ANA LAURA MAGALONI KERPELEl jueves pasado, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, varios gobernadores objetaron los resultados de la Encuesta de Victimización del ICESI de 2008. Sintéticamente dicha encuesta reporta que: 1) ha habido un ligero incremento de la actividad delictiva entre 2007 y 2008; 2) que la percepción de inseguridad en la población también se incrementó y 3) que los delitos no denunciados (cifra negra) sigue siendo alta (85%). Los argumentos de los gobernadores fueron en dos direcciones: 1) los datos son incorrectos y, 2) los datos no reflejan los esfuerzos realizados. Ambos tipos de cuestionamiento son preocupantes por distintas razones. Intentaré, por tanto, aclarar un par cuestiones que me parecen centrales en este debate.
Primero, es crucial, si queremos avanzar en materia de seguridad, que las políticas de control del crimen y las reformas institucionales se lleven acabo con diagnósticos empíricos lo más sólidos posibles. El ICESI, desde hace varios años, ha abierto brecha en este sentido. Dicho instituto ha levantado seis encuestas de victimización a nivel nacional. Es la primera vez, por tanto, que en México podemos contar con datos públicos que nos permita conocer las tendencias delictivas y la percepción de inseguridad en cada entidad federativa a lo largo del tiempo. Sería muy lamentable que se perdiera este esfuerzo. Si el siguiente año se levanta una nueva encuesta por una institución diferente, se perdería la serie de tiempo. Ello, significa, comenzar casi desde cero. Dejemos pues al ICESI continuar haciendo su trabajo y comencemos a discutir qué dicen y qué no dicen esos datos.
Ello me lleva a la segunda cuestión básica respecto al debate sobre inseguridad. Las tasas de victimización son muy sensibles a los cambios en la economía. Contracción económica y aumento en la incidencia delictiva van de la mano. Una estimación de cómo se correlacionan ambas variables en el DF, en un estudio que llevé a cabo hace algunos años, indica que cuando disminuye 1% el PIB, aumenta 0.9% la incidencia delictiva. Ello nos permite suponer que los datos del 2009 van a ser aún más incómodos que los del 2008. Así es, la incidencia delictiva va a la alza, sobre todo en el delito de robo. Y, lo más importante, esta tendencia no va a cambiar hasta que no crezca la economía por varios años consecutivos. Los datos del ICESI sólo anuncian este fenómeno.
Ello me lleva a la tercera cuestión. Hay que entender que el éxito o fracaso de las reformas para fortalecer las instituciones policiales y los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país no se miden con la tasa de victimización. Que algunos gobernadores estimen que la encuesta del ICESI no refleja los resultados de sus esfuerzos sólo indica que ello no está claro. La incidencia delictiva se explica por un conjunto complejo de variables, la mayoría de ellas exógenas a las instituciones de seguridad pública Los estudios académicos en la materia destacan que factores tan distintos como tasas de desempleo, crecimiento poblacional, o inclusive, falta de alumbrado en las calles pueden explicar cambios en la incidencia delictiva. Medir el éxito de una reforma policial o de una transformación a la procuración de justicia con el comportamiento de los índices delictivos significa sabotear tales reformas.
Ello me lleva al último punto: cualquier reforma seria de nuestras instituciones de policía, procuración e impartición de justicia debe estar pensada y motivada en la necesidad reconstruir los cimientos que dan autoridad a un Estado democrático, los cuales sólo pueden provenir de la Constitución y de la ley. Un primer paso en esta dirección, por tanto, es romper de raíz las prácticas abusivas y autoritarias con las que funcionan hoy todas esas instituciones. Ello, y no los índices delictivos, sería un buen parámetro de medición para determinar el éxito o fracaso de tales reformas.
Primero, es crucial, si queremos avanzar en materia de seguridad, que las políticas de control del crimen y las reformas institucionales se lleven acabo con diagnósticos empíricos lo más sólidos posibles. El ICESI, desde hace varios años, ha abierto brecha en este sentido. Dicho instituto ha levantado seis encuestas de victimización a nivel nacional. Es la primera vez, por tanto, que en México podemos contar con datos públicos que nos permita conocer las tendencias delictivas y la percepción de inseguridad en cada entidad federativa a lo largo del tiempo. Sería muy lamentable que se perdiera este esfuerzo. Si el siguiente año se levanta una nueva encuesta por una institución diferente, se perdería la serie de tiempo. Ello, significa, comenzar casi desde cero. Dejemos pues al ICESI continuar haciendo su trabajo y comencemos a discutir qué dicen y qué no dicen esos datos.
Ello me lleva a la segunda cuestión básica respecto al debate sobre inseguridad. Las tasas de victimización son muy sensibles a los cambios en la economía. Contracción económica y aumento en la incidencia delictiva van de la mano. Una estimación de cómo se correlacionan ambas variables en el DF, en un estudio que llevé a cabo hace algunos años, indica que cuando disminuye 1% el PIB, aumenta 0.9% la incidencia delictiva. Ello nos permite suponer que los datos del 2009 van a ser aún más incómodos que los del 2008. Así es, la incidencia delictiva va a la alza, sobre todo en el delito de robo. Y, lo más importante, esta tendencia no va a cambiar hasta que no crezca la economía por varios años consecutivos. Los datos del ICESI sólo anuncian este fenómeno.
Ello me lleva a la tercera cuestión. Hay que entender que el éxito o fracaso de las reformas para fortalecer las instituciones policiales y los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país no se miden con la tasa de victimización. Que algunos gobernadores estimen que la encuesta del ICESI no refleja los resultados de sus esfuerzos sólo indica que ello no está claro. La incidencia delictiva se explica por un conjunto complejo de variables, la mayoría de ellas exógenas a las instituciones de seguridad pública Los estudios académicos en la materia destacan que factores tan distintos como tasas de desempleo, crecimiento poblacional, o inclusive, falta de alumbrado en las calles pueden explicar cambios en la incidencia delictiva. Medir el éxito de una reforma policial o de una transformación a la procuración de justicia con el comportamiento de los índices delictivos significa sabotear tales reformas.
Ello me lleva al último punto: cualquier reforma seria de nuestras instituciones de policía, procuración e impartición de justicia debe estar pensada y motivada en la necesidad reconstruir los cimientos que dan autoridad a un Estado democrático, los cuales sólo pueden provenir de la Constitución y de la ley. Un primer paso en esta dirección, por tanto, es romper de raíz las prácticas abusivas y autoritarias con las que funcionan hoy todas esas instituciones. Ello, y no los índices delictivos, sería un buen parámetro de medición para determinar el éxito o fracaso de tales reformas.
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