LOS TRABAJOS DEL SECRETARIO DEL TRABAJO

NÉSTOR DE BUEN

Estoy sorprendido de la actitud de Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), demostrada en sus comentarios a las críticas que se le hicieron con motivo de su comparecencia ante el Congreso. Su afirmación de que los diversos accidentes –muy lamentables– que han ocurrido en nuestras (¿nuestras?) minas se deben a que no se han aprobado las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) me parece de una inconsistencia absoluta. Parece olvidar el señor secretario, el más criticado –con toda razón– de los que integran el gabinete, que esos accidentes se deben, en gran medida, a la falta de cumplimiento de las tareas de inspección, que dependen de él. Lo que no deja de implicar la lamentable indiferencia de las propias empresas, sus aliadas indiscutibles, en el manejo –o falta de manejo– de las medidas preventivas de accidentes laborales.

Por si fuera poco, no hay que olvidar que en el caso ejemplar de Pasta de Conchos, la STPS no ha autorizado que se recuperen los restos de los más de 40 mineros enterrados como consecuencia del más lamentable de los accidentes que ha sufrido esa industria.

Para su vergüenza, se produjo un accidente en una mina chilena, donde gracias a la solidaridad entre los trabajadores y las autoridades, se pudieron salvar las vidas de quienes habían quedado enterrados. Y no resulta creíble que la recuperación de esos restos ponga en riesgo fatal a quienes lo intenten.

Echar la culpa al Congreso por no haber aprobado su proyecto de reforma a la LFT es el más absurdo de los pretextos para justificar la actitud de la STPS en relación con los accidentes de trabajo. Si la Dirección de Riesgos Profesionales no ha podido hacer nada, al único que se le puede echar la culpa es a Lozano. La LFT vigente establece con claridad, en su artículo 541, fracción I, la obligación que tienen los inspectores de trabajo de vigilar el cumplimiento de las normas laborales, “especialmente las que establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y de los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos, seguridad e higiene”.

Es indudable que el servidor público, en caso de ser acusado, tendrá derecho a comparecer ante el Poder Legislativo para la defensa de sus intereses, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 constitucional y lo señalado en el 110, que exige que en todo caso se respete el derecho de audiencia del inculpado. Por lo mismo, cualquier miembro del Ejecutivo estará obligado a comparecer ante el Legislativo en caso de que se advierta una irregularidad en su conducta o en el funcionamiento del órgano a su cargo. Y ello puede derivar, por supuesto, en juicio político.

Por lo visto, la comparecencia del secretario del Trabajo tuvo también un objetivo electoral. Es bien sabido que ambiciona ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República y, por lo visto, aprovechó su comparecencia para ese fin. No lo critico por ello: tiene todo el derecho del mundo a hacer notables sus aspiraciones. El problema es que tendrá que adecuar su conducta a ese propósito, y no parece que ese sea el procedimiento elegido.

Me consta que Javier Lozano es un hombre inteligente, independientemente de su actitud política. Sin embargo, su odio al sindicalismo independiente no puede ser más notable y, de paso, la reiterada violación de las disposiciones legales que debería observar. El problema de su interpretación acerca del alcance de las tomas de notas de los dirigentes gremiales es probablemente la más importante de las violaciones, sin olvidar que, con toda seguridad, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, totalmente inconstitucional, también se le puede atribuir, independientemente de que haya sido el Presidente de la República el autor formal del decreto convertido en ley que la declaró, con notable violación de la fracción I del artículo 89 de la Constitución.

Hay el riesgo, por supuesto, de que el secretario del Trabajo proponga una reforma constitucional para tratar de evitar ser convocado a declarar ante el Congreso de la Unión.