RODRIGO MORALES MANZANARES
La semana pasada el Consejo General del IFE, atendiendo una solicitud de aclaración formulada por AMLO, emitió un acuerdo en el que precisa los alcances de lo que los precandidatos únicos pueden realizar en el período definido como de precampañas. Me parece que se trata de una disposición sensata. Veamos.
Tras las experiencias vividas en los procesos electorales anteriores, el legislador introdujo en la ley el concepto de precampañas, a efecto de lograr que ningún aspirante obtuviera una ventaja de manera indebida, y quedara regulado el período en el que los aspirantes podían realizar actos de proselitismo. En el 2005 el IFE propuso la llamada tregua navideña, que no era otra cosa más que intentar mediante un acuerdo político que el arranque de las campañas fuera simultaneo. Los agravios del proceso electoral del 2006, animaron a los legisladores a reglamentar cada vez más asuntos de lo electoral. La reforma intentó pues regular ese período.
Pero en su intento dejó demasiados huecos que hoy son colmados por acuerdos y sentencias. Acaso lo que imaginó el legislador fue que todos los partidos optarían por métodos de selección interna de sus candidatos, que de esa manera el tiempo de radio y televisión se repartiría entre precandidatos, y que por tanto quedaba descartada la hipótesis de la ventaja indebida. El problema es que la realidad ha rebasado a la norma, y los procesos políticos de cada partido no necesariamente siguieron la ruta del proceso de selección interna tal y como estaba previsto en la ley.
Ante ello, el IFE, me parece, le da racionalidad a la norma. Por un lado confirma que los partidos con precandidato único no podrán usar los tiempos de radio y televisión que están previstos justamente para una contienda interna, para promocionar a su precandidato; pero por otro lado resuelve que dichos personajes sí podrán hacer actos públicos. De otra manera, hubiéramos caído en el absurdo político de que tanto AMLO como Peña Nieto tuvieran que ser recluidos a sus domicilios particulares hasta el mes de marzo. El haber logrado la nominación temprana de sus partidos y aliados, hubiera tenido como consecuencia el guardar silencio por meses. Dicho de otra manera: frente a la imperfección de la norma, la autoridad optó por maximizar la política.
Si bien el asunto está aún sujeto a lo que resuelva la sala superior del Tribunal, me parece que hay algunas lecciones del mismo. Por un lado hay que recordar que el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de realizar los ajustes a la ley que juzgara pertinentes y nunca lo hizo. Es decir, la responsabilidad de que la norma sea imprecisa, no es de las autoridades sino de los propios partidos. Es con estas reglas que decidieron jugar, y creo que hay que exigirles un firme compromiso con dichas reglas.
Por otro lado, me temo que no será el único caso en que consejeros y magistrados tengan que aplicar criterios propios para intentar darle racionalidad al proceso electoral. Creo que no tendremos mas remedio que acostumbrarnos a que se vaya legislando sobre la marcha. Ojalá, reitero, los partidos honren su compromiso con las reglas y las instituciones.
Por otro lado, me temo que no será el único caso en que consejeros y magistrados tengan que aplicar criterios propios para intentar darle racionalidad al proceso electoral. Creo que no tendremos mas remedio que acostumbrarnos a que se vaya legislando sobre la marcha. Ojalá, reitero, los partidos honren su compromiso con las reglas y las instituciones.
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