GENARO GÓNGORA PIMENTEL
El 2 de mayo de 1999, los defensores de bosques Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, fueron víctimas de detención arbitraria y tortura por parte de militares, el motivo fue su activismo ambiental.
La defensa de los bosques de la Sierra de Petatlán, localizada en el Estado de Guerrero, fue la causa para convertirse en víctimas de los actos que atentaron contra su integridad física, su libertad y seguridad personal.
Este escenario de violación de derechos humanos que se caracterizó por la intervención abusiva del ejército y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos, se vio refrendado por un sistema judicial reprobado que no respetó sus derechos, que no dio valor a la presunción de inocencia, ni a las garantías que rigen el debido proceso en este país, provocando que los fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), permanecieran privados de su libertad por más de dos años.
El 7 de noviembre de 2001, durante el sexenio del Presidente Fox, fue ordenada la liberación de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel “por razones humanitarias”, pero la autoridad dejó de lado el reconocimiento de la inocencia de dichos activistas y la serie de violaciones que sufrieron, a cargo de integrantes del Ejército Mexicano y de funcionarios del sistema de procuración y administración de justicia.
El Estado Mexicano nunca se ocupó de realizar las investigaciones necesarias encaminadas a sancionar a los responsables de los hechos ocurridos en ese año, mucho menos por reparar el daño que sufrieron.
El caso de los activistas Cabrera García y Montiel Flores, fue sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que no existió un efectivo acceso a la justicia, ni una investigación por tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de militares.
La Corte Interamericana constató que los señores Cabrera y Montiel fueron objeto de tortura, obligados a autoinculparse de portar armas de uso exclusivo del Ejército y cosechar marihuana, aparte de sobrellevar un proceso judicial plagado de evidentes irregularidades.
Por lo que dicha Corte condenó al Estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos, a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de los campesinos ecologistas del Estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999, emitiendo una sentencia el 26 de noviembre de 2009, en la que ordenó a nuestro país cumplir con una serie de medidas encaminadas a reparar el daño y a revertir las condiciones que permiten la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
Once años después de ocurridos los hechos, el día de ayer en un acto de conciencia, nuestro país se comprometió públicamente a dar cumplimiento integro a la sentencia de la Corte Interamericana. La Secretaría de Gobernación, fue cede del acto solemne, por su parte el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de dicha Secretaria, Felipe de Jesús Zamora Castro, se comprometió a acatar y cumplir la sentencia emitida desde el 2009 y a avanzar en la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos. Zamora Castro indicó que, “El Ejecutivo cumplirá sin demora y en todos los resolutivos la sentencia dictada por la Corte y continuará con la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y sus familiares”.
El Estado tiene la obligación de presentar su primer informe de avances sobre el cumplimiento de la sentencia el 20 de diciembre del año en curso. Dichos avances deberán versar sobre las reparaciones a las que fue condenado México, entre las que se encuentran, las reparaciones pecuniarias a las víctimas, mismas que ya fueron establecidas por la Corte Interamericana; también deberá incluir lo referente a las reformas legales para que las víctimas cuenten con un recurso adecuado y efectivo a través del cual sea posible impugnar la intervención indebida de la jurisdicción militar, lo que implica la reforma al Código de Justicia Militar, bajo los parámetros ordenados por la misma Corte, así toda violación a los derechos humanos que sea cometida por militares, deberá ser juzgada por autoridades civiles. En este sentido el fuero militar sólo deberá juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, a fin de asegurar un sistema imparcial de justicia; también el Estado deberá investigar en la justicia ordinaria las torturas que sufrieron Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel y deslindar responsabilidades penales, entre otras reparaciones.
Esperamos que las autoridades mexicanas por primera vez den cumplimiento integro y de buena fe a una sentencia del Máximo Tribunal Hemisférico, muestra de su compromiso en el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, porque el incumplimiento del Estado Mexicano ha provocado que la impunidad se propague y se sustente en nuestro país, lo que se refleja en un continuo hostigamiento y represión de los defensores de los derechos humanos en México, restringiendo la libertad de las personas para que dejen de actuar, de expresarse y alzar la voz cuando hay desacuerdo e inconformidad, orillándolas a desistir de buscar la justicia que su causa requiere.
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