JORGE ALCOCER VILLANUEVAEs cada vez más frecuente escuchar voces que preguntan sobre el futuro inmediato de las instituciones electorales de México y de quienes las encabezan; no es un tema impertinente, vistos los hechos y circunstancias que han marcado su desempeño reciente, así como la prolongada indefinición de la Cámara de Diputados en elegir a tres consejeros del IFE.
Hay que volver a recordar que en el pasado la valoración del IFE y del TEPJF se hizo a partir de la derrota del PRI en el año 2000, no del análisis de las fortalezas y debilidades de cada institución, lo que tuvo como antecedente la elección intermedia de 1997, cuando por vez primera el PRI no alcanzó mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que entonces fue aplaudido y festejado como el cambio deseable.
Sigo creyendo que si en 1997, o 2000, el PRI hubiese obtenido mayoría de votos, la siguiente reforma habría tenido lugar en 1998, o en 2001. La sociedad privilegió en su valoración y memoria colectiva el resultado de las elecciones; no lo que hicieron, o dejaron de hacer, las instituciones electorales y quienes las dirigían en esos momentos; beneficiadas por la euforia, aquéllas se montaron en la ola de la alternancia y navegaron hacia el futuro. La siguiente elección federal (2003) fue un día de campo para el IFE y el Tribunal.
Como es conocido, al renovar a los consejeros del IFE, en octubre de 2003, los partidos se repartieron, con reglas propias de un mercado, los nueve lugares en el Consejo General; eso fue el principio del fin... luego vino la debacle. No hay instituciones públicas fuertes sin servidores públicos respetados y respetables. Esas cualidades no las entrega el cargo, se obtienen en el desempeño. Entre los consejeros de 1994 o 1996 y los que tendrían la responsabilidad de organizar la elección presidencial de 2006 había una enorme distancia. Hubo excepciones, pero fueron eso.
El conflicto desatado la noche de aquella elección no fue sólo, ni principalmente, culpa del IFE; enterado de su derrota, López Obrador hizo todo para demoler las instituciones, empezando por las electorales.
Del otro lado de la moneda, el TEPJF, que bajo la batuta de don José Luis de la Peza ganó la confianza de los partidos, sorteó de forma poco feliz su delicada tarea; quizá porque en el momento de la crisis no había batuta. La sentencia final de la Sala Superior sobre la elección presidencial sigue motivando polémica.
A unas cuantas semanas de iniciar el proceso electoral de 2012, estamos parados en un crucero de direcciones contrapuestas. Una es seguir en la ruta del deterioro de las instituciones, hasta que revienten. Otra, que parece distante, es la de perseverar en la consolidación democrática.
Si los diputados prolongan la irresponsabilidad de privar al IFE de tres consejeros; si los partidos van a reaccionar ante las decisiones de las autoridades electorales en función de sus particulares intereses, descalificándolas con improperios y virulencia cuando no les dan la razón, estamos avanzando en dinamitar la elección del año próximo.
Exigir a los diputados que cumplan la tarea pendiente y a los partidos que definan su posición ante las instituciones electorales y quienes las encabezan es un requisito para mirar al 2012 con una perspectiva diferente a la que hoy impera.
Hay que volver a recordar que en el pasado la valoración del IFE y del TEPJF se hizo a partir de la derrota del PRI en el año 2000, no del análisis de las fortalezas y debilidades de cada institución, lo que tuvo como antecedente la elección intermedia de 1997, cuando por vez primera el PRI no alcanzó mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que entonces fue aplaudido y festejado como el cambio deseable.
Sigo creyendo que si en 1997, o 2000, el PRI hubiese obtenido mayoría de votos, la siguiente reforma habría tenido lugar en 1998, o en 2001. La sociedad privilegió en su valoración y memoria colectiva el resultado de las elecciones; no lo que hicieron, o dejaron de hacer, las instituciones electorales y quienes las dirigían en esos momentos; beneficiadas por la euforia, aquéllas se montaron en la ola de la alternancia y navegaron hacia el futuro. La siguiente elección federal (2003) fue un día de campo para el IFE y el Tribunal.
Como es conocido, al renovar a los consejeros del IFE, en octubre de 2003, los partidos se repartieron, con reglas propias de un mercado, los nueve lugares en el Consejo General; eso fue el principio del fin... luego vino la debacle. No hay instituciones públicas fuertes sin servidores públicos respetados y respetables. Esas cualidades no las entrega el cargo, se obtienen en el desempeño. Entre los consejeros de 1994 o 1996 y los que tendrían la responsabilidad de organizar la elección presidencial de 2006 había una enorme distancia. Hubo excepciones, pero fueron eso.
El conflicto desatado la noche de aquella elección no fue sólo, ni principalmente, culpa del IFE; enterado de su derrota, López Obrador hizo todo para demoler las instituciones, empezando por las electorales.
Del otro lado de la moneda, el TEPJF, que bajo la batuta de don José Luis de la Peza ganó la confianza de los partidos, sorteó de forma poco feliz su delicada tarea; quizá porque en el momento de la crisis no había batuta. La sentencia final de la Sala Superior sobre la elección presidencial sigue motivando polémica.
A unas cuantas semanas de iniciar el proceso electoral de 2012, estamos parados en un crucero de direcciones contrapuestas. Una es seguir en la ruta del deterioro de las instituciones, hasta que revienten. Otra, que parece distante, es la de perseverar en la consolidación democrática.
Si los diputados prolongan la irresponsabilidad de privar al IFE de tres consejeros; si los partidos van a reaccionar ante las decisiones de las autoridades electorales en función de sus particulares intereses, descalificándolas con improperios y virulencia cuando no les dan la razón, estamos avanzando en dinamitar la elección del año próximo.
Exigir a los diputados que cumplan la tarea pendiente y a los partidos que definan su posición ante las instituciones electorales y quienes las encabezan es un requisito para mirar al 2012 con una perspectiva diferente a la que hoy impera.
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