UN COMPLEJO PANORAMA ELECTORAL

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Decir que el proceso electoral de 2012 va a ser complicado es una obviedad. Toda elección conlleva un momento de complejidad particular en la vida política de un país, pero cuando además están en juego —como ocurrirá el 1 de julio del año próximo— todos los cargos de elección popular federales y elecciones concurrentes en más de una decena de entidades federativas, la apuesta es muy alta y la tensión y la confrontación inevitablemente tienden a multiplicarse.

Pero además de la cantidad de cargos que estarán en disputa (en primer lugar, por supuesto, la Presidencia de la República), las elecciones de 2012 se realizarán en un contexto político, social, económico y de seguridad sumamente complicado y hasta adverso

En el plano político encontramos, por un lado, a actores poco responsables con una muy precaria propensión a respetar las reglas de la competencia —mismas que, por cierto, ellos mismos establecieron— y que a menudo actúan transgrediendo sin mayor empacho las normas, a veces de manera velada y simulada, otras de forma franca y descarada. Ello ocurre, muchas veces, con la inconcebible condescendencia, cuando no incluso anuencia, de las autoridades electorales encargadas de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, lo que lejos de rebajar la comisión de actos ilícitos, los tolera y estimula.

La irresponsabilidad que caracteriza a los actores políticos los ha llevado, además, a poner en riesgo la realización misma de la elección, al faltar al mandato constitucional de integrar oportuna y debidamente al Consejo General del IFE. Luego de casi ocho meses, hoy siguen prevaleciendo los mezquinos intereses de parte y todavía se ve lejos el consenso en torno a los nombres de los tres consejeros faltantes, lo que ya está teniendo delicadas consecuencias en el funcionamiento del Instituto, por no hablar de la consecuente erosión en su credibilidad.

Eso por no hablar de la falta de completar el marco legal que debió acompañar las normas constitucionales introducidas hace casi cuatro años. La falta de una ley que regule el derecho de réplica, de una ley reglamentaria de las prohibiciones contenidas en el Artículo 134 (relativas a la publicidad gubernamental y a su uso personalizado), así como a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y a las normas reguladoras de la radio y la televisión, provocan una serie de lagunas y omisiones legislativas que complican particularmente el panorama, así como la actuación de los órganos electorales.

Por otra parte, tenemos a unas autoridades electorales debilitadas que no logran remontar la crisis de confianza que vienen arrastrando desde hace unos años. La formación de grupos en su interior, las acusaciones de parcialidad y la incapacidad para constituirse como garantes incuestionables de los principios y postulados constitucionales son sólo algunos de los problemas que enfrentan y que difícilmente podrán revertirse antes de los próximos comicios.

Por si lo anterior fuera poco, hay otros actores, de quienes depende en buena medida un adecuado desarrollo del proceso electoral, que han venido demostrando una marcada vocación autoritaria y antiinstitucional: los grandes consorcios mediáticos. Los concesionarios de la radio y la televisión siguen sin poder digerir la reforma de 2007 y la afectación que le supuso a sus intereses. La renuencia a aceptar las nuevas reglas los ha llevado a repudiar todo intento del IFE para aplicarlas y a emprender intensas campañas mediáticas (como la reciente acometida de la CIRT contra el IFE, a propósito del intento de cambios a varios de sus reglamentos, a la que apenas ayer se sumó la Coparmex). Increíblemente, no les importan las consecuencias que para la estabilidad y la buena llegada a puerto del proceso electoral significan los obuses que hoy dirigen contra el IFE.

Lo anterior se conjuga peligrosamente con una situación económica que, más allá de las cifras macroeconómicas actuales, en cualquier momento puede resentir los efectos de la desaceleración que casi todos vaticinan para la economía de EU, a la cual la nuestra está inevitablemente anclada, por no hablar de la crisis de seguridad que puede poner en riesgo incluso la instalación de un considerable número de casillas durante la jornada electoral del año venidero.

Ojalá que la responsabilidad prive al final del día y lo que hoy son ominosas y preocupantes realidades terminen por ser falsas alarmas en el futuro. No nos olvidemos que la democracia supone una apuesta colectiva en donde todos jugamos un papel relevante.