MANUEL CAMACHO SOLÍSEstá a los ojos de todos que la economía no tiene rumbo: ni se tiene una oferta para estimular el crecimiento y mejorar la productividad, ni un conjunto de decisiones que siquiera atemperen el costo social del desempleo, los aumentos de los alimentos y el crecimiento de la pobreza. La sociedad está fuera. La política carece de estrategia.
El proceso y las votaciones que llevaron a la aprobación de los impuestos mostraron que las relaciones políticas están tensadas al límite. Sin embargo, como si no se estuviera ante un cuadro de adversidad y riesgos adicionales, todavía hay quienes se aferran, están dispuestos a estirar más aún la liga y a abrir más frentes. Me temo que, en vez de que se vea que éste es el último estirón que resiste la estabilidad, todavía persista el impulso hacia la confrontación.
La economía no tiene rumbo. En diciembre de 2006 no se decidió hacer el ajuste fiscal que se necesitaba. Hubo la oportunidad de ajustar el gasto corriente que, como nunca, había crecido en los últimos años y devorado los ingresos excepcionales de los altos precios del petróleo. Hubo la posibilidad de haber avanzado en la reducción de los privilegios fiscales. Se pudo haber definido una política de desarrollo y construido las alianzas legislativas, empresariales y obreras que la respaldaran. Nada de eso se hizo y se perdió otra oportunidad.
En septiembre de 2008, ante la evidencia de la crisis financiera global, el gobierno negó que ésta pudiera afectar significativamente a México. Todavía estableció en sus criterios de política económica que habría crecimiento en 2009. Presentó varios programas contracíclicos que nunca echó a andar y no fue hasta después de las elecciones que mostró el tamaño del hoyo fiscal que tenía. Para subsanarlo su única oferta fue aumentar cuanto impuesto estuviera a su alcance, sin ofrecerle a la sociedad un ejemplo serio de austeridad y liderazgo frente a la crisis.
Su ejemplo de austeridad fue la extinción de Luz y Fuerza que desde luego no dará al gobierno los ahorros anunciados de 42 mil millones (en el PEF venía menos), puesto que la mayoría de los costos del organismo persisten. Se seguirán pagando las pensiones, el costo de la energía que ofrece CFE, una cifra más alta de gasto de mantenimiento, un gasto laboral irreductible y para mejorar el servicio, tendrá que hacer cuantiosas inversiones adicionales. Desde luego no ahorrará los 42 mil millones que sostiene la propaganda antisindical; vamos, es probable que no se ahorre y se tenga que gastar más en los próximos tres años.
La aprobación de la Ley de Ingresos dejó en evidencia la imprevisión que se tuvo hace tres años y la incapacidad para medir y responder a la crisis financiera. Mostró las fisuras y el tamaño de las concesiones que estaban dispuestos a hacer. El proceso enterró cualquier credibilidad en la oferta de cambio del 2 de septiembre. La única pregunta pendiente es si todavía pretenden estirar más la liga. Si la política de Estado es polarizar.
El proceso y las votaciones que llevaron a la aprobación de los impuestos mostraron que las relaciones políticas están tensadas al límite. Sin embargo, como si no se estuviera ante un cuadro de adversidad y riesgos adicionales, todavía hay quienes se aferran, están dispuestos a estirar más aún la liga y a abrir más frentes. Me temo que, en vez de que se vea que éste es el último estirón que resiste la estabilidad, todavía persista el impulso hacia la confrontación.
La economía no tiene rumbo. En diciembre de 2006 no se decidió hacer el ajuste fiscal que se necesitaba. Hubo la oportunidad de ajustar el gasto corriente que, como nunca, había crecido en los últimos años y devorado los ingresos excepcionales de los altos precios del petróleo. Hubo la posibilidad de haber avanzado en la reducción de los privilegios fiscales. Se pudo haber definido una política de desarrollo y construido las alianzas legislativas, empresariales y obreras que la respaldaran. Nada de eso se hizo y se perdió otra oportunidad.
En septiembre de 2008, ante la evidencia de la crisis financiera global, el gobierno negó que ésta pudiera afectar significativamente a México. Todavía estableció en sus criterios de política económica que habría crecimiento en 2009. Presentó varios programas contracíclicos que nunca echó a andar y no fue hasta después de las elecciones que mostró el tamaño del hoyo fiscal que tenía. Para subsanarlo su única oferta fue aumentar cuanto impuesto estuviera a su alcance, sin ofrecerle a la sociedad un ejemplo serio de austeridad y liderazgo frente a la crisis.
Su ejemplo de austeridad fue la extinción de Luz y Fuerza que desde luego no dará al gobierno los ahorros anunciados de 42 mil millones (en el PEF venía menos), puesto que la mayoría de los costos del organismo persisten. Se seguirán pagando las pensiones, el costo de la energía que ofrece CFE, una cifra más alta de gasto de mantenimiento, un gasto laboral irreductible y para mejorar el servicio, tendrá que hacer cuantiosas inversiones adicionales. Desde luego no ahorrará los 42 mil millones que sostiene la propaganda antisindical; vamos, es probable que no se ahorre y se tenga que gastar más en los próximos tres años.
La aprobación de la Ley de Ingresos dejó en evidencia la imprevisión que se tuvo hace tres años y la incapacidad para medir y responder a la crisis financiera. Mostró las fisuras y el tamaño de las concesiones que estaban dispuestos a hacer. El proceso enterró cualquier credibilidad en la oferta de cambio del 2 de septiembre. La única pregunta pendiente es si todavía pretenden estirar más la liga. Si la política de Estado es polarizar.
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