ANA LAURA MAGALONI KERPELSegún datos del Consejo de la Judicatura, el rezago en la resolución de expedientes no es importante, no se entiende por qué se utiliza un asunto de celeridad como argumento presupuestal
Si le hiciéramos caso al Consejo de la Judicatura Federal, en México tendríamos que expandir el número de tribunales federales al punto en que todos los años los ingresos y egresos de asuntos fueran exactamente iguales. Es decir, la infraestructura judicial tendría que ser de tal calibre que inclusive los asuntos que ingresaran el último mes del año tuviesen que ser resueltos antes de finalizar el mismo. Así de absurda es la justificación que el Poder Judicial federal está dando para solicitar 17 por ciento de aumento presupuestal para el 2010. Un análisis básico de la estadística judicial que hace pública el Consejo de la Judicatura es suficiente para mostrar lo irracional de su planteamiento. La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿será que los diputados optarán por poner un alto al barril sin fondo en el que se han convertido las propuestas presupuestales del Poder Judicial federal, o bien, decidirán no tener fricciones con el árbitro jurídico de sus propios conflictos políticos y aprobar el incremento injustificado que están solicitando?
Según la nota que publicó Reforma el jueves pasado, el aumento presupuestal estaría destinado primordialmente a la expansión del Poder Judicial federal. Se planea crear 14 tribunales colegiados y 32 juzgados de distrito, lo que significa un aumento de 7 por ciento de la infraestructura judicial actual. Para ello se necesita comprar o construir edificios y equiparlos con mobiliario y computadoras. Asimismo, se necesitan crear 42 plazas de magistrados (cada tribunal cuenta con tres), 32 de jueces y por lo menos 2 mil plazas para todo el personal de apoyo que requiere ese número de tribunales. El costo de todas estas plazas sería un gasto fijo del 2010 en adelante. ¿Cómo justifica el Consejo de la Judicatura esta expansión? Se trata, según los consejeros, de una política para el abatimiento del rezago judicial.
El rezago judicial es un problema muy grave cuando, con este término, nos referimos a procesos judiciales tortuosos, lentos, con enormes vericuetos legales y en donde las sentencias se emiten después de varios años de haber iniciado el juicio. Ello aún sucede en los tribunales locales del país. Sin embargo, en el caso de la justicia federal, los datos indican que, la mayoría de las veces, los asuntos se resuelven con extraordinaria celeridad. Los tribunales federales no tienen una pila interminable de expedientes que ingresaron muchos años atrás, ni tampoco están desbordados de trabajo.
¿Cómo está definiendo el Consejo de la Judicatura el "rezago judicial"? Ésta es una medición que el Consejo determina de forma anual. Es decir, establece una fecha de "corte de caja" en la que se suma el número de asuntos no resueltos del año anterior más todos los que ingresaron en ese año y se restan los asuntos que se resolvieron en el año. La diferencia en términos porcentuales es la tasa de rezago. En el 2008, a la fecha del "corte de caja", los tribunales colegiados tenían una tasa de rezago de 19 por ciento y los juzgados de distrito de 23 por ciento. Es decir, aproximadamente, de cada 10 asuntos que conformaron la carga total de trabajo de un tribunal federal, se resolvieron ocho y quedaron pendientes de resolución dos. Dado que la medición es anual, es muy probable que los asuntos no resueltos hayan ingresado en los últimos meses antes del "corte de caja", o bien, se trate de casos en donde los abogados utilizaron estrategias dilatorias que no se van a evitar con un aumento en el número de tribunales. En suma, los tribunales federales no tienen rezago en el sentido apropiado del término.
Otros datos del Consejo de la Judicatura nos permiten evaluar con mayor precisión la rapidez con la que opera la justicia federal. En el primer circuito, el cual, por mucho, es el circuito judicial con mayor carga de trabajo en todo el país, la mayoría de los asuntos se resuelven rápidamente. Los juicios de amparo ante tribunales colegiados en los que se impugnan sentencias del Tribunal Superior de Justicia local se resuelven en promedio en 47 días y en los que se impugnan sentencias de los jueces de distrito se resuelven en 53 días. Por su parte, los juzgados de distrito resuelven los amparos que les llegan en un promedio de 119 días. Estos datos indican que el Poder Judicial federal, lejos de padecer lo que comúnmente se conoce como rezago judicial, tiene tiempos de resolución récord en el mundo.
Los problemas de la justicia federal nada tienen que ver con el rezago, ni mucho menos con la falta de recursos presupuestales. En la última década se han resuelto los problemas que tienen que ver con el presupuesto (rezago, infraestructura, sueldos, sistemas informáticos, etcétera). La asignatura pendiente más importante de la justicia federal es elevar la calidad argumentativa de las decisiones judiciales. Este problema no se resuelve con dinero, sino con formación de cuadros y buenas cabezas. ¿Cuándo escucharemos al Consejo de la Judicatura siquiera mencionar el problema? Sin duda, es mucho más sencillo solicitar 17 por ciento de aumento presupuestal utilizando el falso problema del rezago.
