LAS BATALLAS DEL PRESUPUESTO

JAVIER CORRAL JURADO

Con sus pinceladas finas y sus manchas de brocha gorda, la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) pinta de cuerpo entero a la clase política gobernante. Es un proceso en el que tiene presencia como en ningún otro escenario la descripción más realista y, por ello, más dramática de los actores políticos del país, dibujados tanto en sus ansias como en sus convicciones, en sus causas y en sus ambiciones; están ahí también sus arrojos, sus miedos y resistencias. En el interior de cada una de las bancadas, y entre ellas, así como de la burocracia en los municipios, los estados y la federación.
Con logros para una mayor transparencia y nuevas reglas de fiscalización para rendición de cuentas, en cuyo impulso se distinguió el PAN, y con novedades para la agenda social y de los derechos humanos, el presupuesto 2011 deja la alerta de que el método se ha agotado. El haber usado otra vez un reloj que así como detiene el tiempo también lo alarga, y presumiblemente con ello cumple el plazo en el calendario fatal de la fecha constitucional, es su mejor prueba. Los legisladores no aprobamos en tiempo el presupuesto y se debe al método, que es estrategia para que el Congreso no ejerza cabalmente la facultad de reorientar el gasto en los grandes ejes porque, al hacerlo, podría virar no sólo el destino de las finanzas gubernamentales, sino el modelo económico, que tiene en el presupuesto su principal palanca.
A la estrategia dilatoria se ha agregado una táctica distractora: en 2000 se abrió la posibilidad de que los diputados adicionemos y reasignemos partidas específicas en rubros determinados o por determinar, a través de una bolsa que este año no pasó los 90 mil millones de pesos. Son pocos los legisladores que se sustraen de la pepena de milloncitos en el tianguis de San Lázaro para asegurar el camino rural, el tramo carretero o los boilers solares. A un lado, sin discusión, quedan 3 billones 400 mil millones de pesos, intactos. Esa es la realidad, sólo 0.3% del presupuesto es sujeto de ese jaloneo. Esa dinámica debe cambiar.
Dentro de ese esquema, por muy insignificante que resulte en el monto global del PEF, hay también datos importantes que no debemos regatear, en los que se libran batallas importantes que señalan conductas de los legisladores. Me refiero, por ejemplo, a tres hechos que conviene resaltar en cuanto a su significado esperanzador.
El primero corresponde a la concurrencia del PRI, PAN y PRD en la aprobación del PEF, y digo sobre todo del PRD a través de su coordinador Encinas, puesto que su participación en las negociaciones ha dado más equilibrio a la distribución de recursos y al impulso de nuevas normas de transparencia, a la vez que esta corriente de la izquierda empieza a atajar la idea de que aunque negocien, nunca cumplen. Es resultado de la apuesta que por una mayor inclusión y equilibrio en la Cámara de Diputados por parte de Josefina Vázquez Mota, de lo cual da muestras también el actual proceso de selección final de consejeros del IFE, en el que la decisión se ha aplazado en busca del consenso más amplio posible.
Otra batalla a resaltar es el reforzamiento de reglas para una mayor fiscalización en el contenido del decreto, en el que se logró diversas obligaciones de información para estados y municipios tanto en el ejercicio y destino de los recursos, avance físico de las obras y acciones, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, y los resultados de las evaluaciones, todo ello con el objeto de ir vinculando la asignación presupuestal a los resultados del desempeño.
El PAN se propuso desde el inicio mayor transparencia en los fondos del ramo 33 (aportaciones), en cuyo empeño colocó al diputado Agustín Torres. De esa batalla resultó el artículo 9 del decreto, en el que los estados y municipios deberán publicar la distribución por municipio de las aportaciones federales y su calendario de gasto en su diario oficial; los estados deberán tener sólo una cuenta por cada fondo de aportaciones; en ella se manejarán los recursos del fondo correspondiente y sus rendimientos financieros. Las cuentas específicas no podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen beneficiarios de las obras y acciones. No se podrán transferir recursos entre fondos y hacia cuentas en que se disponga de otro tipo de recursos. Se crean reglas de transparencia para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
También muy significativa para la democratización del país y en relación con la transparencia fue la batalla por el presupuesto del IFAI. Recortado por la burocracia de la SHCP, en mezquina represalia por la resolución que ordenó transparentar los créditos fiscales cancelados en el 2007, la Cámara de Diputados dotó de los recursos necesarios para que cumpliera con su nuevo mandato legal en la protección de datos personales, y de paso quedó manifiesto el apoyo y reconocimiento plural que el organismo se ha ganado.