JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Apenas el pasado 18 de abril la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, presentó su informe sobre la situación que en México guardan estos temas. El mandato, que en su momento le confirió la Comisión de Derechos Humanos, consistió en identificar los rezagos a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales, así como los progresos logrados al respecto y determinar y recomendar las formas y los medios para mejorar el sistema judicial.
El informe reconoce que el aumento de la criminalidad afecta a importantes sectores de la sociedad mexicana, lo cual exige una judicatura “sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones”. A partir de ahí, identificó la persistencia de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, especialmente en las entidades federativas.
Consideró necesario que la reforma penal adquiriera un liderazgo político y un renovado impulso “por parte de todas las instituciones y actores relevantes”. Se habló también de la necesidad de combatir la impunidad que, a su juicio, se debe en mucho a la “estructural debilidad en la investigación de los delitos”. Igualmente aludió a la necesidad de darle autonomía a las procuradurías de justicia (incluyendo la General de la República) y fortalecer los ámbitos de actuación de los Ministerios Públicos. De manera particular, consideró inadecuada la solución propuesta por el Ejecutivo en materia del fuero militar y la incompatibilidad del arraigo con el principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la abogacía, se pronunció por el establecimiento de criterios para permitirla, calificarla y supervisarla de manera independiente para velar por su “calidad, integridad, ética y honorabilidad”.
Con base en todo lo anterior, en el informe se hicieron algunas recomendaciones: integrar los órganos jurisdiccionales en un solo poder, darle autonomía presupuestal a los órganos de justicia, separar las presidencias de los tribunales y de los consejos de la judicatura, realizar acciones de clase para mejorar la presencia de las mujeres en la justicia, fortalecer la carrera judicial y la independencia de los juzgadores, hacer impugnables las decisiones de los consejos de la judicatura, transformar a los Ministerios Públicos en instancias autónomas, tomar con seriedad la reforma penal, acotar la jurisdicción militar, clarificar las competencias entre la federación y los Estados en la persecución de los delitos, ordenar la profesión de abogado, fortalecer las defensorías públicas y lograr el más amplio acceso a la justicia.
A pesar de su importancia, el informe de la señora Knaul fue muy poco comentado en el país. Me inclino a pensar que el ninguneo al informe de la señora Knaul tiene otra fuente. Mucho de lo dicho por ella en su diagnóstico o en sus recomendaciones era y es bien conocido por nosotros. Es más, en mucho nos recuerda lo que en 2004 se concluyó hacer en el llamado Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México. Lo que el informe hace en realidad es poner de manifiesto que aun cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer en materia de justicia los juzgadores, el Ejecutivo federal y su administración, los legisladores, los abogados, los académicos y la propia sociedad civil, no lo hemos hecho.
Nuestros problemas no son de diagnóstico. Son de falta de acciones constantes de carácter legislativo, de administración, de procuración y de impartición de justicia. Ante la gravedad de los acontecimientos, es posible arrojar los males a otros órganos o poderes, tal como lo hizo el jueves pasado el Presidente de la República. Otra manera de enfrentar el asunto es volver a los fundamentos de todo auténtico proceso de cambio: asumir los errores, determinar los objetivos, establecer la estrategia, elegir a los líderes y, sobre todo, mantener la constancia, la calma y el entusiasmo. Todo esto, a pesar de su obviedad, cada vez está resultando más escaso.
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