JAVIER CORRAL JURADO
Copada por el poder de las televisoras y usada como cañón de guerra para conseguirle a éstas privilegios que los radiodifusores no han alcanzado para sí, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) acredita por estos días el gen priísta con el que ha militado durante muchos años en contra de la renovación y el cambio democrático, de la consolidación de un Estado de derecho moderno. Despliega grotescamente, en nombre de la libertad de expresión, una estrategia de socavación institucional del IFE, mediante una serie de embustes y magnificaciones que buscan confundir a la población, atemorizar a las autoridades electorales, doblegar otra vez a los partidos y evitar reglas que los sometan al cumplimiento cabal de la reforma electoral del 2007, que resisten con todas las armas a su alcance, incluida la mentira.
Es probable que no todos los miembros de esa cámara compartan la arremetida que en contra del IFE hace a su nombre el presidente de su consejo directivo, el priísta Tristán Canales, pero en esa Cámara que agrupa a los concesionarios de los medios de comunicación electrónica hay poco margen para la deliberación abierta y la discrepancia pública. No en balde mantienen una de las posturas más atrasadas en el planeta sobre la necesaria regulación del derecho de réplica, al que se oponen indistintamente, lo pretenda legislar el Congreso o reglamentarlo el IFE.
Fruto de la alternancia del año 2000, y como casi todo organismo empresarial que cuida bien de sus intereses económicos por encima del interés público, la CIRT pareció reciclar sus lealtades políticas o, por lo menos, desembarazarse de sus más ostensibles compromisos con el PRI, como aquél por medio del cual le mantuvo durante varias décadas fuera de la pantalla y del cuadrante a la oposición en su conjunto.
Ahora vemos a la CIRT y al PRI actuando juntos, ya de manera ostensible, de nueva cuenta. Lo hacen vapuleando —con el silencio del gobierno y la postura blandengue de los demás partidos— a uno de los frutos institucionales más importantes de nuestra democracia que tanto costó a los demócratas y no a los concesionarios: el IFE.
Han llegado a un extremo bochornoso: en el Comité de Radio y Televisión del Instituto, el PRI cedió su representación a los representantes de la CIRT, quienes se han opuesto no sólo a que se garantice el derecho de réplica, sino a las modificaciones al reglamento que recorta los tiempos para poder cambiar los materiales de la propaganda electoral en los medios, y la obligación de que cada señal de radio y TV transmita los promocionales.
No importa que supuestamente se autoinfrinja el PRI una medida lesiva para sus intereses en términos de una competencia más dinámica, los intereses del duopolio de la televisión deben prevalecer, porque el arreglo con el PRI está en otro lado, no en el de los spots, sino en el manejo de la información, el trato privilegiado con el que se le construyó a un hombre ayuno de ideas e insulso de talante una candidatura ineluctable en ese partido.
Frente a este contubernio visible y documentable no es explicable que se les sigan otorgando más privilegios a las televisoras y que los partidos abandonen la defensa de la reforma electoral que colocó al IFE frente a ese colosal desafío: la regulación de los grandes consorcios de la televisión y de la radio en México. Se le ha negado al Instituto el respaldo que merecía una encomienda de esa naturaleza.
Por el contrario: se ha creado un mercado de favores con las televisoras a partir de violar la ley y hacerla aparecer como inviable. Sobre todo el PRI de Peña Nieto y su aliado el Partido Verde vulneran a la ley, se burlan de las autoridades electorales, las cooptan incluso en alianza con las televisoras a cambio de que las televisoras les den visibilidad y fama pública. Un nuevo episodio de este mercado negro violatorio a la ley acaba de ser sancionado por el IFE, pues demostró que el movimiento de López Obrador había contratado y adquirido spots radiofónicos para los diversos mítines que está realizando en diversas ciudades del país. Este hecho y otros dan cuenta del largo camino por recorrer en la democratización del país, y el insospechadamente profundo enraizamiento que tienen los intereses que se le oponen.
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