JAVIER CORRAL JURADO
Cuento a mis amigos y conocidos por donde voy en el país, la majestuosidad de la Sierra de Chihuahua, y trato de describir lo que constituye la Alta y Baja Tarahumara, animándolos a hacer el recorrido del Ch-P, visión centenaria, obra de ingeniería y brazos de hombre al sol curtidos. Sobre todo a los panistas de otros estados les platico de Batopilas y de su barranca (la tierra donde nació Don Manuel Gómez Morín), enclavada en una de las partes más profundas del acantilado de la sierra madre occidental, que para mi es mucho más hermosa que las famosas barrancas del Cobre, y sólo la cascada de Basaseachi, le compite en esplendor. Desde el mirador de la Bufa se ofrece al visitante una vista imponente de lo que la sierra es, escabrosidad y precipicio, abismo y declive.
Les cuento que el esplendor de la naturaleza ahí presente —visibles las dos paredes de la tierra agrietada a la que uno puede volver a juntar imaginariamente pedazo con pedazo—, contrasta dolorosamente con la tragedia política, económica y social que viven sus habitantes: hace un siglo era uno de los minerales más acaudalados del país, hoy es el municipio con el mayor nivel de marginación en América Latina, y uno de los primeros lugares de mortalidad infantil en México. El oro que brotó de sus entrañas no alimentó ni a los hijos de quienes hurgaron su tierra. Pareciera que por ahí, como exclamó Atahualpa Yupanqui, Dios no pasó.
La sierra Tarahumara se concentra en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Balleza, Guachochi, Batopilas, Urique, Guazaparez, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temósachi, en los cuales radican etnias como los tepehuanes, pimas, Huarojíos y Rarámuris.
Desde la semana pasada, recibo llamadas de amigos sobre la información que circuló en los medios acerca de un suicidio masivo de indígenas por la hambruna. Recirculó en redes sociales con una magnificación más orientada al medro político-electoral que a la alerta ciudadana. De entrada me pareció absurdo, desproporcionado, y en cierta medida insultante de la raza Tarahumara, adjudicarle a su carácter altivo esa debilidad o esa desesperación. De frente pide el Ráramuri la "Korima" porque no pide limosna sino pide que se le comparta, y de pie sufre la adversidad y el abandono, como pocos de los primeros pobladores de esta tierra, a la que Carlos Montemayor llamó "Pueblo de Estrellas y Barrancas".
Reconozco que la magnificación ha vuelto la mirada hacia su ancestral olvido, aunque detesto que de esta manera se llame la atención. Sin embargo es obligación del Gobierno Federal y Estatal y de las autoridades municipales reconocer las cada vez más difíciles condiciones como se vive en la sierra. Acabo de estar en esa zona serrana en una visita a diez comunidades, incluso me tocó estar en Sisoguichi cuando bajaron en helicóptero el Gobernador César Duarte y el Secretario de Sedesol, Heriberto Félix, para poner en marcha un "plan alimentario", que consistió en una repartición masiva de maíz y frijol. No quise acercarme, pero escuché desde lejecitos al Gobernador de Chihuahua agradecer las muestras de solidaridad y repudiar al mismo tiempo el medro político; estoy de acuerdo con eso.
Deslindada la magnificación, el tema debe llamar seriamente la atención de las autoridades, particularmente del gobierno de Chihuahua porque las estadísticas y los indicadores son devastadores: La educación, la salud y el ingreso son los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) planteado por el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), parámetros que de acuerdo a sus últimos resultados, Chihuahua tiene grandes pendientes.
La entidad tristemente es uno de los estados con menor IDH, tan sólo Batopilas a nivel nacional es el municipio más rezagado en este parámetro, con un indicador de 0.3010, el cual es menor que el de Nigeria, quien es el país con menor desarrollo humano en el mundo.
Asimismo los municipios de Nonoava, San Francisco de Borja, Guazapares, Uruachi, Uriqui, Balleza, Morelos, Carichi, se encuentran entre los veinte municipios con menor IDH entre la población indígena a nivel nacional; mientras que a nivel salud, de los quince municipios más rezagados del país, diez se encuentran en Chihuahua ( Batopilas, Morelos, Urique, Carichi, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, Bocoyna y Guazapares). Por su parte, otros municipios como San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Carichi, Cusihuiriachi, Nonoava, Batopilas, Chínipas y Valle de Zaragoza se encuentran en la base de la medición educativa nacional.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México de 2010, en Chihuahua no sólo se encuentran los peores municipios a nivel educativo y de salud, sino que la mayoría de ellos se encuentran en la Sierra Tarahumara.
A esto súmense los problemas ambientales, resultado de la mala planeación turística de la zona, mismo del que sus habitantes, la mayoría de ellos indígenas padecieron despojos hasta ahora no castigados, y a su vez, la falta de los servicios de salud, de infraestructura carretera, sin mencionar al narcotráfico, que como han denunciado medios locales, utiliza la Sierra Tarahumara como una de sus rutas.
De esta forma, como han señalado distintas voces, el problema de la Sierra Tarahumara es estructural, por ello lo que requieren nuestros paisanos son soluciones de fondo, si bien la ayuda en especie es plausible y solventará las carencias inmediatas, no resuelve el problema de raíz en la zona.
Como he referido en días recientes, son imperantes las reformas estructurales desde el Poder Legislativo, porque estoy convencido que muchos de nuestros problemas locales o regionales tienen su solución en medidas globales, políticas públicas nacionales que precisamente desde la ley trazan facultades, competencias, derechos y obligaciones, así como recursos para toda la nación.
A partir de un diagnóstico de la zona se deben conjuntar los recursos de todos los niveles de gobierno, para distintos proyectos, por ejemplo, para la promoción del turismo en esa zona y con ello hacer de este sector una industria sólida que abone a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, construir carreteras, hospitales, escuelas dignas, proyectos sustentables que garanticen oportunidades de empleo a sus pobladores. La ley, y ese será uno de mis propósitos, debe obligar al pago de servicios ambientales a las comunidades indígenas que se encuentran en el bosque para que los sigan conservando y de esta manera, aumentar el número de las comunidades que pueden recibir este pago. Invertir en infraestructura que beneficie directamente a las comunidades indígenas en proyectos como captación de agua de lluvia, creación de bordos captadores de agua, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, plantaciones comerciales de bosques.
Y de manera definitiva promover una Política Social de Estado donde no haya espacio para la opacidad y el uso discrecional o clientelar de los recursos destinados al bienestar de las personas. En este sentido urge reformar la Ley General de Desarrollo Social para que los gobiernos estatales y municipales institucionalicen obligatoriamente la política social, con reglas de operación claras. Es un doble crimen que muchos de los apoyos que se destinan para las comunidades indígenas, terminen en las bodegas personales de funcionarios y Presidentes Municipales.
He vuelto a confirmar que en aquella zona, más que despensas o cemento, la gente requiere de trabajo, por lo que el llamado para ayudar a los tarahumaras debe darse no a la ciudadanía para que donen víveres, sino a las instituciones para que generen opciones, alternativas para que de nuevo hagan presente en el mundo contemporáneo a la olvidada Tarahumara.
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