fiscalizado, a las televisoras, a cambio de ganar impunidad en la pantalla.
El gobierno federal ha cedido en todo ante la demanda de Televisa. Los legisladores perdieron el impulso de la reforma electoral lograda en 2007, y sus principales coordinadores han acabado como correas de transmisión y brokers de los intereses de Su Majestad Televisa.
Durante todo 2009 ha habido un intento por revivir los puntos más polémicos de la Ley Televisa, a través de reformas parciales, decretos presidenciales o medidas administrativas que, en los hechos, acreditan el acaparamiento de la industria televisiva, ya no sólo del espectro radioeléctrico, sino también de las redes de telecomunicaciones.
Ahora, lograron presionar y confundir. Al parecer, el gobierno de Felipe Calderón estuvo involucrado en la operación para reventar la minirreforma del Senado.
El desplegado de la CIRT quizá fue un error muy grave para los concesionarios de radio. Sin embargo, el problema principal es querer legislar para darle gusto a los intereses creados en los medios electrónicos y olvidarse que una reforma auténtica no se hace con parches, sino con una cirugía mayor.
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