ANA LAURA MAGALONI KERPELSi un abogado de otra parte del mundo, que no conociese las caras de nuestros ministros, hubiese visto por el Canal Judicial la sesión del Pleno de la Corte del 10 de enero pasado hubiese pensado que en México se televisan las sesiones de los tribunales ordinarios civiles. Los ministros parecían discutir un asunto en donde dos particulares se disputaban el derecho de propiedad sobre un predio. Lamentablemente no se trataba de un predio cualquiera. Los ministros debatían sobre el Parque Nacional Tulum y su zona arqueológica. Las autoridades municipales, en 2008, decidieron nada menos que urbanizar y asignar densidades de casi 2 mil cuartos de hotel a un área natural y arqueológica protegida del calibre de la de Tulum. El Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, promovió una controversia constitucional para impedir que ello sucediera. La Corte se dividió en cinco contra cinco. El ministro ponente Sergio Valls tendrá que elaborar un nuevo proyecto y, con el voto de Pardo Rebolledo, desempatar el asunto. Esperemos que en la segunda ocasión la Corte no pierda el foco de lo que verdaderamente está en juego en este asunto.
Existen dos cuestiones que nunca pue- de perder de vista un Tribunal Constitucional: el problema que está resolviendo y el impacto a futuro de su decisión. Si estas dos cuestiones no están claras, el proceso de deliberación es confuso e, inclusive, en ciertos momentos se puede tornar absurdo e irracional. Ello pasó en la sesión del 10 de enero del pleno de la Suprema Corte.
¿Cuál era el problema que estaba resolviendo la Corte? Como bien señaló en reiteradas ocasiones el ministro ponente Sergio Valls, la Corte sólo tenía que decidir si violaba o no la Constitución el hecho de que un cabildo aprobara un Programa de Desarrollo Urbano que pasaba por alto la regulación federal en materia de Parques Nacionales y Zonas Arqueológicas. No se necesita ser un experto en la materia para saber que un municipio no puede autorizar la construcción de hoteles y calles en medio de un área natural protegida. Valls, Zaldívar, Silva Meza, Sánchez Cordero y Luna Ramos votaron en este sentido. ¿Cuál es el posible impacto de una decisión así? Primero, evitar que se destruya un área natural protegida en concreto (el Parque Nacional Tulum) y, segundo, mandar una señal a los otros municipios de que no se les ocurra intentar hacer algo similar a lo que pretendía hacer el cabildo de Tulum.
Los ministros Cossío, Franco, Aguilar y Aguirre creen que la pregunta y los problemas son mucho más complicados que lo que plantea la propia demanda y el proyecto del ministro Valls. Resulta que en el Par- que Nacional Tulum hay asentamientos hu- manos irregulares, que la propia Semarnat ha dado autorizaciones para la construcción de hoteles y que no está bien delimitada la extensión del área protegida. Ello es cierto. Los ministros del otro bloque insistían que el litigio ante la Corte no tenía como materia esos problemas. Sin embargo, para estos cuatro ministros estos hechos justifican que Plan de Desarrollo Urbano del cabildo, que planea seguir urbanizando el área natural protegida, se mantenga vigente. ¿Cuál es el impacto de una decisión en este sentido? Primero, aumenta enormemente la probabilidad de que el área natural y arqueológica protegida de Tulum termine en manos de los desarrolladores y hoteleros y, segundo, que otros municipios tengan incentivos para invadir y urbanizar otras áreas naturales protegidas en México.
La posición de Ortiz Mayagoitia es la más ambivalente. Por un lado, a Ortiz le preocupa el problema de hasta dónde debe llegar la jurisdicción federal y hasta dónde la municipal en casos como éste, pero al mismo tiempo señala abiertamente que él no está a favor de que el cabildo autorice la construcción de hoteles. Al final vota en contra del proyecto de Valls, pero es ambivalente con la posición del bloque opositor, sobre todo en la última parte de la discusión.
A lo largo de la sesión existieron muchos argumentos en torno a los asentamientos irregulares, los conflictos de competencia, los permisos y autorizaciones que dieron las autoridades, la extensión de las áreas protegidas, las leyes federales y locales, etcétera. Sin embargo, sólo el ministro Zaldívar mencionó lo que realmente es el tema relevante de esta asunto: "más allá de cuestiones meramente jurídicas, estamos hablando de una riqueza cultural y ambiental muy importante, no sólo para nuestro país sino para la humanidad en general".
