JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY1."Apresan a 23 mujeres en Baja California por abortar". Ése era el título de una nota publicada en Reforma el 19 de marzo de 2011. Esas mujeres se encontraban recluidas en las cárceles de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Nueve están bajo proceso sin derecho a fianza y 14 ya fueron sentenciadas.
Según organizaciones feministas que se manifestaron frente a las oficinas de la representación del estado de Baja California en el Distrito Federal existen casos de abortos espontáneos que están siendo penalizados como si se tratara de "homicidios en razón de parentesco". Como el año pasado en Guanajuato, a las mujeres no se les juzga siquiera por abortar, sino como asesinas de un presunto hijo ya nacido. Ponen como ejemplo un caso digno de atención: Lesly Karina Díaz Zamora tenía 19 años, con 27 semanas de gestación sufrió un aborto natural, su familia la llevó al hospital en Mexicali, y fue denunciada por los propios "servidores públicos del sector salud" ante el Ministerio Público. Hoy está sentenciada a 23 años de prisión.
¿Merecen las mujeres procesadas y sentenciadas ese castigo? ¿Puede obligarse a una mujer a tener un hijo no deseado? ¿No sería mejor desplegar amplias campañas de educación y poner a la mano de quienes lo desearan los más diversos métodos anticonceptivos? ¿Y no sería prudente, como en el Distrito Federal, ayudar con asistencia médica a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo durante las primeras semanas de gestación? Las mujeres no deben ser tratadas como incubadoras mecánicas contra su voluntad.
2. El gobernador del estado de Jalisco envió al Congreso del estado una iniciativa para reformar los Códigos civil y penal locales. Su objetivo: que las mujeres deban pedir permiso a sus esposos antes de someterse a un proceso de esterilización. También los hombres tienen que recabar el consentimiento de sus mujeres antes de proceder a efectuarse una vasectomía. Pero como lo señaló un médico de Jalisco, se realiza una vasectomía por cada 50 salpingoclasias (las famosas "ligaduras de trompas"). Además, los médicos que realicen esa intervención sin el consentimiento del cónyuge cometerán -según el proyecto del gobernador- el "delito de esterilidad provocada", que se perseguirá por querella (La Jornada, 19-03-11).
La misma nota señala que las pretendidas reformas atentan contra la letra de la Constitución que en su artículo 4 establece que: "El varón y la mujer son iguales ante la ley... Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos". No parece existir razón para la duda: se trata de cada persona, es decir, de cada individuo, y nadie tiene derecho a coartarle ese derecho.
¿Es necesario repetir que una mujer que no desee tener hijos o que ya no quiera tener más posee el derecho -al igual que el hombre- a recibir atención médica para esterilizarse? ¿Se requiere una vez más repetir que ni la Iglesia, ni el Estado, ni la comunidad, ni los vecinos, ni el esposo o esposa pueden imponerle lo contrario? ¿Será que resulta imprescindible reiterar que las mujeres son sujetos de derechos?
3. La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría apabullante reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. La trata de personas y las bandas organizadas y los individuos que explotan la prostitución infantil deben ser perseguidos y penalizados. Sobre ello existe un muy amplio consenso. Pero la reforma mencionada es para castigar a quien contrate o venda publicidad (es decir, a cualquier medio de comunicación), y no distingue con claridad el ejercicio de la prostitución y los delitos antes mencionados.
No se necesita tener dos dedos de frente para especular que la acción de los diputados es una reacción ante la campaña que desató Televisa en contra de los anuncios de servicios de prostitución en los periódicos. Y el problema es que al no distinguir entre prostitución y trata de personas, la legislación puede convertirse en un auténtico bumerang.
Leo que "en la exposición de motivos se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado. Por lo anterior, se afirma que estos medios publicitarios fomentan la práctica del delito de trata de personas, la explotación sexual, los trabajos y servicios forzados..." (www.Grupotransición.com.mx 21-03-11).
¿Se pretende erradicar y penalizar la prostitución? Entiendo que no. Hasta hoy no es un delito. ¿Entonces no resulta mejor que la misma se desarrolle con garantías para quienes la ejercen -y para los usuarios- y no en las catacumbas? ¿No son los anuncios una forma de sacar esa actividad a la luz pública? ¿Establecer una correlación absoluta y necesaria entre publicidad y trata de personas no es una falacia y no resultará contraproducente?
