CAMPAÑAS, S.A.

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Cuando el próximo domingo por la noche se den a conocer las tendencias del resultado de la votación para gobernador en Coahuila, México y Nayarit, o de alcaldes en Hidalgo, un partido iniciará el festejo, otros denunciarán inequidades y anticiparán litigios, pero todos habrán perdido, y con ellos el electorado en su conjunto.

Lo que hemos presenciado en los procesos electorales locales que ahora llegan a término es la generalización y profundización de una forma de hacer campaña que significa no solo un retroceso, sino una nefasta condición, que parece haber devenido en estructural dentro del sistema político.

Es generalizado el reparto, entre los electores de escasos recursos, de todo tipo de bienes, así como el pago en efectivo para contratar la asistencia a los eventos o para comprar el voto. De la torta y el refresco se ha pasado al kit para el acarreado; pero lo mejor viene después: la entrega de las despensas y el reparto de materiales para construcción o incluso de electrodomésticos o bicicletas. No se trata de conductas aisladas, de hechos fortuitos, sino de una forma profesional y sistemática de hacer campaña, practicada por todos los partidos.

El reparto de dinero se ha multiplicado hasta generar una nueva industria: la renta de personas y la compra-venta de votos, actividades que organizan, en forma profesional y pagada, los llamados "operadores" de cada partido. Al amparo del desempleo y la carencia de oportunidades, los líderes de colonias populares o precarias son contactados por los promotores del voto, que a su vez dependen de los operadores profesionales de los partidos, que a su vez se conectan con las oficinas y operadores políticos del gobierno de que se trate; es una red en forma de pirámide que cubre de la punta del poder a la base de la sociedad.

Los servicios tienen tarifa y precio, que combinan tiempo, distancia y otros bienes que se entregarán a los "movilizados"; el volumen es factor que cuenta al hacer las cuentas. No es lo mismo negociar 100 asistentes a un pequeño evento, que discutir de 4 o 5 mil, y si el contrato incluye el voto, pues entonces las condiciones de pago y los precios se modifican.

A la operación profesional de acarreo de personas y compra del voto se añade la conexión con los programas sociales de cada nivel de gobierno, y al parecer todos entran en el esquema. Los padrones de beneficiarios son la materia prima para elaborar los listados de potenciales votantes, a los que operadores y promotores deben pasar a la categoría de votos asegurados. La conversión de recursos públicos en votos se realiza en todos los niveles, desde el municipio hasta las secretarías de Estado, pasando por las delegaciones, las del gobierno federal y las del DF; los palacios de los gobiernos estatales y el viejo palacio del ayuntamiento de la ciudad capital.

La Constitución establece la obligación de imparcialidad de los servidores públicos ante las contiendas electorales; pero al empleado o trabajador, de base o de mando medio, que no coopera con el partido del gobierno en turno, es casi seguro que "le darán cuello". Es sabido que en los gobiernos estatales y municipales, como en el del DF y las delegaciones, la afiliación en grupo y el pago obligado de cuotas son cosa de todos los días. El día anterior y el de la jornada electoral muchos empleados públicos tendrán que trabajar para hacer méritos en campaña.

Si esto está pasando es porque el PAN y el PRD llevan más de una década imitando y perfeccionando la vieja forma de hacer campañas; porque han hecho suyo y amplificado lo que por lustros criticaron. Porque el PRI aportó más al combate de esas prácticas cuando estaba en el poder que en los años que lleva como partido opositor. Porque ahora todos los partidos admiten como válido y natural lo que antes criticaron. Lo que hemos vivido y estamos viendo es el resultado de una postalternancia primero idealizada y luego desbarrancada.

No se trata solo de la repetición de viejas prácticas, de un retroceso, sino de un salto de calidad en la deformación de nuestra precaria democracia electoral. La compra y coacción del voto ha sido convertida en una industria, en una actividad profesional, cada vez más lucrativa.

Campañas, S.A. debería ser el nombre las secretarías de asuntos electorales de los partidos.