MENTIRAS Y SIMULACIÓN

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

Por donde se mire, es un escándalo lo que pasó en el caso Hank Rhon. La PGR nos ha puesto un ejemplo más del calibre de la debilidad del Estado mexicano en la persecución criminal. Es una locura que las autoridades hayan pensado que era posible que la detención de Hank fuese un caso más de flagrancia. La flagrancia funciona para el eslabón más débil de la cadena delictiva, es decir, para los delincuentes que operan en la calle: narcomenudistas, vendedores de piratería, ladrones, sicarios, etcétera. A ellos sí se les puede cachar en el momento de estar cometiendo un crimen. Personajes del calibre de Hank Rhon, en cambio, sólo podrán ser juzgados cuando tengamos un sistema de persecución criminal que tenga capacidades para investigar, es decir, que esté entrenado para armar el rompecabezas delictivo, recolectar la evidencia que lo sostenga y hacerlo de tal manera que lo pueda avalar un juez. Nuestra procuración de justicia nunca fue diseñada para investigar. Ello es un viejo y conocido problema. ¿Qué tiene que pasar para que el Ejecutivo se aboque a construir la Procuraduría que el país necesita?

El caso Hank Rhon permite hablar de muchos de los aspectos clave de una reforma al sistema de procuración e impartición de justicia. Entre este manojo de problemas me gustaría destacar uno de central relevancia: en cualquier parte del mundo con un sistema de justicia sólido sería un escándalo mayor que el Ejército le haya dicho mentiras a un juez, más allá del resultado concreto del juicio penal. En el caso Hank, la juez noveno de distrito en Baja California estableció que la puesta a disposición hecha por el Ejército, es decir, la narración de cómo ocurrieron los hechos, dónde detuvieron a los acusados, cómo encontraron las armas, etcétera, era falsa. La inspección ocular que llevó a cabo la juez, aunada a los videos aportados por la defensa de Hank, contradecía y hacía inverosímil lo que el Ejército sostenía. Dicho tal cual: lo que dijo la juez es que quien elaboró y firmó la puesta a disposición de Hank mintió a la autoridad judicial. La dimensión de esa conducta en el debate público mexicano está subestimada.

Un prerrequisito elemental de los procesos judiciales es que todos los operadores funcionan bajo el entendido de que el apego a la verdad es la principal regla del juego. Se puede guardar silencio y se puede dar información in- completa o parcial, pe- ro no se puede mentir ante un tribunal. Ello es así pues la única forma de construir una historia del caso que tenga algo que ver con la realidad es a través de testimonios. Casi siempre la principal evidencia de un juicio viene dada por lo que dice el policía, los testigos, el acusado, el abogado, etcétera. De ahí que la construcción de un aparato de justicia sólido y confiable pasa centralmente por custodiar el apego a la verdad de los usuarios y los operadores del sistema.

En Estados Unidos es tan grave mentir en cualquier tipo de proceso legal que cuando Bill Clinton era Presidente estuvo a punto de ser desaforado por haber mentido frente al gran jurado respecto del tipo de relación que tuvo con Mónica Lewinsky. Sin duda, un caso extremo, exagerado y discutible. Sin embargo, inclusive en un caso tan chocante como éste, creo que es mejor, en términos de la solidez del sistema de justicia, una sociedad y un sistema político que sobrerreaccionen ante la mentira que unos al los que les sea casi indiferente.

Nuestro sistema de procuración e impartición de justicia fue construido para simular y mentir. Este sistema se diseñó para ocultar lo que sucedía todos los días en los sótanos de las procuradurías del país. Frente a una policía que obtenía información y confesiones con tortura e intimidación, el Ministerio Público tenía que construir un expediente en donde se simulaba que se había investigado el caso en forma profesional y el juez se dedicaba a avalar esa simulación. Todos sabían que la distancia entre el contenido de la averiguación previa y la realidad era enorme.

La simulación y la mentira, por lo tan- to, yacen en el corazón de nuestro sistema de justicia penal. A pesar del cambio político en el país, los policías judiciales con frecuencia presentan informes falsos; los ministerios públicos escriben en forma rutina- ria que le comunicaron sus derechos al detenido cuando en realidad éste se encuentra en las galeras amenazado e incomunicado, los peritos presentan peritajes falsos y con dinero se prestan a cambiar el sentido de los mismos, el defensor de oficio dice que estuvo presente cuando rindió su declaración el detenido pero en realidad no estuvo y sólo pasó horas después a firmar el expediente.

¿Cómo movernos de este equilibrio perverso en donde todos mienten de forma regular y cotidiana? Creo que la respuesta a esta interrogante es el mayor desafío de la reforma penal en su conjunto. Un primer paso en la dirección correcta es que la sociedad y la opinión pública asuman una posición mucho más crítica y dura frente a la mentira y la simulación con la que funciona todos los días la justicia penal en México.