CIRO MURAYAMA RENDÓNUn argumento recurrente en las iniciativas de reforma laboral es que es necesario eliminar las barreras a la contratación y al despido, pues esa ausencia de “flexibilización” se convierte en un lastre para el dinamismo del mercado de trabajo nacional.
Los datos de creación y destrucción de empleo, sin embargo, no parecen compadecerse del argumento recién citado. Entre octubre de 2008, el momento de irrupción de la crisis económica, y mayo de 2009, los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se redujeron en 696 mil, lo que implica una caída del 4.8%. Esos puestos de trabajo menos implican haber destruido en meses el 28% de los empleos formales que se habían creado en todo el país desde el inicio de la década, de tal forma que reducir plantillas laborales en situaciones de recesión no ha sido un obstáculo en la economía mexicana.
En contraste, a lo largo de 2010 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 662 mil 500 (4.7% en un año), lo que también evidencia que en épocas de recuperación no hay demasiadas trabas a la creación de empleo formal. Una característica de esa recuperación es que el número de trabajadores temporales en 2010 creció a un ritmo de 8.3%, prácticamente el doble que el de trabajadores permanentes (4.2%). Cabe señalar que, una vez que termina la contratación temporal, el costo del despido es cero. Así, nuestro mercado de trabajo se mueve en los hechos hacia un escenario de reducción de los costos asociados a la culminación de la relación laboral.
Por otra parte, del total de población ocupada (44 millones de personas), sólo una tercera parte cuenta con contrato formal. Lo anterior a pesar de que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el 65% de los trabajadores mexicanos son subordinados, es decir, tienen un patrón y, por tanto, son parte de una relación laboral que, en teoría, debería estar regulada por la legislación.
Los trabajadores que pertenecen a la economía informal pueden llegar a representar, de acuerdo a cálculos hechos por distintos especialistas con base en metodologías similares a las de la Organización Internacional del Trabajo, a superar el 50% de la población trabajadora no agrícola. Y cabe decir que la informalidad es, en términos de operación de las relaciones laborales, un escenario de flexibilidad plena o extrema: no hay contrato escrito, no hay cotizaciones asociadas al empleo, no hay bajas por enfermedad ni, por supuesto, hay costo por despido.
Si el sector formal destruye y crea empleo con alto dinamismo, y si más de la mitad de los trabajadores están sujetos a una flexibilidad extrema (son informales), ¿por qué la obsesión en flexibilizar lo que en los hechos ya es flexible?
En México la fuerza de trabajo supera 46 millones de personas y seguirá creciendo en los próximos años debido tanto a la dinámica demográfica como al aumento en las tasas de participación en el mercado laboral, particularmente mujeres. Como ya se dijo, sólo una tercera parte tiene acceso a las instituciones de seguridad social. Además, hay 2.6 millones de trabajadores desocupados, 65% más que al inicio de la década pasada. Eso quiere decir que en el país existe un serio desequilibrio estructural en el mercado de trabajo o, para decirlo llanamente, que hay mucha más gente queriendo trabajar respecto a los formales que se crean.
Si ese es el escenario dominante, una reforma laboral profunda debería ampliar los mecanismos de protección social para todos los trabajadores, crear incentivos reales a la formalización (a través de un seguro de desempleo) e ir a fondo contra la simulación, tanto en el ejercicio de los derechos laborales (los sindicatos blancos y de protección no son afectados por las iniciativas de reforma), como en materia de justicia laboral (evitando que el Poder Ejecutivo tenga la última palabra en las disputas laborales). Sin atender estos temas de fondo, la grave situación del empleo en México seguirá siendo atendida con placebos.
Los datos de creación y destrucción de empleo, sin embargo, no parecen compadecerse del argumento recién citado. Entre octubre de 2008, el momento de irrupción de la crisis económica, y mayo de 2009, los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se redujeron en 696 mil, lo que implica una caída del 4.8%. Esos puestos de trabajo menos implican haber destruido en meses el 28% de los empleos formales que se habían creado en todo el país desde el inicio de la década, de tal forma que reducir plantillas laborales en situaciones de recesión no ha sido un obstáculo en la economía mexicana.
En contraste, a lo largo de 2010 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 662 mil 500 (4.7% en un año), lo que también evidencia que en épocas de recuperación no hay demasiadas trabas a la creación de empleo formal. Una característica de esa recuperación es que el número de trabajadores temporales en 2010 creció a un ritmo de 8.3%, prácticamente el doble que el de trabajadores permanentes (4.2%). Cabe señalar que, una vez que termina la contratación temporal, el costo del despido es cero. Así, nuestro mercado de trabajo se mueve en los hechos hacia un escenario de reducción de los costos asociados a la culminación de la relación laboral.
Por otra parte, del total de población ocupada (44 millones de personas), sólo una tercera parte cuenta con contrato formal. Lo anterior a pesar de que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el 65% de los trabajadores mexicanos son subordinados, es decir, tienen un patrón y, por tanto, son parte de una relación laboral que, en teoría, debería estar regulada por la legislación.
Los trabajadores que pertenecen a la economía informal pueden llegar a representar, de acuerdo a cálculos hechos por distintos especialistas con base en metodologías similares a las de la Organización Internacional del Trabajo, a superar el 50% de la población trabajadora no agrícola. Y cabe decir que la informalidad es, en términos de operación de las relaciones laborales, un escenario de flexibilidad plena o extrema: no hay contrato escrito, no hay cotizaciones asociadas al empleo, no hay bajas por enfermedad ni, por supuesto, hay costo por despido.
Si el sector formal destruye y crea empleo con alto dinamismo, y si más de la mitad de los trabajadores están sujetos a una flexibilidad extrema (son informales), ¿por qué la obsesión en flexibilizar lo que en los hechos ya es flexible?
En México la fuerza de trabajo supera 46 millones de personas y seguirá creciendo en los próximos años debido tanto a la dinámica demográfica como al aumento en las tasas de participación en el mercado laboral, particularmente mujeres. Como ya se dijo, sólo una tercera parte tiene acceso a las instituciones de seguridad social. Además, hay 2.6 millones de trabajadores desocupados, 65% más que al inicio de la década pasada. Eso quiere decir que en el país existe un serio desequilibrio estructural en el mercado de trabajo o, para decirlo llanamente, que hay mucha más gente queriendo trabajar respecto a los formales que se crean.
Si ese es el escenario dominante, una reforma laboral profunda debería ampliar los mecanismos de protección social para todos los trabajadores, crear incentivos reales a la formalización (a través de un seguro de desempleo) e ir a fondo contra la simulación, tanto en el ejercicio de los derechos laborales (los sindicatos blancos y de protección no son afectados por las iniciativas de reforma), como en materia de justicia laboral (evitando que el Poder Ejecutivo tenga la última palabra en las disputas laborales). Sin atender estos temas de fondo, la grave situación del empleo en México seguirá siendo atendida con placebos.
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