JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZLos datos revelados por EL UNIVERSAL sobre el descontento en Ciudad Juárez por la inseguridad son particularmente reveladores. Las quejas de la población son por igual contra delincuentes, policías y militares. Aparentemente, en la retórica ciudadana no hay diferencias entre estos tres. Esto debe analizarse con cuidado. No obstante, no es difícil encontrar una primera causa. Las quejas coinciden en la necesidad de revisar la forma en la que operan los cuerpos de seguridad. Las quejas sobre abuso de autoridad y otras arbitrariedades no son sólo inconvenientes que enfrentan los cuerpos de seguridad. Se ha dicho hasta la saciedad: si las autoridades no son las primeras en respetar la ley cuando persiguen delincuentes, la distinción entre unos y otros tiende a desvanecerse. ¿Qué diferencia hay entre una autoridad que tortura o que fabrica pruebas y un delincuente?
Debemos empezar por reconocer que liberar los cuerpos de seguridad para facilitar su actuación no es la mejor manera de resolver la crisis de seguridad. Tampoco lo es pensar que con la modificación de las leyes y la reducción de las garantías de los ciudadanos se puede resolver el problema. Nuestra crisis va más allá. Las autoridades deben empezar por reconocer que la propia ciudadanía empieza a tener una marcada desconfianza hacia todos los cuerpos de seguridad. Esto no se arregla con operativos o detenciones multitudinarias. El camino de la confianza en un Estado democrático de derecho se construye con regularidad en la aplicación de la ley y la convicción de que toda acción del Estado gira en torno al bienestar ciudadano.
Detenciones ilegales, ingresos a domicilios sin órdenes judiciales, tortura para obtener información. Estos datos se entremezclan con los informes sobre el número de muertes en un día determinado y las acciones exitosas de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, sorprende la falta de noticias sobre procesos a funcionarios que abusan de los ciudadanos con el poco claro propósito de hacer cumplir la ley. Cuando existen denuncias las corporaciones tienden a retraerse, se ocultan y optan por ignorar las irregularidades. En ocasiones la sensación es que los excesos parecen ser premiados con el falso argumento de que aumentan la efectividad en el combate al crimen. El mensaje al exterior es terrible. Si la autoridad no tiene interés o es incapaz de reprimir los abusos que cometen los miembros de los cuerpos de seguridad, ¿qué esperanza tenemos los ciudadanos de la protección de nuestras garantías? ¿Debemos confiar ciegamente en quien utiliza el abuso y la fuerza bruta como estrategia para defendernos?
Pero incluso al margen de la voluntad institucional por revisar y castigar a quienes se apartan de la ley, es necesario reconocer que los mecanismos para evaluar el desempeño de los integrantes de los cuerpos de seguridad son deficientes. Al igual que en muchas otras instituciones del país, la rendición de cuentas es un concepto sin contenido en los cuerpos de seguridad. Lo peor es que cuando existen algunos indicadores su diseño puede traer efectos adversos. Por ejemplo, cuotas en el área de detenciones genera incentivos para detener a cuanto ciudadano pase por la vista de los policías.
Finalmente, conviene señalar que esta situación no es atribuible directamente a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Quienes están en las calles se encuentran en situaciones de tensión y es difícil prever sus reacciones. Estoy seguro que en su mayoría son personas valientes y comprometidas. El problema está en los mandos y en las políticas que buscan implementar. Si no existe una clara convicción en la necesidad de mantener un escrupuloso respeto a la ley entre los mandos, es difícil esperar que quienes se encuentran en la calle tengan directivas claras. La exigencia de respetar los derechos de los ciudadanos no es simple idealismo. Es el sustento de las relaciones entre autoridad y ciudadanos. Los llamados son cada vez más claros. Nuestra sociedad no se va a acostumbrar a vivir sometida a la delincuencia y al abuso de autoridad en su aparente lucha con los criminales. La exigencia es clara: los delincuentes deben ser detenidos y procesados, pero sus detenciones y procesos deben hacerse en el marco legal.
Debemos empezar por reconocer que liberar los cuerpos de seguridad para facilitar su actuación no es la mejor manera de resolver la crisis de seguridad. Tampoco lo es pensar que con la modificación de las leyes y la reducción de las garantías de los ciudadanos se puede resolver el problema. Nuestra crisis va más allá. Las autoridades deben empezar por reconocer que la propia ciudadanía empieza a tener una marcada desconfianza hacia todos los cuerpos de seguridad. Esto no se arregla con operativos o detenciones multitudinarias. El camino de la confianza en un Estado democrático de derecho se construye con regularidad en la aplicación de la ley y la convicción de que toda acción del Estado gira en torno al bienestar ciudadano.
Detenciones ilegales, ingresos a domicilios sin órdenes judiciales, tortura para obtener información. Estos datos se entremezclan con los informes sobre el número de muertes en un día determinado y las acciones exitosas de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, sorprende la falta de noticias sobre procesos a funcionarios que abusan de los ciudadanos con el poco claro propósito de hacer cumplir la ley. Cuando existen denuncias las corporaciones tienden a retraerse, se ocultan y optan por ignorar las irregularidades. En ocasiones la sensación es que los excesos parecen ser premiados con el falso argumento de que aumentan la efectividad en el combate al crimen. El mensaje al exterior es terrible. Si la autoridad no tiene interés o es incapaz de reprimir los abusos que cometen los miembros de los cuerpos de seguridad, ¿qué esperanza tenemos los ciudadanos de la protección de nuestras garantías? ¿Debemos confiar ciegamente en quien utiliza el abuso y la fuerza bruta como estrategia para defendernos?
Pero incluso al margen de la voluntad institucional por revisar y castigar a quienes se apartan de la ley, es necesario reconocer que los mecanismos para evaluar el desempeño de los integrantes de los cuerpos de seguridad son deficientes. Al igual que en muchas otras instituciones del país, la rendición de cuentas es un concepto sin contenido en los cuerpos de seguridad. Lo peor es que cuando existen algunos indicadores su diseño puede traer efectos adversos. Por ejemplo, cuotas en el área de detenciones genera incentivos para detener a cuanto ciudadano pase por la vista de los policías.
Finalmente, conviene señalar que esta situación no es atribuible directamente a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Quienes están en las calles se encuentran en situaciones de tensión y es difícil prever sus reacciones. Estoy seguro que en su mayoría son personas valientes y comprometidas. El problema está en los mandos y en las políticas que buscan implementar. Si no existe una clara convicción en la necesidad de mantener un escrupuloso respeto a la ley entre los mandos, es difícil esperar que quienes se encuentran en la calle tengan directivas claras. La exigencia de respetar los derechos de los ciudadanos no es simple idealismo. Es el sustento de las relaciones entre autoridad y ciudadanos. Los llamados son cada vez más claros. Nuestra sociedad no se va a acostumbrar a vivir sometida a la delincuencia y al abuso de autoridad en su aparente lucha con los criminales. La exigencia es clara: los delincuentes deben ser detenidos y procesados, pero sus detenciones y procesos deben hacerse en el marco legal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario