LAS PRECAMPAÑAS

JAVIER CORRAL JURADO

En un cuestionario de diez planteamientos, Andrés Manuel López Obrador emplazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a delimitar el alcance de las precampañas electorales y darle respuesta de lo que pueden y no hacer los que como él y Peña Nieto tienen la condición de precandidatos únicos en sus partidos, esto es, que no tienen competencia interna alguna.

Más allá de que si alguien ha resultado uno de los más grandes burladores de la reforma electoral del 2007 es precisamente López Obrador con su trabajada capacidad de simulación —bajo la estrategia de que en el escándalo crece—, el asunto es importante porque señala la necesidad de adecuar los contenidos de la legislación electoral y discutir abiertamente la escalada restrictiva que se ha hecho con base en esas normas, fruto mucho más de una interpretación sesgada que de lo expresamente estipulado y que ha terminado por darle la razón en los hechos a quienes le colgaron a esa extraordinaria reforma constitucional y legal todo tipo de pulgas.

Por cierto, el Tribunal electoral ha contribuido como nadie a distorsionar el sentido de esas normas en su interpretación restrictiva cuando se trata de actores políticos, ya sea en el ámbito de gobierno o en el sistema de partidos, y a flexibilizar las prohibiciones y las sanciones cuando se trata de los intereses del duopolio televisivo. Por eso no extraña que el tribunal haya reenviado al IFE la consulta lopezobradorista, para que en una sesión "sui generis", como la calificó el consejero Marco Antonio Baños, este órgano aclarara una sentencia que el propio Tribunal emitió. "Es una cosa muy rara —dijo Baños—; lo primero que yo quisiera preguntarle al Tribunal, a los señores magistrados, es: ¿cuál es el fundamento legal para haberle pedido al IFE que hiciera esto?".

Pues lo tuvieron que hacer, y una votación dividida determinó que los precandidatos únicos en este tiempo de precampaña sí podrán asistir a mítines convocados por los militantes de los partidos políticos, pero no podrán hacer llamados al voto ni presentar su propuesta de campaña, tampoco podrán aparecer en spots de radio y televisión, mucho menos su imagen o sus mensajes. Un auténtico galimatías.

Además del simulador de López Obrador que lo ha hecho a lo largo de cinco años, ahora también sabemos que el PRI y su precandidato único, que se opusieron militantemente a realizar los más mínimos ajustes a la legislación electoral para dotar de mejores condiciones a la competencia electoral y dar más claridad y sentido a algunas de sus disposiciones, están inconformes con los criterios señalados por el Consejo General del IFE, sobre todo en la limitación para hacer uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, y que el asunto volverá al Tribunal. Es muy probable que se confirme el criterio del Consejo General, toda vez que, al no haberse producido ajustes a la reforma electoral en la presente legislatura, la interpretación en el tema de medios privilegiará el valor de la equidad, con lo que estoy de acuerdo, dado el diseño. Pero es deseable que en el futuro las etapas de precampaña y campaña tengan definiciones más precisas, incluida la figura de precandidato único.

Pero es fundamental señalar que tanto el PRI como el PRD, al no poder colocar a sus precandidatos únicos en los tiempos oficiales de radio y televisión, no sólo pagan las consecuencias por un modelo restrictivo en este rubro —y de la interpretación que lo vuelve aún más—, sino esencialmente por la nula vida democrática que han decidido para determinar sus candidatos. El chantaje con el que López Obrador se hizo de la candidatura de la izquierda y el agandalle que Televisa hizo en el PRI con la candidatura de Peña Nieto se van a aderezar con dedazos en todo el país de los candidatos al Congreso, tanto para diputados como para el Senado. Ambas coaliciones han preferido las negociaciones cupulares para armar sus listas, en negociaciones que sólo ellos conocen, antes que reconocer el derecho de sus militantes a participar en procesos eleccionarios. Si esos procesos existieran podrían usar los tiempos en radio y televisión para llegar a sus militantes, como es el principal supuesto de la etapa de precampaña.

El único partido que hoy lleva a cabo elecciones internas, incluso abiertas a todos sus simpatizantes, como es el caso de Chihuahua, en el que participo como precandidato al Senado, es Acción Nacional. Aprovecha, por supuesto, una regla a su favor que los demás han despreciado: el uso de los medios electrónicos cuando realmente hay un ejercicio destinado a conseguir el voto de los miembros activos, adherentes y simpatizantes.

Sin embargo, el tema ha puesto de nueva cuenta la necesidad de hacer una evaluación al sistema electoral planteado en el 2007 y 2008, centrado en establecer un nuevo modelo de comunicación política en México basado en el uso exclusivo de los tiempos de Estado, para la difusión de la propaganda electoral. Estoy convencido que debemos mantenerlo, pero claramente delineado su principal objetivo: prohibir la contratación y adquisición de espacios en la radio y la televisión por parte de precandidatos o aspirantes a los cargos de elección popular, y propiciar que los mensajes electorales cursen exclusivamente a través de los tiempos del Estado mexicano en la radio y la televisión. Ese espíritu debemos resguardarlo, las interpretaciones restrictivas que lo han exagerado son las que debemos desterrar, y, por supuesto, el formato "spotero" en el que se pretende seguir atrapando la difusión del mensaje político.