JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKYNo hay escape: el tema del combate al narcotráfico fue colocado por el gobierno federal en el primer lugar de sus prioridades y hoy su secuela obliga a pensar en el presente y el futuro de dicha definición estratégica. Presento unas notas balbuceantes.
Soy de los que piensan que lo mejor que puede pasarle a nuestro país y al mundo es que la producción, circulación, venta y consumo de las drogas sea legalizado o, como se apunta certeramente en la revista Nexos de octubre, reglamentado. De tal suerte que un problema policiaco, de seguridad pública, que genera una estela de incertidumbre y muertes, acabe convirtiéndose en un asunto de salud, como ha sucedido, por ejemplo, con el alcohol.
Sin embargo, creo detectar bajo la pequeña ola de opinión que postula la legalización de las drogas dos corrientes que pueden coincidir en la receta, pero cuyos argumentos son radicalmente distintos. Comparto unos y me preocupan otros. Intento explicarme.
Modificar el status legal de las drogas desataría una cauda de derivaciones venturosas: transformaría una "guerra" en una "rutina"; una actividad que se reproduce en la clandestinidad en una que transcurre a la luz del día, liberaría un buen número de recursos para aplicarlos en actividades centrales para la reproducción de la vida social, frenaría la espiral de violencia y destrucción e incluso ampliaría los márgenes de libertad de los individuos mayores de edad (además de Nexos vale la pena consultar: Rodolfo Vázquez (compilador) ¿Qué hacer con las drogas?, Fontamara, ITAM, 2010).
Por supuesto que como cualquier otra política generaría también derivaciones perversas, la más importante quizá, la de un incremento inicial en el consumo de drogas, con los efectos nocivos para la salud que son conocidos y que no vale la pena minusvaluar. Pero entonces ya no estaríamos ante un problema delincuencial, sino de salud que sería menester atacar con instrumentos y fórmulas totalmente distintas. Habría que realizar importantes campañas de educación a través de la escuela y los medios para ilustrar los efectos nocivos que dicho consumo acarrea y atender por supuesto a las víctimas de las adicciones.
Se trata de una visión que sabe que no todo aquello que resulta nocivo (o que nos parece nocivo) puede ser erradicado y que más vale entonces ofrecerle el cauce menos agresivo, en términos sociales, para su existencia. Es decir, no se trata de hacer la apología de las drogas, dado que su consumo afecta y en ocasiones destruye. Pero su despenalización ayudaría a colocarlas en el marco menos disruptivo para la convivencia social.
Para quienes creen que sus visiones particulares de lo que debe ser la realidad pueden ser impuestas a través de prohibiciones y persecución, los argumentos anteriores les resultarán contradictorios. ¿Cómo legalizar lo que causa daño?, se preguntarán y con razón. Y la respuesta quizá sea: porque el anhelo de su erradicación completa genera más males que su eventual producción, venta y consumo bajo la tutela estatal.
En ese marco, los adultos tendrían la libertad de escoger, el Estado regularía esa actividad, desplegaría sus esfuerzos para desincentivar el consumo de drogas y eventualmente tendríamos problemas de salud acotados y no "guerras" con su cauda incalculable de muertos, destrucción, inseguridad.
Me inquietan, sin embargo, otros razonamientos que llegan a la misma conclusión, pero a través de argumentos que no solamente no comparto, sino que me preocupan: la idea de que en México, dado el estado ruinoso de nuestras instituciones encargadas de la persecución del crimen y la impartición de justicia, la "guerra" contra las drogas no puede ser ganada. Lo que supondría que las bandas delincuenciales tienen una capacidad económica, de fuego, de inteligencia, incluso de apoyo social, superiores a las de las instituciones estatales. No creo que eso sea verdad (y no sé si debería escribir: no quiero creer que eso sea verdad). Pero si así fuera no podríamos aceptarlo y dar vuelta a la hoja.
La "guerra contra el narco" ciertamente ha puesto en evidencia las debilidades de nuestras policías, ministerios públicos, jueces y hasta de las administraciones de los penales. Pero con o sin combate a las drogas tenemos que fortalecer esas instituciones. No puede ser por abandono, por incapacidad, por el estado lamentable de algunas de nuestras instituciones, que se proponga cancelar la lucha contra el narcotráfico.
Tarde o temprano y espero que sea más temprano que tarde estamos obligados a reconstruir todo el sistema de persecución de las transgresiones a la ley e impartición de justicia. Se trata de uno de los pilares de cualquier Estado de derecho o de Estado a secas, que hace posible la convivencia medianamente armónica de una sociedad, y con o sin narcos, estamos obligados a cimentar policías eficientes, ministerios públicos profesionales, jueces comprometidos con la ley y la justicia y centros de reclusión que no sean escuelas del crimen.
