JAIME CÁRDENAS GRACIAEn los últimos días hemos presenciado en la Cámara de Diputados, la presión de los gobernadores para que les corresponda la parte más grande de la rebanada del pastel presupuestal. Presiones que pueden entenderse pero que son injustificadas y nada ayudan en la construcción de una política de gasto de largo alcance para el país.
Por su parte, los partidos mayoritarios han negociado indebidamente el presupuesto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Este hecho, además de ser contrario a la Constitución, porque los presupuestos sólo deben negociarse en sedes parlamentarias, mediante los procedimientos legislativos, con total transparencia y, de cara a la ciudadanía, pone de manifiesto la debilidad del poder legislativo mexicano. Un poder secuestrado por los partidos políticos mayoritarios, por los nuevos señores feudales que son los gobernadores, y por el poder ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda.
El presupuesto no responde a los intereses nacionales. Se gasta mucho en los salarios y prestaciones de los altos servidores públicos del país, se gasta exageradamente en represión (ejército y seguridad pública) y, no se gasta lo debido en educación, salud, vivienda, ciencia, tecnología, en la promoción del empleo y, en el campo mexicano. El presupuesto responde a una lógica neoliberal y de botín.
Al presupuesto mexicano le falta la participación ciudadana. Somos un país, en donde los ciudadanos no inciden en forma alguna en la elaboración y aprobación del presupuesto. No contamos con la figura del presupuesto participativo. Tampoco, como ya lo he mencionado, los procedimientos de planeación, programación, elaboración, aprobación, ejercicio y control del gasto público permiten la intervención de los ciudadanos. En el tema del presupuesto manifestamos nuestra vocación autoritaria y, la gran distancia que existe entre los gobernantes y los gobernados.
El presupuesto mexicano es ejemplo de la improvisación. Muchos de los gobernadores que acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar recursos no cumplieron con los requisitos necesarios. La inmensa mayoría de los proyectos carecían de estudios técnicos y de algún mínimo análisis respecto al impacto social o económico de la medida propuesta. Los gobernadores dieron la impresión de que lo que querían eran recursos a toda costa, seguramente para respaldar campañas electorales en beneficio de sus partidos pero no para erogar recursos en la satisfacción de las necesidades sociales.
Por su parte, los partidos mayoritarios han negociado indebidamente el presupuesto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Este hecho, además de ser contrario a la Constitución, porque los presupuestos sólo deben negociarse en sedes parlamentarias, mediante los procedimientos legislativos, con total transparencia y, de cara a la ciudadanía, pone de manifiesto la debilidad del poder legislativo mexicano. Un poder secuestrado por los partidos políticos mayoritarios, por los nuevos señores feudales que son los gobernadores, y por el poder ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda.
El presupuesto no responde a los intereses nacionales. Se gasta mucho en los salarios y prestaciones de los altos servidores públicos del país, se gasta exageradamente en represión (ejército y seguridad pública) y, no se gasta lo debido en educación, salud, vivienda, ciencia, tecnología, en la promoción del empleo y, en el campo mexicano. El presupuesto responde a una lógica neoliberal y de botín.
Al presupuesto mexicano le falta la participación ciudadana. Somos un país, en donde los ciudadanos no inciden en forma alguna en la elaboración y aprobación del presupuesto. No contamos con la figura del presupuesto participativo. Tampoco, como ya lo he mencionado, los procedimientos de planeación, programación, elaboración, aprobación, ejercicio y control del gasto público permiten la intervención de los ciudadanos. En el tema del presupuesto manifestamos nuestra vocación autoritaria y, la gran distancia que existe entre los gobernantes y los gobernados.
El presupuesto mexicano es ejemplo de la improvisación. Muchos de los gobernadores que acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar recursos no cumplieron con los requisitos necesarios. La inmensa mayoría de los proyectos carecían de estudios técnicos y de algún mínimo análisis respecto al impacto social o económico de la medida propuesta. Los gobernadores dieron la impresión de que lo que querían eran recursos a toda costa, seguramente para respaldar campañas electorales en beneficio de sus partidos pero no para erogar recursos en la satisfacción de las necesidades sociales.
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