MITOS EN CÓMICS

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

¿La invitación del Presidente a los estudiantes universitarios implica que sirvan a los cuerpos policíacos al mismo tiempo que estudian, o que abandonen sus estudios para servir exclusivamente a esos cuerpos? Lo primero resultaría dificilísimo para los jóvenes y lo segundo sería de plano sacarlos de la Universidad o universidades. ¿Cree realmente el Presidente que ingresar, por ejemplo, en las filas de la Policía Federal es una "opción de vida y de desarrollo profesional"? ¿No se da cuenta de que ante todo es una opción de muerte en virtud de las circunstancias por las que atraviesa México? Él ha sostenido en distintas ocasiones que para abatir la delincuencia es imprescindible educar a los jóvenes. ¿No hay acaso una contradicción entre esto y pedir que abandonen o dificulten sus estudios universitarios? Pero he aquí algo que no es una pregunta. En Chihuahua se sentenció a una persona a la prisión perpetua y ahora la Fiscalía del Estado prepara lo conducente para solicitar dicha pena en el caso de treinta acusados o imputados. ¿No hay una contradicción entre ello y la Constitución Federal que en su artículo 18 consagra la readaptación social -el regreso a la sociedad- de los sentenciados condenatoriamente? Me entero en las noticias de que el pasado jueves 3 del presente mes dos "activistas sociales" y una connotada líder sindical reconocieron la "lucha anticrimen", mejor la "guerra", que lleva a cabo el Presidente de la República. ¿Conocerán a su vez los errores garrafales de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, donde se consagra la presunción de inocencia pero se conservan el arraigo y la prisión preventiva? ¿Sabrán de la falta de fundamento constitucional para que las Fuerzas Armadas se hayan involucrado en tal guerra? Ellas junto con otros "activistas sociales" han pedido la desaparición del fuero. ¿Estarán enterados ellas y ellos de que el artículo 13 de la Constitución lo prohíbe expresamente, por lo que harían mejor en hablar, para no confundir a la opinión pública, de la desaparición del abuso de poder (lo que no tiene que ver con las leyes sino con los hombres y sus nefastas costumbres)? ¿De qué sirve, me digo, la flamante reforma a la Ley de Amparo en medio de un panorama como el atrás señalado? Es decir, el Presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alaban tal reforma sosteniendo respectivamente que "ofrecerá una plena cobertura de los derechos humanos" y "otorgará nuevas herramientas, nuevas armas, para atender los reclamos de justicia de la sociedad en el marco de la Constitución y las leyes". ¿No son los derechos humanos y las garantías individuales conculcados con muchas disposiciones antijurídicas de la reforma constitucional de 2008, como el arraigo, la prisión preventiva y la extinción de dominio sin sentencia judicial? Para atender los reclamos de justicia de la sociedad no era necesario esperar la aparición de una reforma en la Ley de Amparo. Los casos de la guardería de niños ABC en Sonora, de los contratos incentivados en materia de petróleo que violan los términos del artículo 27 de la Constitución y de la extinción arbitraria e inconstitucional del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, desconociendo el derecho de audiencia de los trabajadores, son ejemplos sobresalientes de que cuando no hay voluntad política ni judicial ninguna ley sirve en realidad; siendo que con malas leyes, o regulares, la buena voluntad de los gobernantes y de los jueces ha garantizado la prevalencia de los derechos individuales y de grupo. ¿Por qué cantan victoria los que no han respetado la Constitución ni tampoco las leyes que de ella emanan?
Los mitos se cuentan en comics y con una propaganda manipulada. Les asiste la razón a los líderes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Gobierno Federal no ha modificado su estrategia. Alejandro Poiré no dice la verdad.