Soy de los que piensan que lo mejor que puede pasarle a nuestro país y al mundo es que la producción, circulación, venta y consumo de las drogas sea legalizado o, como se apunta certeramente en la revista Nexos de octubre, reglamentado. De tal suerte que un problema policiaco, de seguridad pública, que genera una estela de incertidumbre y muertes, acabe convirtiéndose en un asunto de salud, como ha sucedido, por ejemplo, con el alcohol.
Sin embargo, creo detectar bajo la pequeña ola de opinión que postula la legalización de las drogas dos corrientes que pueden coincidir en la receta, pero cuyos argumentos son radicalmente distintos. Comparto unos y me preocupan otros. Intento explicarme.
Modificar el status legal de las drogas desataría una cauda de derivaciones venturosas: transformaría una "guerra" en una "rutina"; una actividad que se reproduce en la clandestinidad en una que transcurre a la luz del día, liberaría un buen número de recursos para aplicarlos en actividades centrales para la reproducción de la vida social, frenaría la espiral de violencia y destrucción e incluso ampliaría los márgenes de libertad de los individuos mayores de edad (además de Nexos vale la pena consultar: Rodolfo Vázquez (compilador) ¿Qué hacer con las drogas?, Fontamara, ITAM, 2010).
Por supuesto que como cualquier otra política generaría también derivaciones perversas, la más importante quizá, la de un incremento inicial en el consumo de drogas, con los efectos nocivos para la salud que son conocidos y que no vale la pena minusvaluar. Pero entonces ya no estaríamos ante un problema delincuencial, sino de salud que sería menester atacar con instrumentos y fórmulas totalmente distintas. Habría que realizar importantes campañas de educación a través de la escuela y los medios para ilustrar los efectos nocivos que dicho consumo acarrea y atender por supuesto a las víctimas de las adicciones.
Se trata de una visión que sabe que no todo aquello que resulta nocivo (o que nos parece nocivo) puede ser erradicado y que más vale entonces ofrecerle el cauce menos agresivo, en términos sociales, para su existencia. Es decir, no se trata de hacer la apología de las drogas, dado que su consumo afecta y en ocasiones destruye. Pero su despenalización ayudaría a colocarlas en el marco menos disruptivo para la convivencia social.
Para quienes creen que sus visiones particulares de lo que debe ser la realidad pueden ser impuestas a través de prohibiciones y persecución, los argumentos anteriores les resultarán contradictorios. ¿Cómo legalizar lo que causa daño?, se preguntarán y con razón. Y la respuesta quizá sea: porque el anhelo de su erradicación completa genera más males que su eventual producción, venta y consumo bajo la tutela estatal.
En ese marco, los adultos tendrían la libertad de escoger, el Estado regularía esa actividad, desplegaría sus esfuerzos para desincentivar el consumo de drogas y eventualmente tendríamos problemas de salud acotados y no "guerras" con su cauda incalculable de muertos, destrucción, inseguridad.
Me inquietan, sin embargo, otros razonamientos que llegan a la misma conclusión, pero a través de argumentos que no solamente no comparto, sino que me preocupan: la idea de que en México, dado el estado ruinoso de nuestras instituciones encargadas de la persecución del crimen y la impartición de justicia, la "guerra" contra las drogas no puede ser ganada. Lo que supondría que las bandas delincuenciales tienen una capacidad económica, de fuego, de inteligencia, incluso de apoyo social, superiores a las de las instituciones estatales. No creo que eso sea verdad (y no sé si debería escribir: no quiero creer que eso sea verdad). Pero si así fuera no podríamos aceptarlo y dar vuelta a la hoja.
La "guerra contra el narco" ciertamente ha puesto en evidencia las debilidades de nuestras policías, ministerios públicos, jueces y hasta de las administraciones de los penales. Pero con o sin combate a las drogas tenemos que fortalecer esas instituciones. No puede ser por abandono, por incapacidad, por el estado lamentable de algunas de nuestras instituciones, que se proponga cancelar la lucha contra el narcotráfico.
Tarde o temprano y espero que sea más temprano que tarde estamos obligados a reconstruir todo el sistema de persecución de las transgresiones a la ley e impartición de justicia. Se trata de uno de los pilares de cualquier Estado de derecho o de Estado a secas, que hace posible la convivencia medianamente armónica de una sociedad, y con o sin narcos, estamos obligados a cimentar policías eficientes, ministerios públicos profesionales, jueces comprometidos con la ley y la justicia y centros de reclusión que no sean escuelas del crimen.
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