¿ASÍ RUMBO AL 2012?

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

El Panorama político es entre caótico y confuso si nos atenemos a las noticias difundidas en los medios. En efecto, habida cuenta de que las próximas elecciones para gobernador en el Estado de México son de vital importancia en el proceso electoral de 2012, llama la atención que Eruviel Ávila, candidato del PRI, haya dicho que si triunfa el 3 de julio presentará el primer día de su mandato una iniciativa al Congreso mexiquense con el objeto de establecer la cadena perpetua para pederastas, violadores, "feminicidas" y secuestradores, añadiendo que su iniciativa responde a una exigencia ciudadana. "La gente quiere penas más severas para los delincuentes y voy a atender esa petición", concluyó. Esto por una parte. Por la otra, en su solicitud al Congreso de la Unión para que se lleve a cabo un período extraordinario de sesiones, el Presidente de la República propuso discutir la necesidad de "legislaciones de seguridad nacional" que regulen "de mejor manera la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior"*. Y por último Ernesto Cordero, aspirante del PAN a la Presidencia de la Republica, sostuvo de manera categórica que en México se está utilizando la estrategia correcta en materia de delincuencia organizada y que si llega a la Presidencia "continuará con ella". Analizo ahora las declaraciones anteriores que de alguna forma extraña son coincidentes. El que la gente pida penas más severas para los delincuentes, o para ciertos delincuentes, no significa que le asista la razón; y probado está que las penas duras son contraproducentes e ineficaces (la prisión perpetua, que no cadena, es equivalente a la pena de muerte). Se trata en la gente de un impulso natural de defensa, casi intuitivo, que el Estado y el legislador deben atender con el mayor cuidado adecuándolo a la defensa de la sociedad sin perder de vista su utilidad, o sea, su potencialidad de eficacia para disminuir la criminalidad, ni tampoco omitiendo que el fin de la pena en los términos del artículo 18 de nuestra Constitución es la readaptación social del delincuente (no de un muerto o de un preso de por vida); por lo que en ningún Estado del interior del país se deben tomar medidas o adoptar soluciones contrarias a ese precepto constitucional, salvo que se lo derogue. Y cosa similar pasa con la petición del Presidente. La Constitución es muy clara en la especie, la fracción VI de su artículo 89 prescribe la función y tarea de la totalidad de la Fuerza Armada remitiéndose a "los términos de la ley respectiva" (la cual no puede rebasar a la Carta Magna), que hasta el día de hoy no faculta al Presidente para ordenarle a tal Fuerza lo que le ha ordenado hacer en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. En tal virtud sugerir nuevas "legislaciones de seguridad nacional" que regulen "de mejor manera la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior", es inconcebible sin una previa reforma a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución. ¿Qué no lo ha pensado el Presidente que se supone conoce la Carta Magna en lo tocante a sus atribuciones? ¿Y qué decir de la afirmación de Ernesto Cordero en el sentido de que si triunfa en 2012 continuará con la actual estrategia para enfrentar la violencia criminal? Ni siquiera se le ocurrió en nombre de la democracia atender los reclamos de que se cambie aquélla.

En conclusión, tres actores políticos de primer relieve ignoran o desdeñan la Constitución, el Derecho y las opiniones de un crecido, muy crecido, número de mexicanos. Es preocupante y alarmante que los asuntos de mayor trascendencia para México no se pongan a debate abierto y democrático. El mensaje de lo que critico es que hay una clase política soberbia, casada a ultranza con sus ideas y que recuerda extrañamente a los "científicos" de otros tiempos, dueños absolutos -creían- de la verdad. Trátese del partido que sea. ¿Así llegaremos a las elecciones presidenciales de 2012, sin ventilar ideas, sujetos -sometidos- a una y mil formas de intereses doctrinales, económicos o políticos?

*Cerca de 40 mil mexicanos han salido del país al extranjero bajo el estatus de refugiados o asilados políticos, desde que el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; y más de 81 mil desde que Acción Nacional llegara al poder, de acuerdo con informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).