ESTRATEGIA ANTINARCO, A REVISIÓN

JAVIER CORRAL JURADO

Desde una variedad de enfoques, que surgen de una diversidad de actores políticos, sociales, académicos, legislativos y comunicacionales, se está desarrollando en el país un amplio análisis de los problemas de la inseguridad pública, el incremento de la violencia y su diversificación que, de manera fortuita parece desembocar en el mismo diagnóstico y coincidir en varias de las propuestas. Por primera vez, después de mucho griterío, se está articulando una propuesta de revisión a la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada.

Se han abierto cuatro flancos de discusión muy importantes. La UNAM encabeza el académico —quizá el de mayor rigor—, con su reciente foro internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia. La Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Gobernación, mantiene abierta una consulta pública especializada sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. La revista “Nexos” continúa este mes sus ensayos y análisis estadísticos sobre la raíz de la violencia y el número de las ejecuciones y la Caravana del Consuelo que encabezó Javier Sicilia de Morelos a Ciudad Juárez aporta una parte de la visión social del problema, desde la mirada de las víctimas y del grupo político que le acompaña.

En la UNAM se formó una comisión redactora, coordinada por Jorge Carpizo, para entregar formalmente al rector José Narro el “Proyecto de propuesta de Estado sobre seguridad y justicia en democracia”, que recogerá las propuestas de 88 ponentes, 18 moderadores y sus discusiones. La Caravana del Consuelo también emitió un documento denominado Pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, a partir de nueve mesas de discusión. El problema de este último documento es que transitó de las mesas a la plaza pública, sin comisión redactora de por medio, por lo que resultó un pastiche del que el propio Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza ya han hecho precisiones necesarias. Ambos acontecimientos son encomiables.

Por la estupenda relatoría que realizó Jorge Carpizo, el seminario de la UNAM tocó un tema esencial para el análisis que lleva a cabo la Cámara de Diputados en torno de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional:

“La seguridad es uno de los derechos humanos. Entre ellos no es posible que existan enfrentamientos o que se deba privilegiar a uno sobre el otro. Una eficaz política de seguridad es cien por ciento compatible con una estupenda protección a los derechos humanos y con respeto al Estado de Derecho.

“México debe abandonar un enfoque sectorial de la seguridad policial y privilegiar el paradigma de la seguridad humana —en los términos referidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo— a través de políticas públicas.

“No obstante, es claro que las Fuerzas Armadas no fueron instruidas para funciones de seguridad pública. Están realizando labores que no le son propias en una situación delicada. (...) Nuestras Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles apenas sea posible y mientras más pronto mejor.

“Las Fuerzas Armadas saben bien que castigar a uno o algunos de sus elementos, que no hacen honor a la institución, no las debilita ni desprestigia sino las fortalece. Estamos de acuerdo con el artículo 13 de nuestra Constitución cuando ordena que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Es claro que el artículo 57 del Código de Justicia Militar contraría este precepto constitucional y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que obliga a México. Por tal motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a nuestro país en varias resoluciones sobre este asunto. México deberá cumplir con dichas resoluciones, las cuales bien entendidas no lesionan a nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una tradición de institucionalidad y de respeto a la Constitución. La lucha que las Fuerzas Armadas están dando contra el crimen organizado se reforzará con el pleno cumplimiento del artículo 13 constitucional.

“Se deben ponderar pros y contras de la creación de un ombudsman especializado en delitos de miembros de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Procuraduría de Justicia Militar”.

Los párrafos anteriores tocan directamente a la puerta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; es fundamental abrirla y darles la bienvenida.