TIERRA DEL MUCHO

SERGIO AGUAYO QUESADA

Somos un país que ama las imprecisiones, el "más o menos", el "mucho"... Ante la falta de información confiable cualquier teoría se hace creíble y se alimenta el molino de la especulación. Entretanto, ignoramos asuntos tan prioritarios y graves como la creciente influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Ya se ha especulado bastante sobre la muerte de Juan Camilo Mouriño y JoséSantiago Vasconcelos, entre otros. Tal vez fue un accidente, a lo mejor fue una ejecución; por ahora, lo único cierto es que, en la imaginación popular, la omnipotencia del Presidente ha sido sustituida por el poder del crimen organizado: se les considera capaces de colocar bombas o lanzar misiles, de interferir comunicaciones y enterarse de la hora en que se acerca un pequeño avión al aeropuerto internacional... Sería ridículo negar que es una hipótesis plausible como el que la información a nuestra disposición es insuficiente. Nadie, y eso incluye al jefe del Ejecutivo, pareciera tener un panorama preciso del tamaño del crimen organizado. Un año y siete meses después de llegar al cargo, Felipe Calderón confió a El País de España (15 de junio del 2008) que "cuando llegué a la presidencia, [el] alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había quesanarlo a como diera lugar". ¿Qué tan "invadido" estaba el paciente?, ¿tenía elt umor encapsulado o se había expandido por órganos, huesos y arterias? La guerra del narco ha ido liberando ríos de información que posibilitan una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Ya sabemos que el crimen organizado va imponiendo su ley a cabildos atenazados por un miedo causadopor la indefensión; los otros niveles de gobierno son incapaces de darles protección a ellos y a los ciudadanos. ¿Hasta dónde llega la infiltración? Aunquelas cifras son imprecisas, y de difícil verificación, es posible tener una idea aproximada. Edgardo Buscaglia es un especialista en crimen organizado que asesoró a la Organización de las Naciones Unidas; en declaraciones aparecidas en junio de este 2008 aseguró que entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país padecían de algún tipo de infiltración. La afirmación parecía exagerada a algunos funcionarios; uno de ellos me comentó que se "trataba de las exageraciones de alguien deseoso de llamar la atención". El 25 de septiembre pasado un diputado del gobernante PAN, Gerardo Priego Tapia, respaldó la estimación al declarar que mil 400 municipios (el 57 por ciento del total) tenían ese problema. Imposible respaldar o refutar el número. Tal vez sean muchos, a lo mejor son pocos. Vivimos en el país del más o menos gobernado por una autoridad maromera. El 15 de julio, y como respuesta a las estimaciones hechas públicaspor Buscaglia, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó uncomunicado asegurando que sólo 80 alcaldías eran controladas por el narcotráfico en todo el país. Muy, pero muy por debajo de lo dicho porBuscaglia. Pero el 28 de septiembre pasado, al corresponsal de El País en México, Pablo Ordaz, un funcionario de la PGR le mostró un documento en el cual se reconocía que 77 municipios michoacanos estaban sometidos a diferentes grados de asedio por el crimen organizado. Ante el desorden y el revoltijo de números algunos medios de comunicación se han lanzado a hacer sus propias estimaciones. Tres medios impresos (Reforma, El Universal y Emeequis) se pusieron a investigar (cada uno por su lado) cuántas autoridades municipales han sido amenazadas por el crimen organizado en ocho estados. Se trata, por supuesto, de cabildos que no habían caído todavía bajo la influencia de los cárteles. De los 849 municipios que tienen esas entidades, 205 estaban bajo asedio. Puede por tanto afirmarse que la intimidación de autoridades municipales está ala alza. Adelanto, como posible explicación, el exceso de capacidad instalada de cárteles sobrados de sicarios y deseosos de ampliar sus mercados y poder. Elinfluir o controlar gobiernos municipales les permite vender o traficar más droga,e xtorsionar a autoridades, recaudar contribuciones a empresas pomadosas o humildes tianguis, secuestrar y robar ciudadanos, traficar migrantes o prostituir amenores y adultos, vender discos piratas y todo lo que pueda generar utilidades. En otra ocasión abundaré sobre los efectos devastadores que ello tiene sobre lavida democrática. Lo anterior está generando una situación que afecta a todos los partidos en el poder. Parecería lógico que todas las fuerzas políticas, económicas y social estuvieran interés en llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo para enfrentaruna amenaza común. Hubo un avance en esa dirección y ya pronto conoceremos los avances logrados ahora que estamos cerca de que se cumpla el plazo de 100 días puesto por las autoridades. ¿Renunciarán quienes no cumplieron?C omo noviembre será el mes de la seguridad, es tiempo de abrir el abanico y proponer, para la inclusión en la agenda de nuestras angustias, asuntos ahora minimizados. Estarían las llamadas compañías de seguridad privada que actúan sin regulación alguna y se convierten en lastre en lugar de solución; parecería conveniente tomar en serio la propuesta de legalizar la mariguana hecha por Víctor Hugo Círigo desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sería muy útil que la Secretaría de Salud dé señales de vida y entregue la versión definitiva de la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 (¿seguirán ahí o se habrán quedado dormidos?). Pero la tarea más urgente es que nuestros gobernantes mejoren y homogeneicenla calidad de la información que entregan. Les disgusta que se cuestione la verdad oficial, pero siguen instalados en el país del "mucho" o del "más o menos"de la imprecisión.