PACTO PARA EL 'NO'

DENISE DRESSER GUERRA

Una democracia que no logra construir acuerdos. Un sistema político donde los partidos no tienen incentivos para la colaboración. Las reformas que México necesita no ocurren por la falta de consensos, es lo que se repite como mantra. Hace falta un gran acuerdo nacional, es lo que se repite en foro tras foro. Hace falta un Pacto como el de la Moncloa, es lo que se propone en reunión tras reunión. Ése suele ser el diagnóstico común sobre lo que nos aqueja y lleva a la discusión sobre propuestas encaminadas a construir mayorías legislativas u otras medidas con el objetivo de crear un gobierno “fuerte”. Pero ante ese diagnóstico y esas recomendaciones me parece que estamos centrando la atención en el problema equivocado. México no está postrado debido a la falta de acuerdos o la inexistencia del consenso o la ausencia de mayorías. En México sí hay un acuerdo tácito entre políticos, empresarios, sindicatos, gobernadores y otros beneficiarios del statu quo. Pero es un acuerdo para no cambiar.
Es un pacto para el “no”. Para que no haya reformas profundas que afecten intereses históricamente protegidos. Para que no sea posible disminuir las tajadas del pastel que muchos sectores reciben, en aras de permitir la creación de un pastel más grande para todos. Basta con examinar las iniciativas presentadas, las reformas votadas, los nombramientos avalados, y las partidas asignadas para constatarlo. El paquete fiscal -aprobado por mayoría legislativa- no cambia las reglas del juego; tan sólo va tras el contribuyente cautivo. El nombramiento del nuevo titular de la CNDH -aprobado por mayoría- no busca crear contrapesos, sino asegurar que no existan. La exención de impuestos a nuevos jugadores en telefonía celular -aprobada por mayoría- no busca fomentar la competencia sino hacerle otro favor a Televisa. El Presupuesto de Egresos -aprobado por mayoría- no busca reorientar el gasto público para desatar el crecimiento económico, sino mantener su uso para fines políticos. En México todos los días se forman mayorías en el Congreso. Pero son mayorías que logran preservar en lugar de transformar.
Mayorías entre diputados y senadores, forjadas por intereses que quieren seguir protegiendo, incluyendo los suyos. Por los poderes fácticos a los cuales hay que obedecer. Por los derechos adquiridos que dicen es políticamente suicida combatir. Por los privilegios sindicales que -con la excepción del SME- el Poder Ejecutivo no está dispuesto a confrontar. Por la presión de cúpulas empresariales que le exigen al gobierno que actúe, pero les parece inaceptable que lo haga en su contra, como en el tema de la consolidación fiscal o la promoción de la competencia. Muchos demandan reformas, pero para los bueyes del vecino. Más aún cuando esas reformas ocurren en su sector, se aprestan a vetarlas. El país se ha vuelto presa de un pacto fundacional que es muy difícil modificar, porque quienes deberían remodelarlo viven muy bien así. Los partidos con su presupuesto blindado de 3,012 millones de pesos. Los empresarios con sus altas barreras de entrada a la competencia y sus reguladores capturados y sus diputados comprados y sus amparos y sus ejércitos de contadores para eludir impuestos en el marco de la ley. Los gobernadores con sus transferencias federales y la capacidad que tienen para gastarlas como se les dé la gana. El PAN temeroso a tocar intereses por temor a que busquen refugio con el PRI. Allí está, visible todos los días: el Pactum Nullus Mutatio.
El pacto rentista, el pacto extractor, el pacto conforme al cual es posible apropiarse de la riqueza de los otros, de los ciudadanos. Y las élites de este país llevan décadas enriqueciéndose legalmente a través de aquello que los economistas llaman el “rentismo”. El rentismo gubernamental-empresarial-sindical-partidista construido a base de transacciones económicas benéficas para numerosos grupos de interés pero nocivas para millones de consumidores. El rentismo depredador basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos. La protección a monopolios y la claudicación regulatoria. El control de concesiones públicas por parte de oligarcas disfrazados de “campeones nacionales”. El pago asegurado a trabajadores del sector público al margen de la productividad. El uso del poder de chantaje para capturar al Congreso y frenar las reformas; subvertir a la democracia y obstaculizar el desarrollo de los mercados; perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los ciudadanos.
El problema de México es no la falta de acuerdos, sino la prolongación de un pacto inequitativo que lleva a la concentración de la riqueza en pocas manos; un pacto ineficiente porque inhibe el crecimiento económico acelerado; un pacto autosustentable porque sus beneficiarios no lo quieren alterar; un pacto corporativo que Felipe Calderón -a veces- critica pero cuyo gobierno no logra reescribir apelando a los ciudadanos. Y así como durante siglos hubo un consenso en torno a que la Tierra era plana, en el país prevalece un consenso para no cambiar.