JALONEOS PRESUPUESTARIOS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Dicen los abogados que "ley sin pena, no es ley". La Constitución dispone que el presupuesto de egresos debe quedar aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre de cada año, pero no contempla, como tampoco lo hacen las leyes, sanción alguna en caso de incumplimiento. El ingenio de "parar el reloj" del recinto de San Lázaro, o la argucia de considerar la sesión de ayer por la tarde -16 de noviembre- como conclusión de la iniciada el pasado viernes, sirven para cubrir la forma, pero no pueden ocultar una verdad del tamaño de una montaña: los diputados fueron incapaces de cumplir con su obligación, y aún así declaran, con orgullo, que hicieron la tarea. Ahora que muchos hablan de nuevas reformas, de la necesaria transformación del Congreso y sus dos Cámaras, bueno será prestar atención a las anacrónicas regulaciones que rigen el procedimiento de análisis, discusión, dictamen y aprobación del paquete económico que año con año el Ejecutivo debe presentar a la Cámara de Diputados. La primera es la norma constitucional, herencia de la reforma que restauró el Senado en la sexta década del siglo XIX, por la cual las leyes tributarias y la de ingresos son competencia de ambas Cámaras, debiendo iniciar su discusión en la de Diputados; mientras que la aprobación de los egresos es facultad exclusiva de esta última. A nadie escapa que, desde hace tres lustros, el Senado adquirió un papel relevante en el juego bicameral y en la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; que ha sido, y seguirá siendo, fundamental en la negociación y construcción de acuerdos. Ejemplos sobran, baste recordar dos: las reformas electoral y energética. Quizá por vez primera en la historia del federalismo mexicano, cobra sentido referirse al Senado como la "Cámara Alta" y apelar a su antes imaginario papel como representante de las entidades federativas, hoy erigidas en poder balcanizado ante la ausencia de normas e instituciones que aglutinen y den rumbo a la Federación. Hay que poner a debate las facultades exclusivas de cada una de las Cámaras, no para fortalecer una a costa de la otra, sino para avanzar en un diseño constitucional que se compadezca de las nuevas realidades que tres décadas de cambios políticos han traído a escena. En las condiciones de pluralismo partidista y fragmentación política que cruzan por San Lázaro, la discusión del gasto federal termina sujeta a las reglas de un tianguis de pueblo, o si se prefiere, de un mercado sobre ruedas. Los más de 300 puntos de acuerdo presentados en San Lázaro, con peticiones de recursos para fines precisos, como arreglar una escuela, construir una unidad deportiva, con alberca, o dotar de animales de granja a los pobladores de un remoto caserío, todo según las personales ofertas o compromisos hechos en campaña por el diputado ganador, terminan por configurar un caótico juego de intercambios, en que al toma y daca entre partidos se sobrepone el que protagonizan los diputados, ya sea por iniciativa propia o por instrucciones de su gobernador. Las normas reglamentarias en esta materia son omisas u obsoletas. La centralidad que debe tener la Comisión de Presupuesto se diluye, hasta casi desaparecer, por la intervención de las demás comisiones, que se colocan del otro lado del mostrador, exigiendo recursos y presionando hasta el último minuto para "proteger a su sector". Igual ocurre con los gobernadores, que acuden a San Lázaro para defender los recursos que -dicen- les corresponden, más allá de lo señalado por las leyes. Todos quieren más, pero ninguno ofrece el mínimo esfuerzo para aumentar los ingresos propios. "Cobrar impuestos resta votos; que el Ejecutivo federal pague el costo, que para eso está ahí", dictan los opositores. En el colmo, los secretarios de Estado y los titulares de organismos y empresas acuden a San Lázaro, pidiendo más gasto del que su jefe decidió otorgarles. En los jaloneos gana el que tiene más poder de presión, nunca el que tiene razón. Por eso no hay rumbo, ni carta de navegación.