EL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

* Una iniciativa municipalista Concluido el intenso debate sobre la distribución de los gastos públicos para el año 2010, los legisladores han anunciado la conformación de un nuevo marco fiscal para los mexicanos como una asignatura insoslayable.La tarea es ciertamente demandante, pero no imposible -posición que asumen algunas voces en tono catastrófico. Precisamente el homenaje póstumo que en el pasado mes de octubre merecidamente recibió don Antonio Ortiz Mena por parte del Senado de la República -que le otorgó la medalla Belisario Domínguez-, nos recuerda que este país tuvo en un tiempo ingresos fiscales que no provenían del petróleo, y que, sin embargo, alcanzaban para impulsar un desarrollo económico sostenido y con tasas elevadas de crecimiento.De aquellos tiempos proviene el impuesto sobre la tenencia de los vehículos, que se estableció para contribuir a cubrir los gastos de los juegos olímpicos celebrados en nuestro país. Dicho impuesto ha venido siendo objeto de cuestionamientos en los últimos años. No son pocos los que se han pronunciado por suprimirlo. Otros, sin embargo, sugieren mantenerlo por ser una fuente importante de ingresos para el Estado. Dentro de esta última corriente de opinión, algunos proponen únicamente su transformación.A este respecto, he escuchado la sugerencia de que se estudie con atención la experiencia comparada en materia de impuestos sobre vehículos automotores. España, me explicaba recientemente un buen amigo de Tuxtla Gutiérrez, ha establecido desde hace muchos años un impuesto sobre rodaje vehicular como impuesto municipal.Los argumentos esgrimidos en España para que dicho impuesto a los vehículos automotores sea municipal y no federal, me parecen sumamente convincentes. El más importante de ellos es que son los municipios los encargados de proveer y mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana que mayormente utilizan los vehículos para transitar en el día a día. Los municipios son los encargados de construir las calles y reparar los daños que sobre las mismas causa su intenso uso por los vehículos automotores. Los municipios proveen los servicios de ordenación del tráfico vehicular en las calles, tanto con agentes de policía de tránsito como con semáforos, y en general con la señalización necesaria para este fin -que desde luego consume una parte nada despreciable de los recursos fiscales de los municipios. Son los municipios, además, los que pagan a los agentes de policía y adquieren y mantienen sus patrullas y el equipamiento necesario para cuidar los vehículos de las personas.Las grandes autovías o autopistas que conectan a las ciudades entre sí -de competencia federal en España- se sufragan con el peaje que se cobra por transitar en ellas. Pero con excepción de los vehículos que prestan el servicio público de transportación comercial interurbana, la mayor parte del tiempo los vehículos ruedan en las calles de las ciudades, y por ello es allí donde se causa el impuesto vehicular.Desde luego que los argumentos municipalistas son igualmente persuasivos si se trasladan al caso mexicano. Quizá valga el esfuerzo de considerar el impuesto municipal español de rodaje de vehículos, tipo de impuesto de rendimiento medio que igualmente es bastante común en los países europeos y en Norteamérica, y que puede ayudar a aliviar las menguadas arcas municipales.