CENSURA ELECTORAL

JAVIER CORRAL JURADO

Las precampañas reencienden la resistencia de los concesionarios de la radio y la televisión a la reforma electoral del 2007. No cesan en el intento de echarla abajo, o de normalizar el mercado negro de la información. Es un hecho preocupante, porque presionan a los actores políticos para que se arrepientan del esquema legal que prohibió la contratación comercial de publicidad electoral en medios electrónicos. Es un retroceso en términos del derecho a la información de todos los mexicanos. Y es también una lástima, volver a tensar así las cosas.

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que instauraron un nuevo modelo de comunicación política para modificar la relación entre campañas, partidos y medios de comunicación, acotar la dependencia excesiva del rol mediático y la preponderancia del dinero, están siendo abandonadas por sus principales impulsores: los partidos.

Este fenómeno se presenta en varias entidades, pero en Chihuahua diversos concesionarios se han puesto de acuerdo para enfatizar la medida en el caso particular de mi aspiración al Senado; no me sorprende el veto del duopolio televisivo: desde hace muchos años estoy expulsado de la pantalla, ventaja que ahora disfrutan mis competidores en la elección panista como jamás se lo imaginaron, gozando incluso de una cobertura inusual. Lo que me llama la atención es que concesionarios de la radio me nieguen también el acceso a sus programas de noticias. Han inventado el cuento de que si me realizan cualquier entrevista, el IFE los va a multar, porque “está prohibido por la ley que usted aprobó”.

Otro ha tenido el atrevimiento —pienso que en realidad quiso calarme—, de proponerme un pago por una entrevista. Lamentablemente otros si le entran, y peor aún, de todos los partidos según me he podido enterar de pasadas experiencias.

Esto me reafirma en mis convicciones, y por supuesto en la necesidad de mantener las reglas que hacen del uso de los tiempos de Estado, un instrumento exclusivo de la difusión de los mensajes electorales. También creo que esta resistencia de algunos concesionarios obliga a resguardar el modelo de las interpretaciones restrictivas que los medios de comunicación se han impuesto como medida de autoflagelación, pero sí modificar el formato “spotero” en el que se pretende seguir atrapando la difusión de la oferta política.

Considerando el fenómeno de incertidumbre e indebida interpretación de las reglas electorales que se están dando en todas las entidades federativas y no sólo en el estado de Chihuahua —con su correspondencia en las precampañas vinculadas a la elección del Ejecutivo federal—, el IFE tendrá que hacer un llamado a todos los concesionarios de la radio y la televisión en el país, a fin de comunicarles con toda precisión los alcances de la reforma electoral por cuanto hace al otorgamiento de cobertura informativa hacia las precampañas, que no hay ninguna ley, ni reglamento, ni un solo acuerdo que establezca sanción alguna a quienes cumplan con la función social de informar y orientar a la ciudadanía sobre las propuestas de los precandidatos.

El IFE tiene además la tarea fundamental de establecer lineamientos que logren contiendas más justas y equitativas, de lo contrario, la lógica de compra-venta que promueven principalmente las televisoras y algunos radiodifusores, terminará doblando a una buena parte de la clase política.

Hay que mantener el principio de gratuidad de la propaganda electoral, a través de los tiempos oficiales; pero pongámosle fin a la dictadura del spot. Llevemos a la legislación otros formatos como paneles, debates, mesas redondas, comparecencias de los candidatos ante académicos y periodistas profesionales. Hay que recordar que el pasado 1° de marzo, un grupo plural de personalidades de nuestro país, entre los que se encuentran Carlos Fuentes, José Woldenberg, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Valadés y Juan Ramón de la Fuente solicitaron al Senado que se termine con la “spotización” de las campañas electorales y se facilite la creación de espacios mediáticos para el debate político, a fin de enriquecer la toma de decisiones y sacarla del mero terreno comercial. Esa sería una sana solución, y además se exhibiría a los que sólo con entrevistas pagadas pueden tener presencia en medios.