Si le hiciéramos caso al Consejo de la Judicatura Federal, en México tendríamos que expandir el número de tribunales federales al punto en que todos los años los ingresos y egresos de asuntos fueran exactamente iguales. Es decir, la infraestructura judicial tendría que ser de tal calibre que inclusive los asuntos que ingresaran el último mes del año tuviesen que ser resueltos antes de finalizar el mismo. Así de absurda es la justificación que el Poder Judicial federal está dando para solicitar 17 por ciento de aumento presupuestal para el 2010. Un análisis básico de la estadística judicial que hace pública el Consejo de la Judicatura es suficiente para mostrar lo irracional de su planteamiento. La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿será que los diputados optarán por poner un alto al barril sin fondo en el que se han convertido las propuestas presupuestales del Poder Judicial federal, o bien, decidirán no tener fricciones con el árbitro jurídico de sus propios conflictos políticos y aprobar el incremento injustificado que están solicitando?
Según la nota que publicó Reforma el jueves pasado, el aumento presupuestal estaría destinado primordialmente a la expansión del Poder Judicial federal. Se planea crear 14 tribunales colegiados y 32 juzgados de distrito, lo que significa un aumento de 7 por ciento de la infraestructura judicial actual. Para ello se necesita comprar o construir edificios y equiparlos con mobiliario y computadoras. Asimismo, se necesitan crear 42 plazas de magistrados (cada tribunal cuenta con tres), 32 de jueces y por lo menos 2 mil plazas para todo el personal de apoyo que requiere ese número de tribunales. El costo de todas estas plazas sería un gasto fijo del 2010 en adelante. ¿Cómo justifica el Consejo de la Judicatura esta expansión? Se trata, según los consejeros, de una política para el abatimiento del rezago judicial.
El rezago judicial es un problema muy grave cuando, con este término, nos referimos a procesos judiciales tortuosos, lentos, con enormes vericuetos legales y en donde las sentencias se emiten después de varios años de haber iniciado el juicio. Ello aún sucede en los tribunales locales del país. Sin embargo, en el caso de la justicia federal, los datos indican que, la mayoría de las veces, los asuntos se resuelven con extraordinaria celeridad. Los tribunales federales no tienen una pila interminable de expedientes que ingresaron muchos años atrás, ni tampoco están desbordados de trabajo.
¿Cómo está definiendo el Consejo de la Judicatura el "rezago judicial"? Ésta es una medición que el Consejo determina de forma anual. Es decir, establece una fecha de "corte de caja" en la que se suma el número de asuntos no resueltos del año anterior más todos los que ingresaron en ese año y se restan los asuntos que se resolvieron en el año. La diferencia en términos porcentuales es la tasa de rezago. En el 2008, a la fecha del "corte de caja", los tribunales colegiados tenían una tasa de rezago de 19 por ciento y los juzgados de distrito de 23 por ciento. Es decir, aproximadamente, de cada 10 asuntos que conformaron la carga total de trabajo de un tribunal federal, se resolvieron ocho y quedaron pendientes de resolución dos. Dado que la medición es anual, es muy probable que los asuntos no resueltos hayan ingresado en los últimos meses antes del "corte de caja", o bien, se trate de casos en donde los abogados utilizaron estrategias dilatorias que no se van a evitar con un aumento en el número de tribunales. En suma, los tribunales federales no tienen rezago en el sentido apropiado del término.
Otros datos del Consejo de la Judicatura nos permiten evaluar con mayor precisión la rapidez con la que opera la justicia federal. En el primer circuito, el cual, por mucho, es el circuito judicial con mayor carga de trabajo en todo el país, la mayoría de los asuntos se resuelven rápidamente. Los juicios de amparo ante tribunales colegiados en los que se impugnan sentencias del Tribunal Superior de Justicia local se resuelven en promedio en 47 días y en los que se impugnan sentencias de los jueces de distrito se resuelven en 53 días. Por su parte, los juzgados de distrito resuelven los amparos que les llegan en un promedio de 119 días. Estos datos indican que el Poder Judicial federal, lejos de padecer lo que comúnmente se conoce como rezago judicial, tiene tiempos de resolución récord en el mundo.
Los problemas de la justicia federal nada tienen que ver con el rezago, ni mucho menos con la falta de recursos presupuestales. En la última década se han resuelto los problemas que tienen que ver con el presupuesto (rezago, infraestructura, sueldos, sistemas informáticos, etcétera). La asignatura pendiente más importante de la justicia federal es elevar la calidad argumentativa de las decisiones judiciales. Este problema no se resuelve con dinero, sino con formación de cuadros y buenas cabezas. ¿Cuándo escucharemos al Consejo de la Judicatura siquiera mencionar el problema? Sin duda, es mucho más sencillo solicitar 17 por ciento de aumento presupuestal utilizando el falso problema del rezago.
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