Como puede verse, en distintos campos las mujeres no requieren tutela, sino garantías para ejercer sus derechos, sus libertades.
Según organizaciones feministas que se manifestaron frente a las oficinas de la representación del estado de Baja California en el Distrito Federal existen casos de abortos espontáneos que están siendo penalizados como si se tratara de "homicidios en razón de parentesco". Como el año pasado en Guanajuato, a las mujeres no se les juzga siquiera por abortar, sino como asesinas de un presunto hijo ya nacido. Ponen como ejemplo un caso digno de atención: Lesly Karina Díaz Zamora tenía 19 años, con 27 semanas de gestación sufrió un aborto natural, su familia la llevó al hospital en Mexicali, y fue denunciada por los propios "servidores públicos del sector salud" ante el Ministerio Público. Hoy está sentenciada a 23 años de prisión.
¿Merecen las mujeres procesadas y sentenciadas ese castigo? ¿Puede obligarse a una mujer a tener un hijo no deseado? ¿No sería mejor desplegar amplias campañas de educación y poner a la mano de quienes lo desearan los más diversos métodos anticonceptivos? ¿Y no sería prudente, como en el Distrito Federal, ayudar con asistencia médica a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo durante las primeras semanas de gestación? Las mujeres no deben ser tratadas como incubadoras mecánicas contra su voluntad.
2. El gobernador del estado de Jalisco envió al Congreso del estado una iniciativa para reformar los Códigos civil y penal locales. Su objetivo: que las mujeres deban pedir permiso a sus esposos antes de someterse a un proceso de esterilización. También los hombres tienen que recabar el consentimiento de sus mujeres antes de proceder a efectuarse una vasectomía. Pero como lo señaló un médico de Jalisco, se realiza una vasectomía por cada 50 salpingoclasias (las famosas "ligaduras de trompas"). Además, los médicos que realicen esa intervención sin el consentimiento del cónyuge cometerán -según el proyecto del gobernador- el "delito de esterilidad provocada", que se perseguirá por querella (La Jornada, 19-03-11).
La misma nota señala que las pretendidas reformas atentan contra la letra de la Constitución que en su artículo 4 establece que: "El varón y la mujer son iguales ante la ley... Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos". No parece existir razón para la duda: se trata de cada persona, es decir, de cada individuo, y nadie tiene derecho a coartarle ese derecho.
¿Es necesario repetir que una mujer que no desee tener hijos o que ya no quiera tener más posee el derecho -al igual que el hombre- a recibir atención médica para esterilizarse? ¿Se requiere una vez más repetir que ni la Iglesia, ni el Estado, ni la comunidad, ni los vecinos, ni el esposo o esposa pueden imponerle lo contrario? ¿Será que resulta imprescindible reiterar que las mujeres son sujetos de derechos?
3. La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría apabullante reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. La trata de personas y las bandas organizadas y los individuos que explotan la prostitución infantil deben ser perseguidos y penalizados. Sobre ello existe un muy amplio consenso. Pero la reforma mencionada es para castigar a quien contrate o venda publicidad (es decir, a cualquier medio de comunicación), y no distingue con claridad el ejercicio de la prostitución y los delitos antes mencionados.
No se necesita tener dos dedos de frente para especular que la acción de los diputados es una reacción ante la campaña que desató Televisa en contra de los anuncios de servicios de prostitución en los periódicos. Y el problema es que al no distinguir entre prostitución y trata de personas, la legislación puede convertirse en un auténtico bumerang.
Leo que "en la exposición de motivos se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado. Por lo anterior, se afirma que estos medios publicitarios fomentan la práctica del delito de trata de personas, la explotación sexual, los trabajos y servicios forzados..." (www.Grupotransición.com.mx 21-03-11).
¿Se pretende erradicar y penalizar la prostitución? Entiendo que no. Hasta hoy no es un delito. ¿Entonces no resulta mejor que la misma se desarrolle con garantías para quienes la ejercen -y para los usuarios- y no en las catacumbas? ¿No son los anuncios una forma de sacar esa actividad a la luz pública? ¿Establecer una correlación absoluta y necesaria entre publicidad y trata de personas no es una falacia y no resultará contraproducente?
Como puede verse, en distintos campos las mujeres no requieren tutela, sino garantías para ejercer sus derechos, sus libertades.
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