Ése es el corazón del asunto: la lucha entre los intereses pecuniarios individuales y concretos contra los intereses colectivos y difusos. ¿A quiénes van a proteger los máximos jueces del país? ¿A la colectividad o a los desarrolladores? La moneda, afortunadamente, sigue en el aire. Esperemos que Ortiz Mayagoitia y Pardo Rebolledo terminen inclinando la balanza al lado correcto.
Existen dos cuestiones que nunca pue- de perder de vista un Tribunal Constitucional: el problema que está resolviendo y el impacto a futuro de su decisión. Si estas dos cuestiones no están claras, el proceso de deliberación es confuso e, inclusive, en ciertos momentos se puede tornar absurdo e irracional. Ello pasó en la sesión del 10 de enero del pleno de la Suprema Corte.
¿Cuál era el problema que estaba resolviendo la Corte? Como bien señaló en reiteradas ocasiones el ministro ponente Sergio Valls, la Corte sólo tenía que decidir si violaba o no la Constitución el hecho de que un cabildo aprobara un Programa de Desarrollo Urbano que pasaba por alto la regulación federal en materia de Parques Nacionales y Zonas Arqueológicas. No se necesita ser un experto en la materia para saber que un municipio no puede autorizar la construcción de hoteles y calles en medio de un área natural protegida. Valls, Zaldívar, Silva Meza, Sánchez Cordero y Luna Ramos votaron en este sentido. ¿Cuál es el posible impacto de una decisión así? Primero, evitar que se destruya un área natural protegida en concreto (el Parque Nacional Tulum) y, segundo, mandar una señal a los otros municipios de que no se les ocurra intentar hacer algo similar a lo que pretendía hacer el cabildo de Tulum.
Los ministros Cossío, Franco, Aguilar y Aguirre creen que la pregunta y los problemas son mucho más complicados que lo que plantea la propia demanda y el proyecto del ministro Valls. Resulta que en el Par- que Nacional Tulum hay asentamientos hu- manos irregulares, que la propia Semarnat ha dado autorizaciones para la construcción de hoteles y que no está bien delimitada la extensión del área protegida. Ello es cierto. Los ministros del otro bloque insistían que el litigio ante la Corte no tenía como materia esos problemas. Sin embargo, para estos cuatro ministros estos hechos justifican que Plan de Desarrollo Urbano del cabildo, que planea seguir urbanizando el área natural protegida, se mantenga vigente. ¿Cuál es el impacto de una decisión en este sentido? Primero, aumenta enormemente la probabilidad de que el área natural y arqueológica protegida de Tulum termine en manos de los desarrolladores y hoteleros y, segundo, que otros municipios tengan incentivos para invadir y urbanizar otras áreas naturales protegidas en México.
La posición de Ortiz Mayagoitia es la más ambivalente. Por un lado, a Ortiz le preocupa el problema de hasta dónde debe llegar la jurisdicción federal y hasta dónde la municipal en casos como éste, pero al mismo tiempo señala abiertamente que él no está a favor de que el cabildo autorice la construcción de hoteles. Al final vota en contra del proyecto de Valls, pero es ambivalente con la posición del bloque opositor, sobre todo en la última parte de la discusión.
A lo largo de la sesión existieron muchos argumentos en torno a los asentamientos irregulares, los conflictos de competencia, los permisos y autorizaciones que dieron las autoridades, la extensión de las áreas protegidas, las leyes federales y locales, etcétera. Sin embargo, sólo el ministro Zaldívar mencionó lo que realmente es el tema relevante de esta asunto: "más allá de cuestiones meramente jurídicas, estamos hablando de una riqueza cultural y ambiental muy importante, no sólo para nuestro país sino para la humanidad en general".
Ése es el corazón del asunto: la lucha entre los intereses pecuniarios individuales y concretos contra los intereses colectivos y difusos. ¿A quiénes van a proteger los máximos jueces del país? ¿A la colectividad o a los desarrolladores? La moneda, afortunadamente, sigue en el aire. Esperemos que Ortiz Mayagoitia y Pardo Rebolledo terminen inclinando la balanza al lado correcto.
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