JORGE ALCOCER VILLANUEVAViene a cuento un chistorete que se contaba en diciembre de 1994: Ante los desastrosos efectos del llamado "error de diciembre", el presidente Zedillo llamó al ex presidente Salinas y le reclamó en tono airado: "Carlos, ¡dejaste la economía colgada de alfileres!". A lo que su interlocutor respondió: "¡Y para qué se los quitaste!".
Concentrados en la discusión sobre las reformas pendientes, agobiados por la inseguridad galopante y sus efectos cada vez más extendidos en el territorio nacional, hemos dejado de lado un análisis a fondo, y el correspondiente debate público, sobre los eventuales riesgos que podría enfrentar nuestra economía, de ahora al término del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Damos por hecho que la economía mexicana cuenta con bases diferentes a las que en el pasado provocaron las profundas crisis. Entre las diferencias se apunta el comportamiento de los precios, con tasas anuales menores a un dígito, pero estabilizadas en valores que rondan el 5 por ciento anual; las reservas internacionales acumuladas en el Banco de México, las más altas de nuestra historia; el tipo de cambio del peso frente al dólar, fortalecido por esas reservas, y por el flujo continuado, y además en aumento, de capitales "golondrinos", que ya superó el monto de inversión extranjera directa.
Es cierto que en esas variables y sus indicadores existe una notable diferencia con lo observado en 1994; siendo más parecidas a las que se presentaban al cierre del gobierno de Ernesto Zedillo; necio sería negar que las variables financieras, monetarias y de precios que registra nuestra economía constituyen una base mucho más sólida que la del pasado. La macroeconomía está mucho mejor, dicen los especialistas.
Pero en el mercado real, en el mundo que día a día enfrentan los trabajadores, los empleados, los campesinos, y millones de familias mexicanas, los beneficios de la estabilidad no se reflejan ni en sus bolsillos ni en la mesa familiar. El crecimiento económico, medido por el PIB, ha sido deplorable durante la última década, provocando un virtual estancamiento en el comportamiento del producto per cápita. La distribución del ingreso y la riqueza nacionales es la más concentrada en décadas. La generación de empleo sigue siendo inestable, pero sobre todo insuficiente ante la presión de la pirámide demográfica. El ahorro y la inversión, medidos a través de la formación bruta de capital fijo, están por debajo de lo observado en las naciones de la OCDE, ya no digamos de los países del nuevo club emergente, el BRIC.
Las finanzas públicas enfrentan presiones cada vez mayores, compensadas, parcialmente, por los elevados precios del crudo en el mercado mundial. A la debilidad estructural de los ingresos tributarios del Estado (México registra un nivel de recaudación muy por debajo del existente en los países de la OCDE) se ha venido a sumar el mal uso o despilfarro en la asignación del gasto público, que afecta no solamente el del gobierno federal, sus organismos y empresas, sino de manera alarmante el de los gobiernos locales y los municipios. No solamente se disparó el gasto corriente en todos los órdenes de gobierno sino que, además, como han alertado varios medios y especialistas, el crecimiento de la deuda de gobiernos estatales y municipales ha sido exponencial, poniendo en riesgo la viabilidad inmediata de varios de ellos, en términos de sus finanzas.
Un elemento que merece ser estudiado es el relativo a los efectos de la inseguridad pública en las decisiones de ahorro e inversión de las personas y las empresas. Varios indicadores apuntan a una afectación negativa y en curso creciente, tanto para las inversiones procedentes del extranjero como para las nacionales, así como para las decisiones de ahorro y gasto de las familias.
Que en regiones cada vez más extendidas del territorio nacional se esté produciendo una obligada migración, sea hacia Estados Unidos u otras zonas del país, tendrá efectos inmediatos para la economía regional y, más temprano que tarde, para la economía en su conjunto.
Más vale abrir el debate, poner sobre la mesa indicadores confiables, y adoptar medidas que nos eviten regresar al pasado. En una situación extrema, la inseguridad podría provocar una estampida de capitales que lleve de nuevo a preguntar ¿quién quitó los alfileres?
Concentrados en la discusión sobre las reformas pendientes, agobiados por la inseguridad galopante y sus efectos cada vez más extendidos en el territorio nacional, hemos dejado de lado un análisis a fondo, y el correspondiente debate público, sobre los eventuales riesgos que podría enfrentar nuestra economía, de ahora al término del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Damos por hecho que la economía mexicana cuenta con bases diferentes a las que en el pasado provocaron las profundas crisis. Entre las diferencias se apunta el comportamiento de los precios, con tasas anuales menores a un dígito, pero estabilizadas en valores que rondan el 5 por ciento anual; las reservas internacionales acumuladas en el Banco de México, las más altas de nuestra historia; el tipo de cambio del peso frente al dólar, fortalecido por esas reservas, y por el flujo continuado, y además en aumento, de capitales "golondrinos", que ya superó el monto de inversión extranjera directa.
Es cierto que en esas variables y sus indicadores existe una notable diferencia con lo observado en 1994; siendo más parecidas a las que se presentaban al cierre del gobierno de Ernesto Zedillo; necio sería negar que las variables financieras, monetarias y de precios que registra nuestra economía constituyen una base mucho más sólida que la del pasado. La macroeconomía está mucho mejor, dicen los especialistas.
Pero en el mercado real, en el mundo que día a día enfrentan los trabajadores, los empleados, los campesinos, y millones de familias mexicanas, los beneficios de la estabilidad no se reflejan ni en sus bolsillos ni en la mesa familiar. El crecimiento económico, medido por el PIB, ha sido deplorable durante la última década, provocando un virtual estancamiento en el comportamiento del producto per cápita. La distribución del ingreso y la riqueza nacionales es la más concentrada en décadas. La generación de empleo sigue siendo inestable, pero sobre todo insuficiente ante la presión de la pirámide demográfica. El ahorro y la inversión, medidos a través de la formación bruta de capital fijo, están por debajo de lo observado en las naciones de la OCDE, ya no digamos de los países del nuevo club emergente, el BRIC.
Las finanzas públicas enfrentan presiones cada vez mayores, compensadas, parcialmente, por los elevados precios del crudo en el mercado mundial. A la debilidad estructural de los ingresos tributarios del Estado (México registra un nivel de recaudación muy por debajo del existente en los países de la OCDE) se ha venido a sumar el mal uso o despilfarro en la asignación del gasto público, que afecta no solamente el del gobierno federal, sus organismos y empresas, sino de manera alarmante el de los gobiernos locales y los municipios. No solamente se disparó el gasto corriente en todos los órdenes de gobierno sino que, además, como han alertado varios medios y especialistas, el crecimiento de la deuda de gobiernos estatales y municipales ha sido exponencial, poniendo en riesgo la viabilidad inmediata de varios de ellos, en términos de sus finanzas.
Un elemento que merece ser estudiado es el relativo a los efectos de la inseguridad pública en las decisiones de ahorro e inversión de las personas y las empresas. Varios indicadores apuntan a una afectación negativa y en curso creciente, tanto para las inversiones procedentes del extranjero como para las nacionales, así como para las decisiones de ahorro y gasto de las familias.
Que en regiones cada vez más extendidas del territorio nacional se esté produciendo una obligada migración, sea hacia Estados Unidos u otras zonas del país, tendrá efectos inmediatos para la economía regional y, más temprano que tarde, para la economía en su conjunto.
Más vale abrir el debate, poner sobre la mesa indicadores confiables, y adoptar medidas que nos eviten regresar al pasado. En una situación extrema, la inseguridad podría provocar una estampida de capitales que lleve de nuevo a preguntar ¿quién quitó los alfileres?
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