PEDRO SALAZAR UGARTE
El asunto de los tres consejeros del IFE faltantes es aburrido pero, aun así, importante; algo así como las indicaciones de seguridad en los aviones. Son tediosas, pero más nos vale conocerlas en caso de emergencia. Y las elecciones de 2012 podrían despegar con averías en el tren de aterrizaje.
Los diputados —envueltos en una lógica miope en la que las cuotas importan más que los méritos— están colocando al país ante la disyuntiva extrema del mal menor. En concreto, los priístas exigen un acuerdo político sectario —aunque sea legal— anclado en el absurdo patrimonialista de que “le tocan dos consejeros”, con lo que pretenden consumar la captura de la autoridad. De lo contrario —parece ser el mensaje que proviene desde la intransigencia—, el proceso electoral iniciará bajo la organización de una autoridad incompleta. La primera opción es políticamente inaceptable, pero jurídicamente viable (y, por lo mismo, si se impone, desde la desconfianza, tendremos que aceptarla); la segunda, en cambio, es vulnerable en ambas vertientes. Por ello, ante este último escenario, si la política falla y la cerrazón impera, conviene trazar rutas extrapolíticas —judiciales— para subsanar la omisión legislativa.
En el año 2000, en Yucatán, el Congreso local violó el procedimiento legal para nombrar a los consejeros estatales. En concreto —como nos ha recordado Sergio González— ratificó a los consejeros en funciones, para colmo, con una votación inferior a la legalmente exigida. El asunto llegó al TEPJF y los magistrados ordenaron a los legisladores reponer el nombramiento. Y, en una reacción sin precedentes, el Congreso local ignoró la sentencia de los jueces. Por ello, en última instancia, después de prevenir y reconvenir a los legisladores yucatecos, el Tribunal integró una lista de aspirantes y, a partir de ella, mediante insaculación, conformó al Consejo Estatal Electoral. Tiempo después, la SCJN avalaría la intervención judicial en el asunto. El caso no es idéntico, pero sigo pensando que el precedente sirve.
Es verdad que, en el caso de Yucatán, el origen fue un exceso legislativo y no una omisión, como en el caso de los consejeros del IFE, pero en el fondo el dilema es igual: ¿pueden y/o deben los jueces intervenir para garantizar la debida integración de los órganos autónomos encargados de las elecciones? Yo creo que sí. Y si bien en Yucatán la autoridad no había sido integrada legalmente, mientras que el Consejo General del IFE sólo está incompleto, si pensamos en los posibles efectos del entuerto, el paralelismo existe. El factor común son los vicios de validez que pueden afectar a las decisiones de las autoridades correspondientes. En el caso de Yucatán padecían un vicio de “nulidad absoluta”; en el caso del IFE podrían adolecer de una especie de “nulidad relativa” o, simplemente, podría materializarse una “imposibilidad para decidir” (en estos días, de hecho, el TEPJF deberá pronunciarse sobre un par de decisiones empatadas en el seno del consejo incompleto).
Sigo pensando que la PGR —en representación del Ejecutivo— o el Senado —en representación de las entidades de la federación— podrían emprender acciones para que el Poder Judicial federal intervenga. También sería posible que alguno de los 17 ciudadanos que están en una lista, hasta ahora despreciada por los diputados, acudiera al TEPJF mediante un juicio de protección de sus derechos político-electorales para exigir una definición de su situación jurídica (el propio tribunal ya ha dicho que este recurso sirve cuando se trata de la integración de autoridades administrativas). De hecho, por otra vía, en días pasados, un grupo de ciudadanos ganó un amparo para que los diputados rindan cuentas sobre su omisión en este mismo tema. A mí no me gusta la “judicialización de la política” y siempre he pensado que los consejeros deberían ser nombrados —bajo la lógica del consenso— por los propios contendientes, pero cuando la política falla, alguien tiene que salvaguardar a la Constitución. ¿O no?
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