ALEJANDRO MADRAZO LAJOUSPor un error (no imputable a quien esto escribe), el día de ayer se publicó en este espacio una versión no actualizada del artículo “La selección de los ministros”. Aprovecho la oportunidad que me brinda el periódico para enmendar ese error y abordar dos puntos que quedaron excluidos de la versión publicada ayer y que es importante abordar de cara al inminente nombramiento de dos ministros a la Suprema Corte esta semana.
Primero, es importante poner sobre la mesa que la semana pasada el Senado dejó en claro que no pretende abandonar la superficialidad que caracteriza al proceso de selección de los nuevos ministros; más bien —valga la contradicción— el Senado ha decidido ahondar en la superficial de su proceder. Si en ocasiones anteriores las comparecencias de los candidatos duraban 40 minutos, el jueves pasado las comisiones encargadas de dictaminar las candidaturas otorgaron tan sólo 15 minutos a cada candidato.
En una mañana, desfilaron seis candidatos. El trámite —pues no se le puede llamar de otra forma— se repetirá ante el pleno este martes. Cualquier despacho de abogados medianamente serio dedica más tiempo y energía a entrevistar a sus potenciales pasantes de lo que el Senado dedica a escrutar a los posibles ministros.
Segundo: si la terna de la que surgirá el sustituto del ministro Azuela es una evidente cuota que el presidente Calderón otorga al Poder Judicial, la terna para sustituir al ministro Góngora es prácticamente una cuota para el Opus Dei. De no ser por la inclusión de Arturo Zaldívar en esa terna, todos sus integrantes serían miembros del Opus. Una fuente bien informada que prefiero dejar en el anonimato me platicaba que tanto Eduardo Ferrer MacGregor como Jorge Adame Goddard militan en el Opus Dei.
El que el presidente Calderón haya conformado las ternas con al menos una tercera parte de militantes del Opus Dei no es un dato menor. Resulta especialmente importante en nuestro contexto particular: desde hace tiempo hemos sido testigos (pasivos) de un abierto asalto al principio constitucional de laicidad del Estado por parte de la Iglesia católica y sus aliados. Las llamadas reformas antiaborto a 17 constituciones estatales han logrado elevar un mandato del entonces cardenal Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) a rango constitucional. El mandato, articulado en la Instrucción Donum Vitae a finales de los años 80, consiste en equiparar al óvulo fecundado con las personas, otorgándole pleno goce de derechos fundamentales.
Pues bien, el asalto al Estado laico está sujeto precisamente al juicio de la Suprema Corte: tres controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, de las que, hasta hoy, se han interpuesto ante la Suprema Corte impugnando las reformas, explícitamente cuestionan la constitucionalidad de las mismas precisamente por constituir una violación al principio de laicidad del Estado. Los ministros que sean nombrados deberán resolver esos casos más pronto que tarde.
En toda justicia hay que señalar que, a pesar de coincidir en su filiación al Opus Dei, los dos candidatos miembros son muy distintos. Adame Goddard es un conocido integrista, a pesar de que durante su comparecencia en comisiones haya anunciado que sería un ministro sin ideologías (dime de qué presumes y te diré de qué careces). En el caso de Ferrer MacGregor no tengo conocimiento de que haya emitido una opinión jurídica que se funde o refleje una posición de la Iglesia.
El mandato principal que asumen los miembros del Opus Dei es el “cumplir con amor de Dios el trabajo, las obligaciones de cada día…”. Valdría la pena saber si los candidatos pertenecientes al Opus Dei preferirán cumplir con el mandato de José María Escrivá o con los mandatos constitucionales sobre laicidad del Estado y derechos reproductivos de las mujeres. En todo caso, el Senado debería abordar —con tiempo y seriedad— este aspecto del perfil de los aspirantes a la Corte (y muchos otros también).
Primero, es importante poner sobre la mesa que la semana pasada el Senado dejó en claro que no pretende abandonar la superficialidad que caracteriza al proceso de selección de los nuevos ministros; más bien —valga la contradicción— el Senado ha decidido ahondar en la superficial de su proceder. Si en ocasiones anteriores las comparecencias de los candidatos duraban 40 minutos, el jueves pasado las comisiones encargadas de dictaminar las candidaturas otorgaron tan sólo 15 minutos a cada candidato.
En una mañana, desfilaron seis candidatos. El trámite —pues no se le puede llamar de otra forma— se repetirá ante el pleno este martes. Cualquier despacho de abogados medianamente serio dedica más tiempo y energía a entrevistar a sus potenciales pasantes de lo que el Senado dedica a escrutar a los posibles ministros.
Segundo: si la terna de la que surgirá el sustituto del ministro Azuela es una evidente cuota que el presidente Calderón otorga al Poder Judicial, la terna para sustituir al ministro Góngora es prácticamente una cuota para el Opus Dei. De no ser por la inclusión de Arturo Zaldívar en esa terna, todos sus integrantes serían miembros del Opus. Una fuente bien informada que prefiero dejar en el anonimato me platicaba que tanto Eduardo Ferrer MacGregor como Jorge Adame Goddard militan en el Opus Dei.
El que el presidente Calderón haya conformado las ternas con al menos una tercera parte de militantes del Opus Dei no es un dato menor. Resulta especialmente importante en nuestro contexto particular: desde hace tiempo hemos sido testigos (pasivos) de un abierto asalto al principio constitucional de laicidad del Estado por parte de la Iglesia católica y sus aliados. Las llamadas reformas antiaborto a 17 constituciones estatales han logrado elevar un mandato del entonces cardenal Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) a rango constitucional. El mandato, articulado en la Instrucción Donum Vitae a finales de los años 80, consiste en equiparar al óvulo fecundado con las personas, otorgándole pleno goce de derechos fundamentales.
Pues bien, el asalto al Estado laico está sujeto precisamente al juicio de la Suprema Corte: tres controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, de las que, hasta hoy, se han interpuesto ante la Suprema Corte impugnando las reformas, explícitamente cuestionan la constitucionalidad de las mismas precisamente por constituir una violación al principio de laicidad del Estado. Los ministros que sean nombrados deberán resolver esos casos más pronto que tarde.
En toda justicia hay que señalar que, a pesar de coincidir en su filiación al Opus Dei, los dos candidatos miembros son muy distintos. Adame Goddard es un conocido integrista, a pesar de que durante su comparecencia en comisiones haya anunciado que sería un ministro sin ideologías (dime de qué presumes y te diré de qué careces). En el caso de Ferrer MacGregor no tengo conocimiento de que haya emitido una opinión jurídica que se funde o refleje una posición de la Iglesia.
El mandato principal que asumen los miembros del Opus Dei es el “cumplir con amor de Dios el trabajo, las obligaciones de cada día…”. Valdría la pena saber si los candidatos pertenecientes al Opus Dei preferirán cumplir con el mandato de José María Escrivá o con los mandatos constitucionales sobre laicidad del Estado y derechos reproductivos de las mujeres. En todo caso, el Senado debería abordar —con tiempo y seriedad— este aspecto del perfil de los aspirantes a la Corte (y muchos otros también).
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